Presentan proyecto para suspender las PASO
Viedma (ADN).- El poder ejecutivo provincial remitió a la Legislatura un proyecto de ley, con acuerdo de ministros, para suspender por un año las elecciones primarias, simultáneas y obligatorias en Río Negro.
El parlamento provincial había sancionado la ley de las PASO para ser aplicadas en el curso del presente calendario electoral, en tanto desde el gobierno se analizó desde ese momento la posibilidad de la suspensión de las primarias.
El comunicado oficial es el siguiente:
El Poder Ejecutivo remitió a la Legislatura, para su tratamiento en única vuelta, un proyecto de ley que propicia suspender por un año la vigencia de la denominada “Ley Provincial de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral”.
Aquella norma fue sancionada por el Parlamento rionegrino el 22 de agosto pasado con el propósito de incorporar en el proceso electoral de la Provincia el régimen de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).
El Ejecutivo resaltó en los fundamentos que la norma que implementó un nuevo mecanismo para la selección de candidatos a cargos públicos electivos, “requiere para su efectiva ejecución de una acorde reglamentación con consenso político, con el objeto de sustentar el espíritu de ‘diálogo político’ que le diera origen”.
Expresa también que “todas las modificaciones a los mecanismos electorales, en especial aquéllas que tienden a brindar más transparencia y participación, mejorando la calidad de la representación y la legitimidad ciudadana de los candidatos a cargos electivos, deben gozar de la más amplia base de sustentación obtenida por medio del debate y acuerdo entre los diferentes actores políticos”.
Aduce que una ley que propone una profunda modificación al sistema electoral rionegrino “debe brindar soluciones puntuales a las distintas cuestiones de procedimiento que pudieren surgir en la práctica, precisiones que deben resultar de la correspondiente reglamentación, emanada de una unanimidad de partes comprendidas o, al menos, de una mayoría tal que por su contundencia, evidencie una superación del diálogo”.
Manifiesta que los aportes obtenidos en tal sentido, “deben reflejar un acuerdo reglamentario idóneo para la correcta y deseable implementación de este nuevo mecanismo para nuestro sistema electoral provincial”.
Expresa en el expediente que en ese marco, el Poder Ejecutivo, a través del área competente, “inició la labor de reglamentación pertinente, atendiendo a dicho espíritu y dando participación activa a los distintos actores comprendidos”.
“En las actuaciones mencionadas, en busca de la apertura del diálogo y trabajo en comisión, se elaboró un anteproyecto de reglamentación, recibiéndose aportes formales por parte de distintos bloques legislativos”, indica.
Argumenta luego que la propuesta legislativa del Gobierno “se puso a disposición de los partidos políticos y de la ciudadanía en general, con el objetivo de avanzar en forma conjunta en dicha tarea” pero que “vislumbró una ausencia total de participación y aportes, de los que ‘a priori’ son partes implicadas, que permitieran avanzar en la labor, minimizando los disensos y las diversas interpretaciones surgidas previamente, en el trabajo con los representantes asignados por los bloques (parlamentrios)”.
Interpretó que en la búsqueda del consenso “no se ha resuelto la coincidencia interpretativa del articulado de la ley en cuestión, ‘verbi gratia’ en lo relativo a los avales requeridos para designación de candidatos y las instancias de apelación”.
Del mismo modo “se han evidenciado divergencias en cuanto a procedimientos claves, a saber: el mecanismo de conformación de alianzas, la conformación de la Junta Electoral partidaria, la asignación de espacios publicitarios, la asignación de colores de boletas y la elección del candidato a Vicegobernador, entre otros puntos en cuestión”.
Por otra parte, “el proceso de reglamentación coincide a la fecha con el año electoral en curso, pudiendo atribuir a las interpretaciones que se sustenten el vicio de enarbolar intereses particulares, los cuales fuera del calendario electoral gozarían de mayor imparcialidad a los fines que requiere el procedimiento para estatuir la selección de candidatos a cargos electivos”, señala.
Explica entre otros fudamentos que “si el Poder Ejecutivo tomara la decisión, de conformidad con su potestad reglamentaria de efectuar una reglamentación al día de la fecha, la realidad indica que su implementación podría profundizar los desacuerdos existentes”.
“No obstante las razones expuestas, y aún sin mediar el consenso necesario, si el Poder Ejecutivo insistiera y definiera la reglamentación de la Ley en cuestión, la realidad y las circunstancias indican que no sería factible la operatividad de la misma, en atención a múltiples razones”.
Dichos motivos son: los plazos para instrumentar los institutos electorales; asegurar que se establezcan los mecanismos de control y transparencia; la capacitación del electorado, partidos políticos y autoridades de mesa; y superar los vacíos legales que surgen de la normativa aludida.
Estas razones evidencian, según el Ejecutivo, “un grave riesgo en el normal desenvolvimiento en la selección de los precandidatos de cada agrupación política, pudiendo afectar gravemente el proceso electoral provincial.”