Último momento: ¿Cae la causa Horizonte por acción de la Fiscalía ?
Viedma (ADN).- Desde la Fiscalía se habrían levantado todos los cargos contra los funcionarios procesados en la causa Horizonte, con lo cual las denuncias realizadas por el gobernador Alberto Weretilneck, caerían sin mayor trámite. En la causa había varios procesados y dos funcionarios con pedido de desafuero que nunca fue analizado por la Legislatura.
A mediados de marzo, el juez penal de Viedma Favio Igoldi ordenó un allanamiento en las oficinas de Horizonte después de recibir explicaciones por escrito del gobernador Alberto Weretilneck, al atribuirle al intendente de Roca, Martín Soria «prácticas corruptas y negociados, entre otros graves conceptos.
Al ampliar acusación contra Soria, Weretilneck entregó sus respuestas al cuestionario expuestas al pliego interrogatorio en el Juzgado de Instrucción Nº 2.
Por entonces, el gobernador mantuvo en reserva la presentación, con el objetivo de “no entorpecer la investigación».
Más tarde, Igoldi se presentó en la aseguradora y requirió la carpeta del pago por la muerte de Carlos Soria y se retiró con la documentación.Posteriormenet en mayo de este año procesó a ocho funcionarios.
Por esta causa están procesados como coautores de «administración fraudulenta agravada» los ex directivos de Horizonte, Sandro Chaina (ex asesor legislativo), Nelson Cides (hoy subsecretario de la Secretaria General) y Ernesto Acebal; y las gerentes Leonor Zamborain y María Mercedes Iaquinandi, estas dos últimas como partícipes necesarios. Los otros tres procesados corresponden al seguro abonado por el IAPS y lo responsabilizó a los ex directores del Instituto, el secretario y subsecretario de Economía, Emannuel Tobares y Ezequiel Cortés como «coautores», y como partícipe necesario al asesor legal, Luis Prieto Taberner.
También hay pedido de desafuero para el fiscal De Estado Pablo Bergonzi y para el Ministro de Hacienda, Alejandro Palmieri, que está en Legislatura para su tratamiento.
El gobierno provincial entendió que «no hay motivos» para que los funcionarios alcanzado por el procesamiento «dejen de cumplir funciones en el Estado».
Además, en un comunicado, consideró que la resolución constituye un «fallo totalmente arbitrario» y que «se trata de una medida absolutamente parcial, direccionada y no sujeta a derecho». Se entendió que el magistrado persigue «intereses ajenos».