Comisión Investigadora de Tierras analizó y resolvió sobre distintos expedientes
Viedma.- La Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales se reunió éste miércoles bajo la presidencia del legislador César Miguel (Bloque Frente para la Victoria “Néstor Kirchner”) para analizar diversos expedientes.
A solicitud de la Dirección General de Tierras se analizó la situación planteada con una parcela ubicada en El Bolsón y que generó un conflicto de intereses dado que esas tierras fueron vendidas entre particulares mientras ese municipio andino reclama su titularidad, lo que derivó en una instancia judicial que en la actualidad obliga a la provincia a escriturar el bien.
La Comisión, además de criticar duramente lo actuado por las áreas gubernativas en años anteriores por haberse apartado evidentemente de lo consagrado por la Constitución provincial y lo dictado por la ley 279 de Tierras Fiscales.
Por otra parte considera que debe aplicarse el decreto 337 del año 2012 que crea un Cuerpo Interdisciplinario de Precios.
El cuerpo se declaró incompetente para intervenir en un expediente surgido por una cuestión particular en inmediaciones de Catriel, por considerarlo fuera de los alcances de las prerrogativa de la propia Comisión.
En otro orden, se evaluó el reclamo de una pobladora del Paraje Trayen Niyeu, entre Aguada de Guerra y Maquinchao, quien reclama la titularidad del predio que ocupa.
En ese caso se concluye que “debería imprimírsele al tratamiento del expediente el carácter de urgente y tratamiento despacho toda vez que el retardo en la resolución definitiva podría causar conflictos o inconvenientes mayores respecto al uso que le estarían dando los linderos del predio”.
“Entendemos que el retardo es una anormalidad que debe encauzarse de manera urgente”, sostiene la Comisión.
Otro caso analizado fue el presentado por la Lof Hermelinda Colohuinca, solicitando se investigue la situación jurídica de tierras ubicadas en la zona de Valcheta, ocupadas por Said Saeig, hijo de inmigrantes libaneses.
Allí se establecieron una serie de “irregularidades administrativas que contiene per se el procedimiento que podrían tornar nulo de nulidad absoluta e insanable los actos administrativos”.
La Comisión dictaminó entonces dar intervención a la Fiscalía de Estado de la provincia; al Consejo de Desarrollo de Comunidades indígenas (CODECI) y al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas ya que “se encuentra en juego el principio de legalidad, vulnerándose además derechos de orden constitucional”.
“Entendemos que deberían suspenderse todos los actos administrativos” hasta tanto se expidan los organismos solicitados, concluye la Comisión.