Amplían restricciones para ejercer cargos públicos a ex funcionarios de la dictadura militar

Viedma.- La Legislatura aprobó este mediodía por unanimidad un proyecto de ley presentado por la legisladora Silvia Horne con el fin de sumar limitaciones al acceso a cargos públicos electivos a quienes tuvieron responsabilidades jerárquicas en la administración pública durante la dictadura militar en el período 1976-1983.

Con ese fin, la parlamentaria propuso la reforma de varios artículos del Código Electoral y de Partidos Políticos de Río Negro para que se incluyan inhabilidades «en función de que los candidatos no hayan sido funcionarios en gobiernos dictatoriales, ni estar comprendidos en los incisos (de la norma) que implican no haber estado condenado como autor, partícipe en cualquier grado, instigador o encubridor en los delitos de desaparición forzada de personas, homicidio, tortura, privación ilegítima de la libertad, supresión, sustitución o falsificación de identidad»

Horne apuntó que del mismo modo la ley abarcará a quienes «hayan sido condenados por los delitos de robo, defraudación, estafa, malversación de fondos públicos o privados o falsificación de instrumentos públicos o privados, o cualquier otro delito cometido en ocasión o para facilitar, promover o encubrir graves violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad».

En una tercera modificación a la legislación vigente en materia electoral y de partidos políticos, explicó que estarán también inhibidas «las personas contra las que exista prueba de participación exteriorizada a partir del dictado de procesamiento como autor, instigador o cómplice» de los delitos tipificados anteriormente.

También incluyó en este contexto a quienes «hayan usurpado cargos en el mencionado período de interrupción constitucional, así como a aquellos que ejercieron cargos jerárquicos militares o funciones de responsabilidad o asesoramiento político en un gobierno no constitucional, en cualquier dependencia del Estado, organismo centralizado o descentralizado, sea a nivel nacional, como provincial, municipal o en comisiones de fomento».

Horne señaló que esta norma incorpora «el requisito de una declaración jurada previa a asumir un cargo político o la postulación de un cargo electivo».

La parlamentaria manifestó a la Cámara que «con estos elementos se da lugar a tener herramientas que permitan poner en vigencia el precepto consitucional, pero que no ha podido ser puesto en práctica hasta hoy, lo que ha generado situaciones de conflicto que debiéramos haber ya definido a 30 años de haber recuperado la democracia».

En algunos párrafos de su exposición, agradeció a los legisladores de todos los bloques, «los aportes que han desarrollado durante la discusión ya que han enriquecido y clarificado el proyecto».

Otras voces

Luego del extenso alegato de la legisladora Silvia Horne, se sumaron a la defensa del proyecto los legisladores Ricardo Ledo (Unidos por Río Negro) y Darío Berardi (Alianza).

En primer lugar, Ledo pidió a la autora que tenga en cuenta una serie de sugerencias que aún aportará desde su bloque para enriquecer la inciativa durante el trámite de la primera y la segunda vuelta.

Explicó la importancia de «incorporar los cargos de la Justicia que no fueron taxativamente enunciados» y dejar establecido que «hay una diferencia entre cargo electivo y cargo a cubrir en el gobierno». Será necesario, dijo, «no dejar margen de dudas, error o interpetación» y «que no queden resquicios» al momento de la implementación de la ley.

Berardi, por su parte, luego de anticipar el voto positivo del bloque al que pertenece, calificó de «muy saludable y de absoluta coherencia» el tratamiento de este proyecto en esta Cámara «en la que hoy sancionamos en doble vuelta el retiro (de toda oficina pública) de fotos, cuadros y retratos de quienes tuvieron responsabilidades durante la última dictadura militar en el país».

 

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