Desigualdad de género en la universidad: lo que dicen los números

(Por Mariana Rulli (1), Guadalupe Peter(2) y Silvia Torres Robles (3)).- El pasado viernes 23 de septiembre se conmemoró el Día Nacional de los Derechos Políticos de las Mujeres y en el escenario nacional se está promoviendo una “Campaña por la Paridad” para que se apruebe en el Congreso Nacional la paridad de género en la confección de las listas de candidatos-as a legisladores nacionales. La desigualdad en la participación de las mujeres de los procesos de toma de decisiones en todos los niveles de gobierno y de instituciones de la sociedad civil, incluso en las universidades, sindicatos y colegios profesionales es una de las deudas aún pendientes de la democracia.

En la educación superior el escenario de desigualdad no es diferente. De todas las universidades e institutos universitarios que componen el Consejo Interuniversitario Nacional, el 89% de los rectores son varones, sólo 6 rectoras sobre un total de 55 instituciones.

En el caso de las universidades nacionales de nuestra región el panorama es también preocupante desde una perspectiva de género. En la Universidad Nacional del Comahue el rector y el vicerrector son varones. El 57% de los decanos también son varones. En el Consejo Superior el 65% de los consejeros son varones. El escenario se agudiza al analizar según los claustros: en el claustro de estudiantes el 70% son varones, en graduados el 75%, en no docentes el 80%, sólo en el caso del claustro de docentes hay un 60% de consejeras mujeres.

Un estudio cuantitativo realizado recientemente por las autoras expone que en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) el rector y los tres vice-rectores de las tres sedes, son varones. Desde su creación en 2009, solamente una vez hubo una vice-rectora mujer (en la Sede Andina). De las cinco secretarías del rectorado, tres son ocupadas por mujeres. En el caso de las direcciones de las 50 carreras relevadas (licenciaturas, ciclos de complementación y tecnicaturas) 33 directores son varones, es decir, el 66% de los cargos.

Los tres Consejos Directivos de la Universidad están compuestos por el 65% de varones y el 35% de mujeres. El reglamento electoral de la UNRN adhiere al piso del 30% de cupo femenino que establece la legislación nacional cuya reforma se está promoviendo en estos días. Al igual que en el Congreso Nacional, el sistema electoral de la Universidad ha funcionado como un techo de cristal y no como un piso mínimo. Incluso en las últimas elecciones en 2015, la lista oficial en la Sede Atlántica fue impugnada por no cumplir con el cupo mínimo de mujeres en su lista a Consejos y obligada a readecuarla. Sin embargo, lo más sorpresivo es que una lista alternativa fue también obligada a readecuarse pero en esta ocasión para incorporar más varones por estar compuesta por “demasiadas mujeres”. La Junta Electoral de la UNRN, que realizó esta interpretación insólita de la legislación en perjuicio de las posibilidades y oportunidades de que más mujeres resultaran electas, hoy continúa compuesta por 4 varones y una sola mujer. Esto es sólo un emergente de la falta de conciencia de la gravedad del problema de la desigualdad de género en la UNRN y su correlato en la escasez o inexistencia de políticas laborales y de gobierno efectivas que aspiren a una igualdad real.

Profundizando aún más el análisis, en la Sede Atlántica de la UNRN, la relación entre la cantidad de docentes mujeres y varones es casi de paridad: 100 docentes son mujeres y 105 son varones, planteando así, en una primera mirada, un escenario de igualdad. Sin embargo, al desagregar los datos según carácter (regulares/interinos) y categoría docente, encontramos diferencias relevantes en perjuicio de las mujeres. En el caso de los docentes regulares -es decir, los que han concursado sus cargos y pueden elegir y ocupar cargos electivos-: 27 docentes regulares son mujeres y 48 son varones. Esto implica una desigualdad significativa, ya que los varones accedieron en un 64% más a los cargos regulares y estables que les permiten participar en los actos electorales, ya sea como electores o como candidatos. Más aún si se analizan los datos según la categoría docente: de los profesores titulares regulares 2 son mujeres y 1 varón; de los profesores asociados regulares 12 son varones y 3 son mujeres, y en los adjuntos regulares encontramos 16 mujeres y 22 varones.

Sintetizando, la masa crítica de docentes es igual entre géneros, pero el estudio revela que los requerimientos educativos y académicos para que las mujeres ocupen esos cargos son aún mayores que los requeridos para los varones. Es decir, se nos demanda para los mismos cargos mayores capacidades. A pesar de que las mujeres somos (casi) la misma cantidad en las aulas, laboratorios y centros de investigación que los varones, vamos disminuyendo a medida que se asciende en el escalafón docente y en las decisiones de gobierno universitario.

Varios investigaciones también han señalado que otro factor que afecta la promoción y ascenso profesional en las mujeres es la presencia de hijos. Los hombres con hijos tienen mayores probabilidades de ser promovidos que una mujer con hijos y antecedentes académicos y profesionales similares. Por lo tanto, también son deseables políticas vinculadas al reconocimiento de los cuidados y de la maternidad en los antecedentes profesionales.

Por otra parte, según el padrón electoral del 2015, el 55,4% de los estudiantes son mujeres, sin embrago, el Centro de Estudiantes de la Sede Atlántica está presidido por un varón y de las 12 secretarías que lo componen sólo 4 están ocupadas por mujeres. Y, en la Memoria UNRN del 2014 consta que en la Sede Atlántica el 72% de los graduados fueron mujeres.

La realización de esta investigación atravesó muchas dificultades debido al limitado acceso a los datos y a la no discriminación de éstos según género en la UNRN. Tanto la sistematización como la recopilación de datos estadísticos e información son vitales para el diseño de políticas. Mientras la UNRN no disponga de herramientas diseñadas con un enfoque de género no androcéntrico no estará en condiciones de diseñar e implementar políticas efectivas de acción positiva de géneros.
El estudio realizado por las autoras tenía un doble objetivo académico y político, ya que poner en el centro de las investigaciones a la histórica y sistemática desigualdad y exclusión de la mujer en todos los espacios públicos es vital para comprender el fenómeno multidimensional de la(s) desigualdad(es) y, consecuentemente, alimentar el debate y promover una agenda feminista transformadora, también en y desde el lugar de la mujer en las universidades.

Frente al cuadro desigual, propiciamos fomentar el debate para concebir herramientas y políticas que impliquen efectos positivos y transformaciones más profundas en la búsqueda de una universidad igualitaria. Así, en las conclusiones del estudio se realiza un número de propuestas concretas para enfrentar los desafíos y deudas pendientes.

En primer lugar, es necesario que la universidad releve, recopile y sistematice información e indicadores destinados a promover políticas igualitarias. Además, deberían ser encarados estudios cualitativos sobre políticas vinculadas con los cuidados y las necesidades de la ciudadanía universitaria respecto de este tema, ya que la desigualdad en la distribución de esos cuidados constituye una de las bases veladas del sistema socio-económico patriarcal y capitalista que genera una desventaja para las mujeres estudiantes así como para las investigadoras y docentes. Los estudios de la/os experta/os en este área identifican en esa dinámica doméstica invisibilizada frente a los ojos del Estado y la sociedad, la raíz –y al mismo tiempo, la llave para las posibles soluciones- de la discriminación laboral y de la participación política de las mujeres.
En segundo lugar, proponemos reformar el reglamento electoral de la universidad que establece el 30% de cupo femenino hacia la paridad, tal como lo contempla la legislación de la provincia de Río Negro y como se está promoviendo reformar a nivel nacional.

En tercer lugar proponemos la creación de una Comisión de Igualdad en la UNRN que tenga como función central la sensibilización, formación e investigación en temas de género, así como también la prevención del acoso y violencia de género. Por último, la declaración explícita de un compromiso político con la igualdad, ya que sin compromiso institucional –que se traduce en acciones concretas y sistemáticas así como asignación presupuestaria- no es posible el avance hacia la igualdad efectiva.
Sólo resta señalar que la desigualdad de género entraña discriminación, y ésta es prohibida y condenada por la legislación argentina y los tratados de derechos humanos que el país ha rubricado.

(1) Politicóloga. CIEDES-UNRN
(2) Bióloga. CONICET-UNRN
(3) Bióloga. UNRN