Asi, el gobernador salió a respaldar la candidatura a senador del actual jefe de bloque kirchnerista.

“Por su historia, por su trayectoria nacional y por sus valores como dirigente político”, enumeró y selló el acuerdo entre en el Frente para la Victoria.

El gobernador considero que la de Pichetto “no va a determinar otras candidaturas”. Y agrego: “De todos modos hay que entender que es una elección nacional y la decisión de la Presidencia de la República y del Partido Justicialista nacional es importante, por lo tanto, no vamos a tomar decisiones sin consultar con el Gobierno nacional”.

El gobernador admitió que discrepa con el juez del Superior Tribunal, pero aseguró que no quiere tener un “conflicto de Poderes”.

“Sin embargo -agrego- nos pareció absolutamente fuera de lugar, ridículo y hasta temerario esta imputación masiva de responsabilidades”.

De esta manera, el mandatario salió al cruce de las declaraciones de Barotto que le pidió desapasionamiento por sus dichos contra el fiscal Oscar Cid, que imputó a 60 integrantes del hospital de Cipolletti por el intento de suicidio de Susana Freydoz.

Con este objetivo se argumentó desde el Servicio Penitenciario provincial que no hay cárceles en todo Río Negro para una persona como Freydoz, ni tampoco actualmente en el sistema federal.

El director del Servicio Penitenciario Provincial remitió la nota nº 317 el 17/4 en la cual informó que el Establecimiento de Ejecución Penal nº 2 , donde inicialmente se había querido trasladar a la condenada “…no está en condiciones de recibir a la interna Susana Freydoz” . Luego agregó que “….ningún Establecimiento Penal de la Provincia cuenta con pabellones en condiciones de alojar mujeres con las características que presenta el caso de que nos ocupa”.-

Consideró el funcionario del SPP que “….lo conveniente para resolver la situación que se presenta sin agravar las condiciones de detención, es alojar a la señora Freydoz fuera del ámbito del Servicio Penitenciario Provincial (en un Centro Terapéutico de Salud Mental en los términos de la ley nº 2440 y la Ley Nacional 26.657 -si así lo requiriera- ó en la jurisdicción del Servicio Penitenciario Federal), en virtud de la duración de la condena y la representación que posee la interna en la comunidad y en resguardo de su integridad física…”

Asimismo, propició un trabajo en conjunto entre la Coordinación Provincial de Salud Mental y ese Servicio Penitenciario Provincial, a fin de establecer la estrategia de intervención con la aprobación de esta Cámara.

Por su parte fue el secretario de Gobierno Ariel Gallinger que presentó escrito ante la Cámara, en relación al oficio nº 741 del día 06/5/2013, dirigido al Director del Servicio Penitenciario Provincial, “… Hemos llegado a la conclusión que temporariamente y hasta que disminuyan ó desaparezcan los indicadores de peligrosidad para sí ó para terceros, la reclusión debe llevarse a cabo en una institución especializada que pueda garantizar la custodia y el tratamiento terapéutico”

Agregó que “teniendo en cuenta que en la Provincia no contamos ni en el ámbito público ni privado con instituciones que garanticen estas prestaciones, solicitamos autorización para su traslado a la Clínica Avril, ubicada en Humanhuaca 3771 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que respondería a los criterios antes aludidos”.

La Clínica propuesta, tiene una modalidad de internaciones breves que van de los 15 a los 18 días. Posee un primer piso de libre circulación de pacientes, cocina especializada, Salón de Usos Múltiples, habitaciones con baño privado y luz natural.

La Cámara Primera resolvió que “no se advierten objeciones que formular al traslado e internación “que propone el Servicio Penitenciario Provincial, con carácter temporario, con los estudios psicológicos y psiquiátricos pertinentes y hasta que desaparezcan las condiciones que lo aconsejen”.

“Obviamente – dijeron los jueces – el Servicio Penitenciario deberá asegurar la vigilancia ininterrumpida, necesaria en toda situación de prisión preventiva, para evitar que la imputada eluda la acción judicial y/o pueda ser objeto de represalias por parte de terceros”

Luego explicaron que conforme lo solicita la Fiscalía, corresponde poner a disposición del Servicio Penitenciario Provincial todos los estudios e informes médicos, psicológicos y psiquiátricos producidos en este legajo”.

El instituto psiquiátrico que la reciba para su tratamiento deberá remitir a la Cámara informes semanales sobre su evolución.

No se aclaró si será el Poder Ejecutivo el que tendrá que solventar los gastos de la estadía en la Capital Federal.

El FpV estará conformado por el Partido Justicialista, el Frente Grande, el Movimiento Popular Patagónico, el Kolina, Foro Rionegrino, Redes, el MAD y el Partido de la Victoria.

La presentación estuvo a cargo del gobernador Alberto Weretilneck y el presidente del PJ Miguel Pichetto, quienes estuvieron respaldados por el vicegobernador Carlos Peralta, los intendentes Martín Soria (Roca) y Javier Iud (San Antonio), y los legisladores Pedro Pesatti (presidente del bloque del FpV) y Ariel Rivero (Eva Perón).

“Se firmó el acta constitutiva que se elevará a la justicia federal” resumió Miguel Pichetto, quién anunció: “La alianza electoral está en marcha de cara a las elecciones de 2013”. Y expresó que “las candidaturas se están debatiendo”.

Por su parte, Weretilneck aseguró: “Estamos poniendo en marcha el triunfo electoral del Frente para la Victoria”. El gobernador explicó que “todos los procesos tienen aspectos jurídicos y políticos. Los jurídicos se acaban de resolver. Pero también estamos poniendo en marcha el proceso político que nos va a permitir el triunfo en la provincia y del proyecto nacional y popular que lidera nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Como fieles intérpretes y convencidos del proyecto nacional y popular, la elección de octubre nos pertenece, nos motiva y la vamos a trabajar como si fueran las propias candidaturas de cada uno de nosotros en cada una de las localidades, es nuestra elección y así la vamos a asumir”.

En ese sentido, el mandatario ejemplificó: “Lo que sucedió hoy en la Legislatura habla del momento de unidad de todo el FpV. Siempre hemos transparentado nuestras discusiones. Hoy tenemos un marco de unidad nacional, provincial y local, que nos pone en inmejorables condiciones para ganar la elección”. Y subrayó que “acá no hay proyectos individuales ni egoístas, hay proyectos colectivos, de mayorías, proyectos ideológicos y de consenso”.

Por último, Weretilneck auguró que “el triunfo en octubre será contundente”, y “nos permitirá no solo el respaldo a nuestra Presidenta sino que también, nos va a permitir a nivel provincial consolidarnos definitivamente para afrontar -dentro de dos años- la renovación de todos los cargos municipales y provinciales”. (ADN)

En el inicio de su exposición la legisladora Marta Milesi refirió que “Cipolletti fue y sigue siendo castigada por hechos aberrantes. Los cipoleños tenemos una historia trágica, un antes y un después del triple crimen”.

Recordó que la Cuarta Circunscripción Judicial “se creó por presiones positivas de la comunidad organizada” y destacó que “Cipolletti es una de las ciudades que más organizada tiene su comunidad en el tema de pedido de justicia. No es casual, que presentaron 14.000 firmas con pedidos concretos, sin agravios, en los últimos días”.

Respecto de eventuales consultas a los cipoleños, dijo la legisladora que “si se les dice que la ampliación del STJ permitirá que se cumplimenten de mejor manera las tareas de la superintendencia y los fallos tendrán mayor consenso, dirán rápidamente que si” a la iniciativa de incrementar el número de jueces superiores.

“¿Por qué consideramos que tiene que ser ampliado? Porque el hecho de tener dos miradas más es importante, la pluralidad y el consenso, también”, remarcó.

Además, consideró que “lo importante de la ampliación es garantizar mayor deliberación” y aludió a informes de otras provincias donde se señalan que con el incremento se reducen las presentaciones de recursos extraordinarios para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, implicando ello más celeridad en los procesos judiciales.
“Nuestro pensamiento es que haya equilibrio, aunque no un representante por cada Circunscripción, sino que se trate de un verdadero equilibrio”, concluyó Milesi.

Por su parte, el legislador Alejandro Betelú dijo que con respecto al aumento a los miembros del STJ se mantiene la postura del bloque, si bien reconoció que persisten opiniones divididas, como ocurre en otras bancadas.
“No nos vamos a quedar con la visión economicista del aumento de miembros del STJ, porque desde nuestra posición ideológica esa postura es justamente conservadora. Es todo lo contrario al progresismo. Parece que hay una confusión entre lo que es progresismo y conservadorismo”, describió Betelú.

El legislador roquense observó “algunas actitudes enmarcadas en una junta de atropellos, porque pareciera ser que todo lo que estamos diciendo y haciendo está equivocado. Y esto tiene que ver con el conservadorismo, con el relato, con el discurso y el pensamiento único, que es totalitario”.

En otro tramo de sus fundamentaciones, afirmó que “nuestra vocación opositora a este gobierno es positiva y constructora, no se trata de quejarse y criticar, sino de proponer y cuando alguna cosa coincide con nuestros fundamentos ideológicos, doctrinarios y con nuestra propia casuística, también lo vamos a acompañar. Vamos a sostener la ampliación a cinco miembros, sin visión economicista y dándole las herramientas que está pidiendo el Poder Ejectutivo pero no como una graciosa concesión sino por sentido común. Es una herramienta obligada a cumplir con lo que se compromete. Si no tiene las herramientas, tiene mas escusas. Ahora no las va a tener”, agregó aludiendo al gobierno provincial.

Recordó que “propusimos que el aumento del STJ debería estar enmarcado en el contexto de una política judicial, una política activa, de valoración y el apoyo presupuestario para hacerlo, pero todavía no la vemos. La acompañamos y la apoyamos cada vez que votamos el presupuesto”.
Agregó: “Ahora, si la pelota va a seguir estando en la cancha del Ejecutivo, nosotros estaremos espectantes de que aparezca la política judicial y que se empiecen a resolver los problemas de Poder Judicial”.

Betelú adhirió totalmente a lo expresado por Milesi sobre la representación regional. “No creo que esto afecte a la calidad de los jueces o del sistema”, dijo y también expresó coincidencia con la cuestión del cupo expuesto por la legisladora cipoleña. “Es un tema de discriminación positiva, buscar la igualdad de oportunidades en un determinado tiempo tiene que servir para un cambio de cultura. Tenemos que dar la oportunidad para ver si llega a cumplir el objetivo que se plantea y esta sería una herramienta para mejorar el sistema”.

En su momento, el legislador Francisco González, anticipando su voto negativo, reafirmó que “vamos a sostener la opinión que expresamos hace ocho meses, cuando se trató este proyecto en la Legislatura”.
Después, agradeció a legisladores de bloque Alianza poque “nos dieron la posibilidad de no homogeneizar hoy la opinión”.

En el análisis específico de la propuesta oficial, observó “la falta de oportunidad de este proyecto de aumentar de tres a cinco los miembros del Superior Tribunal de Justicia” y después se preguntó “¿Cual es el sentido de insistir en este proyecto?, que en su momento cosechó el rechazo de la Legislatura, con el voto del propio oficialismo y de algunos opositores que no dieron el número necesario para que se aprobara”.

Insistió: ¿Cual es el verdadero interés del Gobierno provincial en aumentar el Superior Tribunal y si cambió tanto la situación en torno al Poder Judicial en este tiempo para que se insista en cambiar la opinión de entonces?”.
Señaló que “este proyecto parte de una premisa equivocada al creer que elevando el número de miembros el STJ será sinónimo de mejor servicio de justicia para los rionegrinos.
Estoy seguro que esto no significará una Justicia más ágil, no creo que tener una STJ más grande solucione los problemas de acumulación de causas y atrasos de las resoluciones en los distintos Juzgados”.

En cambio, destacó “el trabajo constante del Consejo de la Magistratura, integrado por legisladores. Es cierto que en el 2012 se cubrieron 41 vacantes de jueces y funcionarios judiciales y que en el 2013 se efectuaron otras 23 designaciones, demostrando esos números la carencia del Poder Judicial que no cuenta con suficientes recursos y personal”.

Entre otras consideraciones, remarcó que “antes que cinco miembros del STJ, se necesitan más jueces de primera instancia, de familia y civiles para que los ciudadanos puedan acceder al servicio de Justicia”.

Al cerrar formalmente la participación del bloque de la Alianza, el presidente, Bautista Mendioroz anunció que “de 12 legisladores del bloque de la Alianza presentes, 9 votaremos a favor de este proyecto, con los mismos argumentos”.

“Este es un proyecto de alto impacto político y con repercusiones. Quisiera despejar dudas porqué vuelve este proyecto si fue rechazado. Vuelve porque el Poder Ejecutivo entiende que ahora tiene los dos tercios; en la otra sesión, también entendía que los tenía, pero se equivocó, faltó un voto”.

Mendioroz hizo notar que “aparecen 1.000 versiones sobre la actitud o el voto de los legisladores y lo hago en defensa de quienes lo van a acompañar y antes no. Nosotros lo votamos favorablemente antes de la reforma nacional para la democratización de la justicia, que es un eufemismo, de la que estamos absolutamente en desacuerdo”.

En ese mismo sentido, afirmó: “Este proyecto dista mucho de ser la reforma del Poder Judicial” y describió que “hay un planteo que indica por que aumentar a cinco jueces si faltan vacantes y presupuesto, si hay goteras en un Juzgado y la verdad que impulsar el incremento a cinco miembros no tiene que ver con una reforma política”.

En otro momento, Mendioroz dio a conocer que “Río Negro es una de las dos únicas provincias que no tenía cinco miembros” y señalo, ya en otro aspecto, que “este gobierno ejecuta muy mal los presupuestos de varias áreas, como el IDEVI donde se aumentas las previsiones de partidas por una gestión de este bloque, al igual que en Obras Públicas y Seguridad”.

BAC

El Jefe de la Regional 1º, comisario inspector Héctor Villavicencio aseguró que “gracias al esfuerzo del personal policial y en particular de la Brigada de Investigaciones se pudo dar con el paradero del la mujer”.
Al ser consultado en que parte de la ciudad se la encontró, indicó que “estaba en la casa de una presunta amiga en calle Mapuche al 100 del barrio Zatti”.
La Policía informó además que el esposo había sido detenido, sospechado de un presunto asesinato pero con un importante despliegue desde el momento de la denuncia, allanamientos en una propiedad tras la declaración de una niña en cámara Gesell y distintos operativos policiales, finalmente la mujer por la que tanto se temía, afortunadamente apareció con vida.
La mujer quedó a disposición del Juzgado interviniente y por la tarde deberá presentarse ante el Juez Guillermo Bustamante.

El legislador Pedro Pesatti (FpV) oficializó en Cámara la nómina de vocales titular y suplentes que aprobaron hoy los parlamentarios, y que tendrán mandato hasta la elección de los próximos representantes que se elegirán a través del voto directo de la comunidad educativa.

Ellos son:
- Liliana del Carmen Vides, de Viedma (titular)
- Alberto Oscar Reyes, de Choele Choel (primer suplente)
- Julio Cesar Molina, de El Bolsón (segundo suplente)

De esta manera fue subsanado el vacío legal, ocurrido al sancionarse la nueva ley de Educación (que reemplazó la Ley nº 2444), que aún no ha sido reglamentada, y ante la necesidad de cubrir los cargos pendientes.

Pesatti destacó que la importancia fundamental de esta cuestión radica en que “desde la próxima semana habrá un padre de nuestros estudiantes en el Consejo Provincial de Educación, con voz y voto, trabajando junto con los vocales que representan a los trabajadores de la Educación y a los vocales del gobierno, en la definición de las políticas públicas en materia educativa”.

Luego destacó el “proceso de convocatoria iniciado el año pasado en el que participaron más de cuarenta vecinos de distintos lugares de la provincia” y agregó que fue la Comisión de Labor Parlamentaria” la que tuvo la responsabilidad de seleccionar a los vocales titular y suplentes que fueron hoy dados a conocer.

Esta mañana Weretilneck criticó duramente el trabajo desarrolla por el fiscal Oscar Cid , quien habría imputado a cerca de 50 personas en la causa por el intento de suicidio de la ex primera dama rionegrina, Susana Freydoz.

Barotto, además, indicó que el gobernador, “como cualquier otro ciudadano, considera que cualquier Magistrado o Funcionario de este Poder Judicial ha actuado en forma disfuncional o contrariando el derecho, debe recurrir a los mecanismos legales que corresponden, a los fines de investigar y, en su caso, sancionar a quienes eventualmente hayan incumplido con las obligaciones propias de sus cargos”.

El juez aclaró que hacía las declaraciones “con la restricción y prudencias necesarias para no incurrir en vicio de prejuzgamiento sobre procesos que pueden serme sometidos a decisión jurisdiccional”(ADN).

Fue la propia abogada quien los encontró en el interior de dos celdas de castigo en la tarde del día 14, ocasión en la que accedió a dichos calabozos. Las múltiples lesiones que presentaban los cuatro internos ya fueron certificadas por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial a instancias del magistrado.

Entre otras lesiones se encuentran las verificadas en las muñecas de cada uno de los internos, las que darían cuenta de la inflicción sostenida y deliberada de dolor respecto de cada uno de aquéllos. El Juez Lozada escuchó personalmente el relato de los internos en cuestión.

Las personas sospechadas de la comisión de tales delitos son los funcionarios públicos a cargo de la Unidad Penitenciaria Nro. III.

En este sentido Lozada recordó que el artículo 144 ter del Código Penal, que tipifica la figura de torturas, constituye una exigencia derivada de las obligaciones internacionales asumidas por parte del Estado argentino en virtud de diversos instrumentos internacionales vinculantes de derechos humanos.

Así, por ejemplo, de la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, surge la obligación del Estado de adoptar medidas en el ámbito interno con el fin de prevenir y sancionar actos de esa naturaleza.

Dicho instrumento posee jerarquía constitucional, conforme lo dispone el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional. En su artículo 2° establece que “Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces, para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción”.

P JUDICIAL

La Legisladora Carreras -miembro informante del proyecto-, argumentó que “tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Poder Legislativo, estamos comprometidos en la construcción de un nuevo modelo de provincia. Es indispensable que el Poder Judicial asuma un rol transformador que acompañe este proceso; necesitamos que la diversidad de opiniones esté representada en el Poder Judicial y, en particular, en el Superior Tribunal de Justicia”. “Lo que venimos a plantear -enfatizó la parlamentaria- es la revisión profunda de las bases institucionales de la administración de justicia que se requiere después de 30 años de estabilidad democrática, con la convicción de que la democracia no ha logrado aún transformar los estamentos judiciales para que sean capaces de defender el interés general de la sociedad”.

Por otro lado, Carreras sostuvo: “La ampliación del STJ implica, como se ha mencionado en el recinto de la legislatura, una justicia bien organizada en el marco del Estado de Derecho. Se logra la imparcialidad y se garantiza el pluralismo ideológico, cuando sus integrantes poseen diferentes concepciones y consiguientes interpretaciones del derecho”.

Asimismo, distintos Legisladores destacaron la importancia del proyecto ya que implica un significativo avance hacia la efectiva igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, al garantizar la integración de la máxima magistratura con vocales de ambos sexos.

A su vez, se manifestó en la Cámara de Legisladores que el funcionamiento del Tribunal en pleno resulta coincidente con una línea doctrinal destacada, por cuanto trae aparejada una mayor deliberación, debate y fundamentación de los fallos.

Durante la sesión, dentro del debate acerca de la reforma integral de la Justicia impulsada por esta gestión, se hizo especial hincapié en la loable tarea que viene desarrollándose en el Consejo de la Magistratura con el fin de cubrir con la celeridad y seriedad necesarias las vacantes del Poder Judicial.

Por último, se destacó la búsqueda un poder judicial que se comprometa con la construcción de un nuevo modelo de sociedad, dando visibilidad a las injusticias, y poniendo en evidencia que para lograr la igualdad ante la ley, es necesario tener en cuenta la necesidad de tutelar los derechos de los más vulnerables.

Debate

El proyecto fue aprobado en general y en particular por mayoría. La ley modifica el artículo 38 de la ley Orgánica del Poder Judicial. Establece en forma taxativa que el máximo tribunal debe integrarse con vocales de ambos sexos, procurando una equilibrada representación de las distintas circunscripciones judiciales de la provincia.

Quedó modificado también el artículo 39. A partir de la entrada en vigencia de la norma, las decisiones del STJ se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta, previa deliberación de la totalidad de sus miembros, siguiendo el orden en que hubieran sido sorteados. Reunida la mayoría absoluta, será potestativo para los restantes jueces emitir su voto.

En los supuestos de excusación, ausencia, vacancia, licencia u otro impedimento de hasta dos de los miembros, podrá emitirse válidamente sentencia con el voto concordante de los otros tres Jueces.

El acuerdo y las sentencias podrán ser redactadas en forma impersonal.

El proyecto de ley fue informado en Cámara por la legisladora Arabela Carreras, quien argumentó que la ampliación contribuirá a ampliar la diversidad y la capacidad de debate, y a mejorar la calidad del servicio de justicia.

Aseguró que “en este momento Río Negro necesita un STJ de cinco miembros”. Consideró que debe ser un tribunal “transformador”, “imparcial”, que promueva su independencia de factores de poder internos y externos.

El debate giró en torno a las tres cuestiones principales que incorpora la ley: la composión del máximo tribunal, el cupo femenino y la representación regional. Una amplia mayoría, incluida una gran parte de la oposición, avaló las modificaciones incorporadas al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.

La mayoría acompañó el aumento de miembros del Tribunal y destacó el proceso de designaciones que permitió la cobertura de una gran cantidad de vacantes en el Poder Judicial. También fue valorada por la mayoría de los legisladores la incorporación del texto que procura una equilibrada representación de las distintas circunscripciones judiciales de la provincia.

El legislador Ariel Rivero (BEP) fundamentó el aval de su bloque al proyecto “en el convencimiento de que su actual redacción, más las circunstancias políticas que han llevado al proceso de reforma judicial nacional, hacen necesario aunar todos los coheficientes de acción afectiva hacia la democratización de la Justicia, aportando un resorte para coadyuvar en el proceso integral de reforma judicial, con los términos que requiere el Gobierno”.

El legislador Rubén Torres (BEP) basó su apoyo a la iniciativa en “un voto de confianza”. Aclaró que “no votaba el proyecto” sino “una política de Estado”.

Por la oposición, Bautista Mendioroz adelantó el voto favorable de un sector del bloque de la Concertación. Consideró que la ampliación procura una mayor participación.

Francisco Gonzalez expresó la posición del otro sector, que cuestionó los argumentos utilizados por el oficialismo para fundamentar las modificaciones propuestas en la iniciativa.
Ricardo Ledo también se opuso a la reforma. Cuestionó la validez de los argumentos para ampliar el STJ y señaló que la iniciativa responde a cumplimiento de compromisos políticos.

Ana Piccinini también se opuso a las modificaciones. Criticó a los miembros del Superior Tribunal, habló de “ausencia de la Justicia”. También cuestionó los argumentos utilizados para justificar los cambios.

La incorporación en el articulado de la integración de ambos sexos al Tribunal fue fundamentada por Roxana Fernández, presidenta de la comisión de Problemáticas de Género. Aseguró que la medida enriquecerá la pluralidad del debate y contribuirá a la democratización. En el mismo sentido se pronunció la legisladora Marta Milesi, quien consideró la incorporación como una “medida de acción positiva”. Alejandro Betelú adhirió a los fundamentos de Milesi.

Magdalena Odarda también manifestó su apoyo: sostuvo que incluir la cuestión de género significa “un salto de calidad institucional” y destacó el hecho de que la ley establezca la obligatoriedad de la cuestión de género. En el mismo sentido, Pedro Pesatti fundamentó la iniciativa en la necesidad de establecer un “imperativo categórico”.

60 agentes sanitarios quedaron involucrados en la causa desde los médicos psiquiatras, pasando por la directora del hospital, hasta el personal de limpieza, Milesi aseguró “un inmenso malestar se instaló en el nosocomio”.

La legisladora de la Concertación aseguró “los empleados del hospital no son carceleros” y agregó “las falencias del propio sistema penitenciario” se ven evidenciados en esta realidad que hoy se vive en el nosocomio de Cipolletti, y señaló “cualquier otra detenida no hubiera podido acceder a esos beneficios y tratos preferenciales”.

La decisión del fiscal demuestra que “el hilo se corta por lo mas fino y resulta injusta la medida adoptada por el fiscal para los 60 empleados que quedaron imputados en la investigación judicial por el intento de suicidio de la mujer ocurrido el pasado 11 de abril”.

La legisladora aseguró “el fiscal con su accionar errático, demuestra que no sabe por donde empezar a investigar y tira un manto de sospecha sobre gran parte del personal del hospital, lo cual resulta inaceptable. La decisión resulta mas de tipo político que judicial”. Milesi manifestó “no he notado que el fiscal haya adoptado decisiones similares, ni siquiera en casos donde por denuncias de mala praxis se haya provocado la muerte de una persona”.

“Como siempre voy a defender la salud pública y sus operadores directos a quienes no podemos indiscriminadamente poner bajo sospecha solo porque una causa tiene repercusión política” indicó la parlamentaria.

Finalmente Milesi indicó “los médicos se excusan de atender a la paciente porque están siendo investigados por un presunto caso de mala praxis, lo que representa no sólo una presión a los profesionales de la salud sino que además genera un clima hostil y poco habitual para un hospital público que debe dar respuesta y atender a toda la ciudadanía por igual sin diferencia por portación de apellido”.

BAC

Los beneficiarios del programa “Atención al Celiaco” recibieron en su domicilio una tarjeta social para el cobro que carece de validez. Las nuevas serán entregadas a partir de la próxima semana.

La tarjeta social se utiliza para compra de alimentos a todos los sujetos de derecho que se encuentran en el Programa Provincial Salud Social A (Atención al Celiaco) en toda la provincia.
Se aclaró desde el organismo que las tarjetas Visa que tienen a cargo cada persona incluidas en el programa, quedan sin efecto y las nuevas tarjetas serán Cabal.

El monto mensual que se acreditará será de 250 pesos por cada sujeto de derecho. El lugar de entrega, de los últimos vales y de las nuevas tarjetas, es el área social del municipio de cada localidad, excepto Cipolletti y San Carlos de Bariloche, donde se realizarán en la Delegación del Ministerio de Desarrollo Social, según consignó una gacetilla oficial.

Ante cualquier consulta llamar al 02920-428588 int 136. ó enviar correo electrónico a mporro@desarrollosocial.rionegro.gov.ar, o dirigirse a Buenos Aires 101. Segundo piso. Ofic. 317, Viedma Río Negro.

En abril pasado se concretó un curso de cirugías e implantes con pacientes, en la moderna clínica con cinco equipos de última generación tecnológica.

Esta mañana, el presidente del Círculo Odontológico, Alfredo Perdriel, la ex titular y actual secretaria de la entidad, Patricia Mulbany, y otros profesionales, entre ellos el doctor Pablo Mancuso, de la Universidad de La Plata, quien tiene a su cargo la capacitación, dejaron formalmente habilitadaslas nuevas instalaciones.

En breve diálogo con ADN, Perdriel rescató la iniciativa que tiene el propósito de “formar a profesionales de la zona” con la clínica de postgrado, mientras que otros integrantes de la comisión directiva de la entidad destacaron que se trata de “un viejo anhelo de capacitación profesional. En vez de viajar a Buenos Aires y otros centros de especialidades, ahora las prácticas se hacen en Viedma”, agregaron.

Los cursos tendrán como cupo máximo 10 participantes, porque las prácticas se efectuarán en cinco modernos equipos odontológicos. (ADN)
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Piccinini señaló que, por eso, “habría que hacerles un juicio de responsabilidad a esos jueces”.

Insistió que el ex gobernador Soria “creía en la Justicia, como la base fundamental para la corrección y el buen desarrollo del sistema democrático, pero las cosas que han pasado en Río Negro han pasado porque no funcionó el sistema”.

En medio de observaciones del presidente de la Legislatura, Carlos Peralta, sobre que ella ya tena agotado el tiempo previsto para hablar, Piccinini agregó que “faltan algunas cositas para decir”, pero dejó en claro que “si soy aludida (en el debate parlamentario) voy a reiterar el derecho a usar la palabra”. (ADN)

Mediante Sentencia Nº 53, del 21 de agosto de 2012, la Cámara Primera en lo Criminal de la IIIª Circunscripción Judicial había resuelto sobreseer por inimputabilidad a José Alejandro Báez en orden al homicidio ocurrido en San Carlos de Bariloche el 12 de marzo de 2010, del que resultó víctima Raúl Héctor Maceda (arts. 306 inc. 3º Código Procesal Penal y 34 inc. 1º Código Penal), y había dispuesto la internación del nombrado en un establecimiento específico para enfermos mentales conforme la Ley 2440, para su tratamiento psicofarmacológico adecuado.

Contra lo decidido, recurrieron en casación la parte querellante y la señora Defensora de Menores e Incapaces doctora Ana María Fernández Irungaray, presentaciones que fueron admitidas por el Tribunal de origen y por el Superior Tribunal de Justicia.

En la sentencia del STJ, el voto rector correspondió al Dr. Sergio Barotto, quien indicó que “tiene razonabilidad el planteo de la parte querellante toda vez que la petición de sobreseimiento fue realizada por el Fiscal de Cámara en la etapa de apelación pero no había sido una cuestión sobre la que se expidiera el Juez de Instrucción.”

Agregó que “no obstante lo anterior, y en concordancia con lo sostenido por el señor Defensor Oficial, la petición de nulidad por esta cuestión responde al solo beneficio de la ley, en razón de que la querellante particular y la Defensora de Incapaces tuvieron oportunidad de ejercer el derecho de defensa, oponiéndose fundadamente al requerimiento de sobreseimiento”.

El Juez sostuvo que “el argumento que desarrolló el a quo para resolver el sobreseimiento, (según el racconto de las actuaciones), tal como sostiene la querellante, desatiende las constancias de la causa con notoria inobservancia del contenido de las correspondientes piezas procesales.”

Opinó que “en la resolución impugnada, la Cámara en lo Criminal omitió el análisis, la motivación y la decisión del ‘juicio de reprochabilidad’ que se imponía, dado que solo ponderó los dictámenes médicos, por lo que concluyó erróneamente que el encartado es inimputable.”

“En el caso, no se cumplió con la necesaria valoración en el plano de lo real y en atención a los hechos acreditados y a las cuestiones de hecho que pueden establecerse con fundamento en ellos, por lo que fue erróneo llegar a la consecuencia de probabilidad de un obrar final sin voluntad ni comprensión de realización del tipo objetivo. En otras palabras, la resolución recurrida, en cuanto dispuso el sobreseimiento del encartado, carece de motivación (conf. arts. 98 C.P.P. y 200 C.Prov.)”, precisó el magistrado.

Sostuvo que “se advierte así que el a quo también fundó su decisión en la afectación del derecho constitucional de duración razonable del proceso. Ahora bien, -agregó-, fácil es advertir que la utilización de este argumento es una falacia de atingencia (ignoratio elenchi), en razón de que la premisa ‘duración irrazonable del proceso’ no sirve para arribar a la conclusión de inimputabilidad”.

El Dr. Barotto señaló que “en efecto, si el Tribunal entendía demostrada la irrazonabilidad de la duración del proceso, debía sobreseer por extinción de la acción por prescripción (arts. 306 inc. 4º C.P.P., 65 a 67 C.P., y 18 y 75.22 C.Nac.), sin necesidad de concluir en la incapacidad de la persona”.

“En consecuencia, -concluyó-, los Tribunales inferiores deberán realizar los actos procesales pertinentes para que se avance hacia la etapa de juicio oral con la mayor celeridad que impone el caso, en función de los años que insumió la cuestión de inimputabilidad (no probada a la fecha de esta resolución)”.

“Esta última indicación de continuar el proceso es, por supuesto, sin perjuicio de que por vía incidental se continúen los estudios, los peritajes y las demás pruebas que se estimen pertinentes para resolver eventual y oportunamente el ‘juicio de reprochabilidad’”, finalizó Barotto.

PODER JUDICIAL

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