Para el partido SUR “algo huele mal…” en Bariloche
Bariloche(ADN).- El partido Sur criticó duramente el manejo que hace la intendenta María Eugenia Martini de las finanzas públicas municipales. Habló de constantes descubiertos, ampliación falsa del presupuesto y dijo que ahora suma “la escandalosa adjudicación directa del Transporte Urbano de Pasajeros a la empresa Autobuses Santa Fe”.
El comunicado firmado por Adolfo Fourés, presidente del Congreso partidario; Marcelo Nemirosky, vicepresidente del Comité y de Miguel Guajardo, tesorero, es el siguiente:
Advertimos con estupor e indignación el desmanejo que se está llevando a cabo desde la Intendencia de nuestra ciudad con los dineros y el patrimonio del Estado Municipal (que es de todos los vecinos de Bariloche). A los constantes giros en descubierto por los que se pagan astronómicos intereses, al uso de dinero de cuentas específicas para obras que está prohibido utilizar para gastos corrientes, a la ampliación falsa del presupuesto en Septiembre por la supuesta llegada de dinero para obras en 400 millones de pesos para cumplir con los sueldos municipales en realidad, al aumento de la deuda en un 400%, debe ahora sumarse la escandalosa adjudicación directa del Transporte Urbano de Pasajeros a la empresa Autobuses Santa Fe.
Adjudicación Directa que no nos deja pensar ni decir otra cosa más que “algo huele mal…” en Bariloche.
La empresa Autobuses Santa Fe es de propiedad del hermano del Ministro y pre-candidato a la presidencia Agustín Rossi, y eso no tendría nada de “mal olor ” si hubiera ganado una licitación o aunque sea un concurso o una simple compulsa de precios. Pero no. De manera totalmente fuera de la ley se anuncia una adjudicación HASTA ABRIL, es decir por 4 meses.
¿Se ha explicado a la ciudadanía, al Concejo Municipal o al Tribunal de Contralor las especiales habilidades o ventajas que ofrece la empresa santafesina del hermano del Ministro Rossi? No! Simplemente se anunció la determinación de “entregarle”, sin mas tramite, la concesión del TUP.
El Concejo Municipal y el Tribunal de Contralor tienen la obligación de impedir que se lleve a cabo este hecho, que de darse, tendrá sospechas de corrupción, y por el que los funcionarios (electos o no) que lo avalen deberán responder incluso con su patrimonio si es necesario, como dice nuestra Carta Organica Municipal.