No al nuevo código civil y comercial ● Juventud CC ARI VIEDMA

Corrían mediados del S. XIX y en Argentina se sucedía el gobierno liberal de Bartolomé Mitre cuando, en el año 1869, Dalmacio Vélez Sarsfield redactaría lo que fue el primer cuerpo legal en materia civil del País, denominado Código Civil. El texto fue aprobado a libro cerrado para entrar en vigencia dos años más tarde, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento.

Con más de 140 años de existencia, la Ley ha sufrido diversas modificaciones parciales o intentos de las mismas, tanto de gobiernos dictatoriales como democráticos.

En los últimos años, el gobierno nacional ha impulsado una serie de reformas; un paquete de leyes fue diseñado por representantes de la Corte Suprema de Justicia y, a través de formas que lejos están de respetar el sistema republicano de poderes, el oficialismo aprueba un nuevo Código Civil y Comercial, que entrara en vigencia a partir del año 2016, a pocos días de haber asumido el próximo mandatario nacional de los Argentinos.

Como juventud política, consideramos que siempre es bueno reformar una ley que ha quedado atrasada en el tiempo, entendemos que es necesario actualizar y revisar ciertos puntos que se adecúen a las necesidades sociales y civiles del presente.

Sin duda alguna, cuando hablamos de necesidades sociales de gran importancia estratégica para los intereses de una Nación, hacemos referencia a un elemento que nos brinda la naturaleza, que escasea en el mundo y que es de gran valor para el ser humano. El agua dulce que corre por estas tierras – muchas en manos de capitales extranjeros- es fundamental para la supervivencia y desarrollo de los pueblos. Las asambleas, organizaciones y actores sociales en defensa del agua vienen disputando la lucha para lograr que este bien común se preserve. Sin embargo, el proyecto oficial no reconoce el acceso al agua como derecho humano básico, contradiciendo la emergencia hídrica declarada por nuestra provincia hace años.

El modelo kirchnerista o la famosa década ganada, se ha expresado en nuestra provincia con políticas neoliberales, dando vía libre al extractivismo contaminante, a la extranjerización de la tierra con la entrega del agua pública a privados y mineras. Las tierras de Joe Lewis son un triste símbolo de las políticas ideadas desde el Poder Ejecutivo Nacional. Este desprecio por los bienes naturales y el modelo de extranjerización se vio también reflejado en la redacción del nuevo Código , al quitarle 20 (veinte) metros al denominado Camino de Sirga, jugando a favor de los propietarios ribereños que se adueñan del espacio público y disponen del recurso hídrico con exclusividad.

“Que el Código este en manos del pueblo” expresó Ricardo Lorenzetti, actual Ministro y Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y principal redactor de la nueva Ley, al fundamentarla. Podemos ver como este deseo, que también es nuestro, fue aplastado por un Gobierno que responde a intereses transnacionales y se olvidó de defender los intereses populares.

Somos jóvenes, estamos preocupados y comprometidos con el futuro más cercano. Creemos que nuestra suerte está atada a la salud de la República. La corrupción en los estamentos públicos es un gran mal que aqueja desde siempre a nuestra joven democracia, y que esta era una buena oportunidad para combatir dicha enfermedad, declarando a los delitos por corrupción como imprescriptibles. Sin embargo, con este nuevo Código Civil Y Comercial, los funcionarios ya no serán responsables por delitos en ejercicio de la función, decretando una especie de despenalización de la corrupción pública”.

Creemos que un gobierno progresista debe pensar siempre en el futuro de todos, fortaleciendo la democracia, dialogando con todos los sectores políticos para consensuar leyes que van a afectar el porvenir de absolutamente todos los conciudadanos. Sabemos, que si una ley, por más buenas intenciones que tenga, nace viciada y sin consenso popular, va directo al fracaso.

MONTECINO, Facundo
IRIBARNE, Javier
JUVENTUD CC-ARI VIEDMA

Título original: NO A UN NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL QUE SE OLVIDO DE DEFENDER EL AGUA PUBLICA