Centro de Estudios de la Patagonia: informe sobre el caso Laderas en Bolsón

El Centro de Estudios de la Patagonia (CEP) elaboró un informe sobre el caso Laderas, en el Paralelo 42, en El Bolsón, que define como el “ícono del avance del negocio inmobiliario por sobre los bienes naturales comunes”. El trabajo destaca el favor de políticos del Gobierno Provincial y Municipal con vínculos directos con la empresa.

El trabajo del CEP fue elaborado por Florencia Gómez, abogada experta en políticas de tierras rurales y directora del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra del Ceppas.

La experta entiende que el magnate inglés se apropió del Lago Escondido y ahora avanza con un country en una reserva natural. Señala que, a espaldas de la sociedad de El Bolsón, se aprobó en sesión extraordinaria del Concejo Deliberante el loteo para el country ligado a Joe Lewis, en tierras fiscales sobre las que actualmente tramita una causa penal por administración fraudulenta contra funcionarios de Saiz.

El Estado -dice Florencia Gómez- vendió esas tierras dentro de una ley rural que propone bajos precios, limitando la posibilidad de compra a que sòlo la pueda efectuar la familia campesina y obliga a utilizar esa tierra como herramienta de trabajo para la producción. Sin embargo, la empresa lejos de querer producir en estas tierras, pretende un loteo, por el cual ganará más de cuatrocientos mil dólares por hectárea.

El informe destaca que la empresa está lejos de utilizar, la tierra comprada a precio preferencial -tal como la ley de tierras obliga-, para uso productivo. Se trata de tierras fiscales adquiridas a menos de 60 pesos la hectárea, y que ahora pretenden ser vendidas por el Grupo Laderas a 28 mil dólares el lote, es decir más de 7 mil veces lo que le pagaron al Estado. Son tierras adquiridas al margen de la ley, viciadas de nulidad y sin “seguridad jurídica”, solo inversores muy advenedizos podrían llegar a comprarlas.

Gómez considera que será necesario antes de discutir modificaciones a la Legislación de Tierras de la Provincia de Río Negro, tal como se propuso recientemente, investigar y si es necesario revocar las adjudicaciones fraudulentas en perjuicio del Estado Provincial y todos los rionegrinos. Para eso entiende que inevitablemente debe la Legislatura provincial restablecer la Comisión Investigadora de Tierras Rurales (dejada sin efecto en 2015) o en su defecto crear una Auditoria que lleve adelante esa tarea pues no se puede construir una política de tierras y de arraigo a los territorios si no se aclaran las maniobras fraudulentas que permitieron extranjerización de la tierra y destrucción de los bienes naturales en perjuicio de los y las rionegrinas. (Informe completo en www.cepatagonia.com.ar)