Refinancian deudas y dejan afuera a los que critican la ley petrolera

Clarín.- Los gobernadores de las cuatro provincias petroleras que se oponen a la reforma en la Ley de Hidrocarburos que impulsa el Gobierno fueron excluidos ayer de la convocatoria presidencial a firmar convenios para el nuevo refinanciamiento de deudas del Programa Federal de Desendeudamiento.

A diferencia de la anterior convocatoria a la Casa Rosada por el mismo motivo, el 28 de abril, no participaron representantes de Neuquén, Mendoza, Río Negro y Chubut.

Sin hacer mención a esas provincias, la jefa de Estado admitió en un mensaje por cadena nacional que “en este caso son trece” las invitadas a refinanciar las deudas. Pasaron a poner su firma los mandatarios de Buenos Aires, Daniel Scioli; de Catamarca, Liliana Corpacci; de Corrientes, Ricardo Colombi; de Entre Ríos, Sergio Urribarri; de Jujuy, Eduardo Fellner; de La Rioja, Luis Beder Herrera; de Misiones, Maurice Closs; de Salta, Juan Manuel Urtubey, y de Santa Cruz, Daniel Peralta.

También lo hicieron los vicegobernadores de San Juan, Sergio Uñac; de Tierra del Fuego, Roberto Crocianelli, y de Tucumán, Regino Amado, además del presidente de la Cámara de Diputados del Chaco, Darío Bacileff Ivanoff.

La refinanciación de las deudas representa un alivio financiero para la mayoría de las provincias, tanto por las restricciones de acceso al mercado de capitales como por el aumento del gasto de sus administraciones. Según estimó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en su habitual conferencia matutina, el ahorro total por el programa de desendeudamiento, que se viene refinanciado trimestralmente desde enero pasado, alcanza unos $ 10 mil millones de pesos.

Tanto Francisco “Paco” Pérez (Mendoza), Alberto Weretilneck (Río Negro), Martín Buzzi (Chubut) como Jorge Sapag (Neuquén), suelen ser presencias habituales en los actos de Cristina. Pero esta vez, el Gobierno quiso hacerles pagar su oposición a la ley que propone reformar el marco de producción de hidrocarburos. Los mandatarios, cuyas provincias concentran casi un 70% de la producción de petróleo y gas, rechazan un proyecto que impulsa el Gobierno para modificar el rol de las provincias en las explotaciones petroleras.

Sapag, Buzzi y Pérez se reunieron ayer en Buenos Aires, en las oficinas de la Ofephi, la asociación de provincias petroleras de la que Buzzi es titular, para analizar la situación que los mantiene distanciados del Gobierno nacional. Insisten que hay cambios legales que propone Cristina que no están dispuestos a aceptar.

El Ejecutivo quiere que las empresas provinciales no puedan aplicar un derecho de “carry” (acarreo) sobre sus áreas. Para las estatales provinciales, representa la posibilidad de quedarse con un porcentaje de áreas petroleras sin tener que poner efectivo. “Las provincias y el Estado nacional (…) no establecerán en el futuro nuevas áreas reservadas a favor de entidades o empresas públicas con participación estatal”, marca el borrador en el párrafo que más molesta a estas provincias. La reforma fue impulsada por YPF y alentada por el secretario Carlos Zannini y el ministro Julio de Vido.

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