Impacto profundo. ADN
El asesinato del joven policía Lucas Muñoz causó un impacto profundo en el seno del Gobierno. Pero también dejó perpleja a la sociedad rionegrina. Las primeras horas después de la noticia evidenciaron el cimbronazo. Hermestismo en el oficialismo y cautela en la oposición. El espacio fue ocupado por la familia que denunciaba que el cuerpo había sido plantado.
Rápidamente la Justicia -con asistencia de las fuerzas federales de seguridad- determinó que Lucas había sido torturado antes de ser ejecutado de un tiro en la cabeza y que estuvo vivo varios días después de su desaparición. Era un escenario de terror.
Con estas confirmaciones, Alberto Weretilneck no dudó en calificar el hecho como «un mensaje mafioso», habló de «bandos en pugna» y de «policías asociados al delito». Removió la cúpula policial de Bariloche, intervino la Comisaría 42 y pasó a retiro a varios Comisarios.
También fue a Buenos Aires a pedir apoyo del Gobierno nacional. Fue cuando la información que le iba llegando al despacho era más preocupante que el asesinato de alguien que había visto algo que no debía. La fuerza en Bariloche está corrompida. Por eso, quien será interventor de la Comisaría donde Muñoz prestaba servicios es el propio subjefe Daniel Jara.
El Gobierno anunció una recompensa para que se aporten datos. La suma es tentadora: 1 millón de pesos. Pero según dicen allegados a la familia Muñoz hay mucho miedo en la sociedad y en la Policía. Es difícil que ese mecanismo logre ser productivo.
El temor en la Casa de Gobierno es que Bariloche haya dado una muestra de un estado de situación generalizada. Weretilneck asegura que no, que el 99,9% de los policías son honestos. Seguramente la gran mayoría de la fuerza trabaja ajustada a la ley y al poder político. Pero esta semana se fueron ventilando escuchas de la causa que investiga la quema del Poder Judicial. De allí surge que integrantes de la Policía están involucrados en ese hecho y aparentemente en otros que han ocurrido en Viedma. El porcentaje se achica.
Los familiares de Muñoz marcharon por la capital provincial pidiendo justicia. Mientras, en Bariloche la Procuradora Silvia Baquero Lazcano reunía a los fiscales para instruirlos sobre el seguimiento del caso. Un respaldo a Martín Govetto y una señal de fortaleza. Y es que el año que viene se pondrá en marcha la reforma del Código Procesal Penal que otorga la instrucción a los Fiscales. También dispone que el Ministerio Público administre el 70% del presupuesto del Poder Judicial. Y, entre otras cosas, la creación de una policía judicial.
Por ahora no surgieron propuestas alrededor de cómo combatir los bolsones de corrupción en la fuerza. El Gobernador anunció que habrá cambios en Asuntos Internos. Pero nada sugirió hasta el momento sobre las modificaciones a la Ley Orgánica de la Policía. Tampoco si la nueva división judicial tendrá escalafón especial o dependerá del Poder Judicial.
La oposición tampoco ayuda. Las críticas son necesarias, pero hay una responsabilidad política e institucional de aportar a la solución.
Weretilneck ratificó en sus cargos al ministro de Seguridad, Gastón Pérez Estevan, y al jefe de Policía, Mario Altuna. Sería una señal de debilidad -creen en Laprida y Belgrano- generar ahora un recambio. Además, si el «mensaje» es hacia adentro, no hay fallas de conducción.
El problema es que una vez más el gobernador aparece solo en la escena. Recién en las últimas horas su presidente en el bloque oficialista, Alejandro Palmieri, dijo que el gobierno tiene vocación de «verdad y justicia». Weretilneck fue a Buenos Aires a reunirse con Patricia Bullrich (ministra de Seguiridad) y Germán Garavano (ministro de Justicia) para actuar en conjunto. Lo único que se supo de Pérez Estevan es que participó del encuentro.
Nuevamente surge la pregunta: ¿es así el estilo del gobernador, o los ministros abusan del paraguas?. La semana pasada se produjo un conflicto con carniceros de Viedma. Una vez más, a solución salió del despacho de Weretilneck.
Después de la confirmación del asesinato de Muñoz, la provincia quedó virtualmente paralizada. Perdieron ritmo anuncios, licitaciones, reuniones y proyectos. Una señal del impacto. El gobierno quedó atrapado y destinó casi toda su energía en esta causa.
Por caso, la semana que viene los productores frutícolas van a Buenos Aires a tratar de visibilizar su crisis. Buscan un contacto con Mauricio Macri. Las políticas nacionales y las ayudas provinciales no han servido para frenar la caída de pequeños y medianos productores. Antes del viaje, se reunieron con el intendente de Cipolletti, Aníbal Tortoriello, para que hiciera de intermediario con el gobierno nacional. También con la senadora Magdalena Odarda para reimpulsar la ley que creo el Instituto de la Pera y la Manzana. Pero con nadie del gobierno provincial.