Administración fraudulenta: ex funcionarios se declararon inocentes

Viedma.- El ex ministro de Turismo, Omar Contreras, el ex secretario de Medios de Comunicación, Claudio Mozzoni y la ex delegada en Bariloche de ese organismo, Susana Parra, se declaron inocentes en el juicio que se les sigue por el presunto delito de “administracion fraudulenta de fondos publicos”.

Según la investigación judicial, se les atribuye haber contratado en forma irregular, pautas publicitarias a la productora en la que tenía un porcentaje la periodista de la ciudad andina, para sendas campañas publicitarias que no se emitieron tal lo establecido.

Los imputados afirmaron que los programas fueron emitidos en Canal 6 de Bariloche. El debate se reanudará el lunes 19 de octubre a partir de las 9.00 horas con los alegatos de las partes.

El Tribunal de juicio está integrado por los Jueces Marcelo Chironi, Guillermo Bustamante y Ariel Gallinger (Subrogante);el Fiscal de Cámara es Fabricio Brogna y el abogado Juan Carlos Chirinos ejerce la defensa de Contreras y Mozzoni y Aldo Bustamante de Susana Parra.

Iniciada la audiencia, el Tribuanl recibió tres testimonios entre ellos el de Silvia Eugster, empleada del área administrativa de la Secretaría de Medios de Comunicación; el de Nelsón Omar Livigni, ex Secretario de Medios hasta el año 2003 y el de Aníbal Glaniver, Gerente General de Canal 6 de Bariloche.

En tanto al hacer su descargo, Omar Contreras explicó que no aceptó la propuesta de juicio abreviado por cuanto dijo ser inocente del hecho atribuido. Reconoció la contratación para la adquisición de imágenes y también para la emisión de publicidad institucional del Ministerio de Turismo con la productora Al Kabir y no con Susana Parra. Afirmó que el trabajo se hizo y que se emitió y que no existía en el caso particular del Ministerio, fijación ni de día ni de hora para su emisión. Por su parte Claudio Mozzoni también se declaró inocente respecto de las imputaciones y señaló que en razón de ello no aceptó la propuesta de juicio abreviado ofrecida oportunamente y se sometió al proceso de debate ante el Tribunal. Añadió además que “todo se debió a un error administrativo” y que con los testimonios ha quedado demostrado que los programas se emitieron. Finalmente, Susana Parra entre otros conceptos sostuvo que es inocente y “no se ha producido daño alguno al erario público rionegrino” y que los programas “Actualidad Rionegrina”, fueron emitidos.

Según la investigación judicial, se les atribuye a Parra y Mozzoni el denominado “primer hecho”, “ocurrido en la ciudad de Viedma, en fechas ubicadas entre el 10 de marzo y el 24 de Septiembre de 2008, cuando Mozzoni, Secretario de Comunicación de la Provincia de Río Negro, en forma irregular habría adjudicado pautas publicitarias del Estado Provincial a favor de Al Kabir S.R.L. (sociedad que pertenece, administra y representa los intereses de Susana Parra, socia gerente, que a su vez resultaba ser a esa época funcionaria a cargo de la Delegación Bariloche de la Secretaría de Medios de Comunicación de Río Negro), constando bajo la condición que emitiera un programa de entrevistas para la «difusión institucional» los domingos a las 14.00 hs. por Canal 6 Bariloche, todas suscriptas por el Secretario de Comunicación Mozzoni, a sabiendas que dicha contratación no podía ser celebrada en tanto Al Kabir SRL en realidad representaba a Parra quien era a la fecha funcionaria pública en el área de la Secretaría de Comunicación. Asimismo, en tanto conocían que el programa no era emitido, y que la contraprestación no sería prestada.”

Consta que “aún así, por ese accionar, habría contratado ilegalmente con una sociedad de propiedad de Parra, una funcionaria pública provincial, abonando un servicio en ese período a sabiendas que nunca se cumplió con el objeto de las contrataciones publicitarias, importando además con ésta acción transgredir las normas de contratación administrativa (art. 24, incs. c, d y e de la ley 3487), ya que la socia Gerente de Al Kabir S.R.L., Susana Parra a la vez se desempeñaba como funcionaria pública en la Delegación Bariloche de la propia Secretaría de Comunicación, cumpliendo tareas en la Secretaría de Prensa en Bariloche, teniendo vedado celebrar negocios con el Estado.”

Se detalló en el expediente que “las adjudicaciones se habrían materializado mediante las órdenes de publicidad del siguiente detalle: a) pedido de espacio nº 232 del 10/03/08, fecha de publicación marzo 2008 por $3500, b) pedido de espacio nº 503 del 09/04/08 publicación abril 08 por $3500, c) pedido de espacio nº 758 del 29/04/08 fecha de publicación mayo 08 por $3500, d) Pedido de espacio nº 1041 del 29 de mayo de 2008, fecha de publicación junio de 2008 por $3500; e) pedido de espacio nº 1348 del 26/06/08 fecha de publicación julio 08 por $3500, f) pedido de espacio nº 1709 del 30/07/08 fecha de publicación agosto 08 por $3500, g) pedido de espacio nº 2084 del 03/09/08 publicación septiembre 08 por $3500, h) pedido de espacio nº 2426 del 24/09/08 fecha de publicación octubre 08 por $3500, i) pedido de espacio nº 2779 del 03/11/08 fecha de publicación noviembre 08 por $3500; todas emitidas bajo la normativa del decreto Nº 750/93 que le otorga al Secretario de Comunicación, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, responsabilidad exclusiva en la planificación y contratación de la publicidad oficial para todas las entidades del Estado.”

Se desprende de la investigación que “al no cumplirse con la emisión correspondiente de la pauta publicitaria respectiva por inexistencia del programa televisivo en cuestión (programa de entrevistas domingo 14.00 hs., Canal 6 Bariloche), se habría desviado dinero del erario público provincial, procurando los sospechados un lucro indebido en provecho personal provocando un perjuicio patrimonial que se incrementaba sucesivamente ante cada renovación, indebida por ausencia de contraprestación, generando una erogación ilícita de las arcas públicas por la suma total de $31.500”.

Se indicó que “para aparentar en el expediente la prestación del servicio, en todos los períodos Parra habría presentado en las instancias administrativas certificación de la emisión de la publicidad, que habría sido visado por Mozzoni, conformando el informe.”

En tanto el denominado “segundo hecho”, atribuido a Susana Beatriz Parra, Claudio Anibal Mozzoni y Jose Omar Contreras, “ habría acontecido en la ciudad de Viedma, cuando José Omar Contreras, en su carácter de Ministro de Turismo, habría contratado en forma directa y con posterioridad a la fecha de reconocimiento del inicio de la actividad que contrataba, a Al Kabir SRL a través de su socia gerente, Susana Beatriz Parra, mediante resolución Nº 711 del 3 de julio de 2008 dictada en el expediente nº 116.330-T-08 para la realización de publicidad institucional durante el período junio-diciembre del año 2008, y reconociéndole asimismo derechos por el mes de mayo, ya pasado.

Así, actuó asignándole ilegítimamente pauta publicitaria de dicho Ministerio por un total de $36.000 discriminado del siguiente modo: mayo $4500, junio $4500, julio $4500, agosto $4500, septiembre $4500, octubre $4500, noviembre $4500, y diciembre 2008 $4500, habiéndose perjudicado patrimonialmente al Estado Provincial en una suma prima facie establecida en $36.000, pues la contratación tenía el objeto de promoción turística durante el período mayo a diciembre de 2008, por canal 6, prog. Actualidad Rionegrina, Bariloche, el que nunca se habría cumplido por falta de emisión del espacio respectivo, a sabiendas que no se habían efectuado las de los períodos devengados, ni serían efectuadas las futuras, por no existir la plataforma de emisión del programa “Actualidad Rionegrina”.

Según se pudo verificar en la investigación judicial, “en dicha contratación el Secretario de Comunicación Claudio Anibal Mozzoni habría participado justificando la razonabilidad del precio a pagar, y firmando el pedido de espacio nº 949 del 16/05/08, por el monto total de $36.000, respecto de la firma Al Kabir, emitido bajo la normativa del decreto 750/93 que otorga al Secretario de Comunicación, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, responsabilidad exclusiva en la planificación y contratación de la publicidad oficial para todas las entidades del estado, lo que habría extendido a sabiendas que el contrato no sería cumplido, y que quien dirigía la sociedad co-contratante, no podía firmar con el Estado Provincial, por imperio de la ley 3487, arts. 24, incs. c, d y e, ya que se desempeñaba como funcionaria pública en la Delegación Bariloche de la propia Secretaría de Comunicación, cumpliendo tareas en la Secretaría de Prensa sita en Onelli 1450 de Bariloche, teniendo vedado celebrar negocios con el Estado.”

En el caso, “para aparentar en el expediente la prestación del servicio, en todos los períodos Parra habría presentado en las instancias administrativas certificación de la emisión de la publicidad, que habrían sido visadas por Mozzoni, conformando el informe”.