Entre la urgencia y la eficiencia. ADN

“El acusatorio es el mejor sistema que se puede tener, pero mal implementado y urgido por otros intereses, es lo peor que nos puede pasar”. De esta manera definió ante ADN una fuente vinculada al derecho penal que reivindica la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal pero que se mostró contrario a los apuros de ponerlo en vigencia a partir del 1 de marzo del año próximo.

Esta agencia recabó distintas opiniones sobre el inicio de este nuevo sistema penal y hay coincidencia en que es necesario mutar hacia una legislación más actualizada, de corte netamente acusatorio, con roles diferenciados del Juez y del Acusador, pero se cuestionan los tiempos.

El otro punto vinculado y que también genera polémica, es que este proceso requiere de un nuevo proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial y en ambos se da un hecho particular, donde la jueza Liliana Piccinini se considera el “alma mater”, en latín madre nutricia (que alimenta) de los dos proyectos.

Precisamente las distintas fuentes consultadas ponen el acento en ese punto y en su proverbial desempeño en el SJT, que hace que no ceda ante la posibilidad de postergación y aplicación gradual del nuevo sistema y a la vez pugna por la sanción –sin modificaciones- de su proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, que desearía que “se apruebe a libro cerrado”, según señaló un abogado del foro viedmense.

No deja de llamar la atención la indiferencia o pasividad de la política en ambos temas, en una actitud de “Poncio Pilatos”, que miran de lejos como una cuestión intestina de otro poder, un tema del “Palacio”, como si las consecuencias que podrán derivar del apuro de la entrada en vigencia del nuevo Código, estarán ajenas al reclamo ciudadano tanto del gobernante como de la oposición. Un debate que será ineludible y que tendrá un escenario con las elecciones del 2017, como telón de fondo.

O sea, que no hay dudas de transitar hacia el nuevo sistema acusatorio, pero salvando los problemas de aplicación de las normas contenidas en el Código, disponibilidad presupuestarias que seguirán centralizadas en el STJ, transferencia de recursos humanos a las fiscalías (con pronóstico reservado en cantidad y calidad), nuevos designaciones de fiscales y jueces y sobre todo imponer un nuevo sistema sobre viejas prácticas y vicios que como capas geológicas fueron engrosando la idiosincrasia del actual Poder Judicial rionegrino. En la práctica cotidiana es muchas veces donde fenecen las mejores ideas.

Vuelven a tomar rigor las reflexiones iniciales de este comentario que el apuro “es lo peor que nos puede pasar”, en tanto el manejo de la realidad será la única garantía de éxito del nuevo sistema penal.

En el marco de un proceso provincial de economía acotada y limitada en recursos, ¿tendrá el Ministerio Público los fondos necesarios ? Podrá vencer la maraña burocrática del Poder Central, para conseguir gastos, movilidad y viáticos, en cada una de las circunscripciones, para cumplir con las exigencias del nuevo proceso?

Ya se gastó mucho dinero en este período previo. Faltan fiscales, funcionarios y una policía de investigación que aún está en pañales a menos de tres meses de la supuesta puesta en vigencia del Código.

Hay coincidencia también en apreciar el esfuerzo del STJ en implementar el nuevo sistema, y las mismas coinciden en busca el camino del gradualismo como lo hizo la vecina provincia de Neuquén.

Cabe una reflexión. Sería inapropiado, por ejemplo, que este reclamo de la sociedad de terminar con “la puerta giratoria” de detenidos que entran y salen de inmediato, se vea agravado por la urgencia y que el nuevo sistema quede prisionero de “consecuencias colaterales” no deseadas.

El tema recursos aparece como fundamental. Habrá un Tribunal de Impugnación, un Foro de Jueces, Tribunales de Jurados y Jueces de Ejecución Penal. Por ejemplo en el Foro de Jueces ¿quedarán todos equiparados en sus funciones, camaristas y jueces de instrucción?

Cómo se ha previsto contar con los espacios físicos requeridos por el propio sistema, salas de audiencias, archivos, depósitos de armas secuestradas y demás necesidades en infraestructura.

Una Oficina Judicial se ocupará de administrar los recursos y designar a los jueces en cada caso y los Tribunales de Juicio serán unipersonales para todos los delitos excarcelables y aún no se sabe quién tendrá esa responsabilidad cuando quedan tres meses para su funcionamiento.

Lo mismo sucede con la policía de investigación ¿serán los mismos de ahora?, porque recién egresa la primer horneada de detectives.

El Ministerio Público Fiscal dirigirá la investigación, con la Agencia de Investigaciones Penales como su auxiliar, que ejecutarán sus tareas bajo la dirección y responsabilidad de los fiscales; podrán prestar auxilio a las víctimas y proteger a los testigos, recibir denuncias, entrevistar a testigos, resguardar la escena del hecho, recabar los datos para identificar imputados y efectuar la aprehensión de personas en casos de flagrancia.

Todos los procedimientos tendrán una duración máxima de tres años, improrrogables y la investigación preliminar deberá ser concluida en seis meses, desde que se encuentre individualizado el imputado, pero ni la desestimación del caso ni el archivo constituyen “cosa juzgada” y permiten reabrir la investigación si aparece nueva información.
Todo esto se deberán cumplir con la actual estructura, donde en por ejemplo en Viedma hay tres fiscales y paradójicamente se llamó a concurso para cargos de jueces penales, donde además la experiencia indica que en no menos de un año lleva la designación de un magistrado.

Hay muchos temas para abordar. En este sistema desaparece el papel, todo el proceso es oral y público ante cámaras que filman y graban, incluso habrá audiencias a distancia mediante el sistema skipe, entonces cabe preguntarse si todo el soporte técnico informático está preparado y cuáles fueron las experiencias previas, cuando en la mismas oficinas judiciales reclaman por la falta de internet, por “caída del sistema”.

Quienes tienen esta responsabilidad deben analizar con cuidado futuras consecuencias negativas por el apuro de poner en marcha el nuevo sistema, que tampoco resolverá de la noche a la mañana todos los problemas que enfrenta la justicia penal y generar expectativas irreales en la sociedad.

La reforma no es la fría letra de la ley, hay que avanzar en otras reformas integrales al sistema de administración de justicia, que implican la reorganización del Órgano Judicial y del Ministerio Público.