Formularon cargos contra ex intendente de Fernández Oro, Juan Reggioni

El fiscal Martín Pezzetta, a cargo de la Unidad Fiscal que investiga delitos contra la administración pública, formuló cargos en contra de Juan Reggioni, ex intendente de la localidad de Fernández Oro. Según la imputación del fiscal, entre noviembre y diciembre de 2015, el ex jefe comunal malversó fondos por $1.280.357,20 destinados a la segunda etapa de la obra de refuncionalización y ampliación del Hospital de Fernández Oro.

Según expresó el representante del Ministerio Público Fiscal, Reggioni le «dio una finalidad distinta a los fondos transferidos por el gobierno provincial, afectando a la administración pública de la ciudad».

El fiscal confirmó que en la audiencia desarrollada hoy, el imputado declaró y ratificó que el dinero ingresó a las arcas municipales pero que la obra no fue realizada ya que se utilizó ese monto transferido por el Gobierno provincial para gastos generales. En su defensa, dijo que dicha operación estaba autorizada por el Concejo Deliberante para «compensar cuentas», sin embargo, también admitió que unificando el activo de las depósitos a nombre del Municipio al momento de finalizar su mandato, no se llegaba a cubrir el total del dinero por el cual lo acusó el fiscal.

Cabe aclarar que si bien existía una ordenanza Municipal que lo habilitaba a «compensar cuentas», (es decir que el dinero se podía utilizar para otro fin) esto requería necesariamente que el mismo tenga su correspondiente resguardo. En este sentido, es importante destacar que la transferencia se realizó en una cuenta bancaria prevista para gastos generales pero, según la prueba reunida en la causa, el dinero utilizado no se encontraba en el resto de la cuenta al momento de entregar el mando, circunstancias que fue admitida por el propio imputado.

Lo anterior se corroboró, mediante la solicitud por oficio a la dirección del hospital orense, donde la institución informó que las obras encomendadas no se habían realizado, a pesar que el dinero se había girado en tiempo y forma previstos.

La pena que el Código Penal prevé para el delito de malversación de caudales públicos es de un mínimo de un mes de prisión y un máximo de tres años de cárcel.

Finalmente, se recuerda que otra de las denuncias que pesaban en contra de Reggioni, fue desestimada por el fiscal Martín Pezzetta por entender que no existía delito.