Denuncia penal contra funcionario de Weretilneck por presuntas contrataciones irregulares

Viedma (ADN).- El legislador radical Leonardo Ballester efectuó una denuncia penal ante la Justicia contra el secretario de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Marcelo Catini, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en relación a presuntas irregularidades en la contratación de obras escolares del Programa de Mantenimiento de Edificios Educativos, ciclo lectivo 2012.

Ballester tiene la presunción que Catini no ejecutó las normas cuyo cumplimiento le incumbían en materia de contrataciones y administración de fondos públicos, administración financiera e intervención de los organismos de control.

 

En ese sentido, Ballester señaló que Catini “ha omitido deliberadamente la autoridad confiada por el decreto de su designación, perturbando el orden regular de la administración pública, habiendo concertado informal, irregular e ilegalmente con contratistas del Estado la práctica de obras de utilidad pública en los establecimientos educativos que conforman el Programa de Mantenimiento de Escuelas”.

 

Indicó además que el referido funcionario “echó por tierra no solo las disposiciones de la Ley J 286 (de Obras Públicas), sino también las precisas instrucciones recibidas desde la Legislatura para contratar todas las obras bajo la modalidad de contratación directa”.

 

Ballester describió que las empresas contratistas comenzaron los trabajos mucho antes de la fecha indicada para presentar sus ofertas en las contrataciones directas que se pretenden convertir a legítimo abono.

 

“En su justificativo, Catini argumenta haber dado la orden de que las empresas comiencen a trabajar una vez preadjudicadas, figura no prevista en la legislación provincial, ya que de lo contrario no se cumpliría con el objetivo del Ejecutivo de que todos los establecimientos escolares se encuentren en óptimas condiciones para el inicio del ciclo lectivo fijado para el 28 de febrero de 2012”, consignó el legislador de la oposición en la denuncia penal, que trascendió ayer.

 

Consideró que “la prueba de que ello no fue así es que las preadjudicaciones se encuentran fechadas bien avanzado el mes de febrero de 2012, lo que implica que las empresas constructoras no hayan dispuesto de tiempo material para realizar las tareas que para el inicio de clases ya se encontraban culminadas”.

 

También solicitó al fiscal que entenderá en las actuaciones que oriente la investigación hacia las empresas que participaron de las contrataciones directas y su “posible connivencia con los funcionarios actuantes, toda vez que en el procedimiento utilizado se han violado y vulnerado la más elementales rfeglas dfe la licitación pública”.

 

ADN