SITRAJUR se moviliza por atrasos salariales
SITRAJUR declaró el estado de alerta y movilización y convocó a asambles para el miércoles, en todas las circunscripciones, ante el atraso en el cobro de haberes.
«Condenamos la indiferencia patronal por el retraso en el cobro de haberes y denunciamos, una vez más, que durante todo el 2016 los trabajadores judiciales difícilmente hemos cobrado los sueldos dentro de los primeros 5 días hábiles, lo que nos generó innumerables perjuicios económicos y financieros debido a vencimientos con moras e intereses cada vez más elevados», señala un comunicado firmado por Pablo Barreno, titular del gremio.
Sostiene que «es preocupante la alineación del Poder Judicial rionegrino (un poder del estado que debería ser independiente) con las políticas de ajuste delineadas desde el Poder Ejecutivo Nacional y su repercusión en nuestra provincia, ya que convalida el cronograma de pagos dispuesto por el Poder Ejecutivo provincial y, de esta manera, no sólo perjudica a la clase trabajadora en un claro proceso de pulverización del salario sino que, además, avala con su silencio cómplice la sanción de un presupuesto cero, para el Poder Judicial, sobre todo en el contexto de la pretendida Reforma judicial».
«Haciendo un análisis del presupuesto sancionado y teniendo en cuenta que la masa salarial ejecutada en noviembre 2016 implica 124 millones de pesos por mes multiplicado por 13 meses con la inclusión del aguinaldo, más 350 millones de gastos generales, está claro que sólo se prevé lo mínimo e indispensable para pagar los sueldos y funcionar, ni un peso más», se explicó.
Agrega que «esto tiene consecuencias inmediatas dado que el Poder Judicial quiere implementarlo «cueste lo que cueste» y sabemos que la reforma sólo traerá un ajuste feroz puertas adentro, lo que inevitablemente se traducirá en mayor flexibilización de nuestras relaciones de trabajo » y puntualiza que «si tenemos en cuenta que, de la estructura básica del presupuesto, el 85% está conformado por masa salarial de la cual la mitad se la llevan 500 magistrados y funcionarios y el resto los 1500 trabajadores, independientemente de las previsiones salariales dispuestas por fuera del mismo, la implementación de un presupuesto que no garantice la carrera administrativa necesaria atenta directamente contra el servicio de justicia para el pueblo».
Culmina el comunicado indicando que «además de la pelea por los derechos de los judiciales, desde nuestro sindicato trabajamos incansablemente para una justicia democrática de cara al pueblo y por ello hoy, una vez más, decimos que sin derechos no hay reforma y sin presupuesto no hay Justicia»..