¿La Magistratura se lava en el Jordán?
(ADN).- El Consejo de la Magistratura, un organismo de la Constitución, no siempre goza de buena salud. Es más, quizás una rápida encuesta entre los rionegrinos demuestre que su desconocimiento puede ser tan alto como el de muchos dirigentes políticos que creen en su propia popularidad.
Este ámbito ha sido observado sólo como un reducto de acuerdos entre los tres poderes del Estado y la corporación de abogados, para la designación de jueces y funcionarios judiciales.
Algo sucede ahora con el Consejo de la Magistratura, quizás con la intención de revertir lo antedicho, que inició un proceso de inmersión en las aguas del Jordán para lavar sus pecados. ¿Será posible?.
Hay una lectura a su favor en las últimas sanciones aplicadas a jueces y fiscales, caso contrario sólo habrá maquillaje.
La semana pasada el Consejo de la Magistratura destituyó al Juez de la Cámara laboral, de General Roca, Diego Broggini. Este magistrado tenía considerables atrasos en el dictado de sentencias, más de 70 registradas en una inspección interna, y algunas con más cinco años de mora.
Un caso testigo para graficar el hecho fue un amparo de una mujer de 92 años que, cuatro años después falleció y nunca obtuvo respuesta a su planteo.
Pero el caso Broggini tuvo una particularidad que quedó palmariamente al descubierto en el jury. La defensa del juez se circunscribió a demostrar que sus conocimientos técnicos estaban por encima de las acusaciones y que el estudio meduloso de los casos es el origen de las demoras.
En claro ejemplo, que no es aislado en el ámbito judicial, de considerarse superior, intocable y sin pensar en el justiciable, una conducta que lleva a subestimar la posibilidad de aplicación de sanciones y a considerar la existencia de un aurea protectora.
Hubo otros casos de aplicación de sanciones y destitución del Consejo, por ejemplo en Viedma, en el caso de Juan Bernardi, juzgado por graves desarreglos de conducta.
También la suspensión a Favio Igoldi, con la secuencia de errores y fallas en causas muy sensibles, con subjetividades y enfrentamientos constantes con miembros del propio poder e incluso con imputados y procesados, situación que también podría derivar en la destitución. También está presente en este caso la sobrevaloración de sus actuaciones, pese a ser advertido varias veces la desde la Cámara.
Queda a resolución el análisis de las conductas de funcionarios que intervinieron en la investigación del Caso Atahualpa Martínez y la desaparición del peón rural Daniel Solano, en Choele Choel.
Vale abrir un espacio de credibilidad para romper el cascarón de impunidad e intangibilidad y hacer posible aquel refrán que dice “si las barbas de tu vecino ves cortar, pon las tuyas a remojar”.