¿Gobierno del pueblo o gobierno de la empresa? ● Magdalena Odarda
Los desaciertos que comenzaron con la derogación de la ley anti cianuro 3981, continúan toda vez que el gobierno provincial no acierta con la designación de los funcionarios que llevarán adelante su política minera en el territorio provincial. Primero designó a un ex funcionario del gobierno militar y ahora, luego de su dimisión, designa al Antropólogo Gustavo Ferreyra quien cuenta con una importante experiencia en el medio privado, asesorando a las mismas empresas mineras con las que, quizás a partir de ahora, deberá vincularse como funcionario del Estado provincial.
La actividad que habría llevado a cabo, al menos en una de esas empresas, sería muy reciente, con lo cual el sentido común obliga a preguntar: ¿dejó de asesorar a empresas mineras?, ¿Las mismas empresas habrán sugerido al gobierno provincial la designación de Ferreyra? ¿Puede haber transparencia en las acciones de un funcionario que deberá acordar desde el Estado con su anterior empleador? Quién estuvo defendiendo los intereses privados de las empresas mineras hasta hace poco, ¿podrá en forma transparente y eficiente defender los intereses de todos los rionegrinos por sobre los intereses corporativos de las mismas empresa que él asesoró? ¿Es ético que un funcionario pase inmediatamente del medio privado al público para defender intereses que son contrapuestos?
Este es un planteo que a mi entender encuentra, desde lo legal, su respuesta en la ley provincial 3550 DE ETICA E IDONEIDAD DE LA FUNCION PÚBLICA, ley que debe ser aplicada rigurosamente para garantizar la transparencia en la función pública. La designación de Ferreyra deber ser mirada a la luz de esta ley y de presupuestos éticos que den tranquilidad a los ciudadanos.
La misma tiene como objeto establecer “…pautas sobre ética de la función pública para el desempeño de cargos en el Estado Provincial, teniendo por objeto el resguardo de la calidad institucional de los tres poderes y el derecho a la información ciudadana, respecto de las condiciones de idoneidad de acceso a la función pública, de la publicidad de los actos y del desempeño ético de todos aquellos que presten servicios remunerados o no remunerados en el sector público.”
La ley es muy clara en sus principios, enumerados en el art. 2 y 4
La idoneidad y honestidad para el desempeño de cargos.
El resguardo de la calidad institucional del Estado Provincial y el derecho a la información de la ciudadanía.
El fortalecimiento del sistema democrático de gobierno, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las leyes.
La promoción del bienestar general, priorizando en todas las acciones los intereses del Estado, privilegiando el beneficio público por sobre el particular.
La garantía de mayor transparencia, registro y publicidad de los actos públicos.
Art. 4: “Los funcionarios comprendidos en la presente Ley deberán garantizar en la actuación los principios de probidad, rectitud, desinterés personal, dignidad, independencia, respeto por las leyes de la Nación y de la Provincia de Río Negro, teniendo el deber especial de velar por el ordenamiento jurídico, la calidad institucional y la preservación de los valores democráticos.”.
El Secretario de Minería de la provincia, designado en esta nueva gestión, fue gerente de Relaciones Comunitarias en la Minera Argenta S.A; de Relaciones Institucionales, Socioeconómicas y Medio Ambiente en la Minera Cielo Azul S.A y del área Socio-Ambiental en el Grupo Grosso y también se desempeñó como coordinador del área de Relaciones Comunitarias del proyecto Minero Navidad en la empresa Minera Argentinas SA, según se difundió en los medios a partir de la información oficial.
El proyecto Minero Navidad se encuentra en Chubut y pertenece a la empresa Panamerican Silver quien adquirió los derechos de explotación del proyecto Calcatreu en Río Negro a la empresa Aquiline Resources.
Si actualmente Ferreyra sigue asesorando a empresas privadas, es algo que desconocemos, pero es fácil comprobar que al menos hasta diciembre del 2011 se desempeñaba como Gerente del Proyecto Navidad de Minera Argenta, subsidiaria de Panamerican Silver, tal como queda demostrado en una nota de prensa del 18 de diciembre del 2011 que puede verse en: http://www.miningclub.com/nota/1061, la que reproduzco en parte a continuación:
“MINERA ARGENTA: Los Festejos por el Día del Minero en Gastre 18-12-2011
El pasado sábado 17 se llevaron a cabo en la localidad chubutense de Gastre, los festejos del Día del Trabajador Minero. Los festejos se desarrollaron en el gimnasio local y estuvieron organizados por la subsidiaria de Pan American Silver, Minera Argenta, que es la operadora del proyecto argentífero Navidad….
Luego se dirigió a los presentes el gerente de Relaciones Comunitarias del Proyecto Navidad, Gustavo Ferreyra, quien agradeció a la comunidad su compañía en esta nueva celebración… Fuente: AIMSA-Chubut…”.
Por todo lo expuesto, he solicitado la intervención de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas con el fin que se arroje claridad en esta designación ante la probable violación de la ley 3550 de Ética de la Función Pública, Artículo 19, inciso b) e inciso f), que determina las incompatibilidades en el ejercicio de la función pública:
b) Ser miembros del Directorio o Comisiones Directivas, acreditarse como representante, gerente, apoderado, asesor técnico o legal, patrocinante o empleado de empresa privada que sean beneficiarias de concesiones o cualquier otra forma de adjudicaciones otorgadas por el Estado Provincial o Municipal y que tengan por esa razón, vinculación permanente o accidental con los poderes públicos.
f) Mantener vinculaciones que le signifiquen beneficios u obligaciones con entidades directamente fiscalizadas por el organismo en que se encuentre prestando servicio….”
Es importante dotar de transparencia la designación de funcionarios, pues cuando el poder económico y los intereses privados encuentran un lugar fértil en los gobiernos provinciales, pasa lo que sucede en la provincia de San Juan: la empresa Barrick Gold Corp., que lleva adelante el proyecto minero Pascua-Lama acumuló un poder tan grande que el mismo gobernador Gioja parece vocero de la misma. Las influencias de la empresa sobre el gobierno impiden la elaboración del inventario de glaciares, y el gobierno provincial, subordinado a la corporación, impide la aplicación de la Ley nacional de Glaciares en su cordillera. Por lo tanto, la conservación de las llamadas “fabricas de agua” -los glaciares-, de las que depende la regulación de los ríos, peligra y su afectación irremediable impactará sobre las actividades económicas regionales tradicionales, el turismo y la vida de los pueblos en estas regiones.
Además, el mito del “desarrollo del interior” se cae a pedazos cuando se conocen las cifras de empleo creadas por la mega minería y el costo social y ambiental que ese supuesto desarrollo representa.
No es una novedad que la pérdida de valores y las prácticas corruptas han invadido los espacios de la vida pública provocando gran confusión en los gobernados. El pueblo no quiere un gobierno subordinado a los intereses de las corporaciones y empresas, quiere un gobierno que esté al servicio de los intereses del pueblo.
Dra. Ma. MAGDALENA ODARDA
LEGISLADORA PROVINCIAL BLOQUE PROGRESISTA CC-ARI