ATE reclama fin de las tercerizaciones en el hospital de Choele Choel
Choele Choel (ADN).- La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Río Negro confirmó que elevó nota al Ministerio de Salud demandando que, de manera inmediata, se proceda a la anulación de todas las tercerizaciones de servicios en los hospitales de la provincia, comenzando por el sector de mantenimiento, cocina, limpieza y lavadero del hospital de Choele Choel, que actualmente está bajo la órbita de la empresa Betania SRL. La situación da lugar a la reestatización de los servicios y el pase a planta permanente de todos los trabajadores afectados».
«Si bien en Río Negro no se concretaron los hospitales de autogestión, se avanzó y fuertemente dentro de ellos. En ese contexto en los hospitales de Viedma, Cipolletti, Choele Choel y Río Colorado pasaron a manos privadas uno o varios servicios, tales como limpieza, mantenimiento, lavadero y cocina», indicaron desde ATE.
«Los servicios y los trabajadores tercerizados deben volver al Estado, ya que la salud, entendida en su integralidad, es una obligación inalienable de éste», puntualizó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Río Negro.
«Hace más de 10 años está presente la tercerización en servicios indelegables del Estado en la mencionada localidad del Valle Medio. Desde entonces se vienen violentando los derechos laborales de los trabajadores: no se han realizado los aportes patronales, no se entregan elementos de limpieza en la calidad y cantidad necesaria, no se entrega la indumentaria de trabajo, se abonan con retraso sueldos y aguinaldos y se retacean elementos de seguridad e higiene, con lo que se pone en jaque la salud de los empleados del nosocomio y de la comunidad que se atiende en el mismo».
Al respecto, Aguiar señaló: «Ya existen sobradas muestras que los servicios tercerizados en los hospitales públicos no han cumplido con los objetivos esperados y existen sobradas muestras de su ineficiencia y baja calidad».
Concluyó: «Existen pruebas concretas, a partir de numerosas denuncias que tramitan en la Secretaría de Trabajo y en la Defensoría del Pueblo, que muestran que estas empresas han privilegiado dudosos intereses, por sobre los derechos de la comunidad usuaria del sistema público de salud, verdadera receptora de estos malos servicios». (ADN)
