Dos ex funcionarios tienen que pagar por presuntas compras fraudulentas

Viedma (ADN).- Guillermo Campbell y Haroldo Lezcano, ex funcionarios de la empresa estatal rionegrina Alta Tecnología (ALTEC) durante la gestión radical, tendrán que pagar 138.934 pesos a la provincia por el daño patrimonial causado a esa firma por presuntas compras fraudulentas de cubiertas, baterías y otros elementos.

Así lo resolvieron el 30 de junio los jueces de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Viedma, quienes no hicieron lugar a los recursos formulados por los ex funcionarios y confirmaron la sentencia del Tribunal de Cuentas de Río Negro, que los declaró responsables del daño patrimonial causado a ALTEC SE y al Estado Provincial y condenó a pagar esa suma de dinero.

La jueza viedmense María Luján Ignazi aclaró que en este caso no se trata de un proceso de rendición de cuentas, sino de un juicio de responsabilidad y los hechos investigados tuvieron lugar fuera de la jurisdicción territorial del Tribunal (San Carlos de Bariloche) ya que en esa ciudad exhibía domicilio la firma Alta Tecnología Sociedad del Estado (ALTEC SE), dedicada a la actividad de desarrollo tecnológico y sistemas de estacionamiento medido.

De las constancias relacionadas a la causa se sigue que la Cámara Segunda en lo Criminal de Bariloche, mediante sentencia Nº 42/2012 el 4 de julio del año 2012, resolvió absolver a Campbell y Lezcano por el hecho materia de debate y oportuna desincriminación por parte del fiscal de Cámara.

Para llegar a esa instancia expresamente se tuvo en cuenta la atribución efectuada por el agente fiscal Eduardo Benjamín Fernández en punto a que “en el período comprendido entre los meses de septiembre de 2002 y marzo de 2003, en sus respectivas condiciones de presidente y de administrador de la empresa Altec SE, haber simulado fraudulentamente la compra de cubiertas, baterías para carro eléctrico y etiquetas autoadhesivas… con el fin de justificar la utilización irregular de dichas sumas en provecho propio”.

En un momento, un fiscal de Cámara -luego de recordar la imputación y el encuadre legal del tipo penal perseguido- sostuvo que concretamente a los involucrados sólo se los investigó, y ese fue el reproche fiscal, por la atribución de dos conductas delictivas que surgen respecto a las facturas Nro. 358, por la compra de 42 cubiertas y 40 baterías y Nro. 691 por la operación de 6.000 etiquetas autoadhesivas.