Desde la asunción de las nuevas autoridades en Altec existe el proyecto de ejercer una especie de control y supervisión  en los sistemas informáticos de las empresas y entes provinciales que por general cuentan con sistemas propios adecuados específicamente a su actividad.

La gestión de Lautaro Srur intentó inmiscuirse en varios organismos donde no fueron pocas las resistencias a la intervención de Altec, no sin argumentar que no existe norma obligatoria, sobre todo donde los sistemas fueron diseñados de acuerdo a requerimientos particulares y cuentan además con personal especializado que operan desde hace años.

La pregunta surge sola frente al intento de control de Altec. ¿Es correcto sumar burocracia y superposición de esfuerzos y tareas cuando existen en empresas y organismos públicos áreas y personal que ya cumplen esas tareas?

Esta situación se plantea ahora en el Tribunal de Cuentas donde se estudia formalizar un contrato que rondaría los 20.000 pesos mensuales para que Altec intervenga en el sistema informático del organismo de control, quien a su vez cuenta con una persona especializada que tiene a su cargo el sistema informático.

Erika Acosta, vocal del Tribunal, es esposa de Lautaro Srur y además debe ejercer el control de Altec, como empresa del Estado.

Se trata, según los comentarios recogidos en el organismo, de un gasto innecesario por cuanto no hay motivos para pagar por un servicio que funciona bien desde hace años y que no impide cumplir con las tareas diarias del Tribunal.

Además con que criterio se tarifa este servicio que podría prestar Altec en 20.000 pesos. ¿Existe razonabilidad en este valor, se consultaron otras propuestas económicas y es necesaria la contratación, más allá de las relaciones personales?