Cuando la justicia mira de reojo ● ADN
La difundida contratación directa por más de 2.600.000 pesos que hiciera la Secretaría General de la Gobernación y que ya mereció observaciones por parte de la Contaduria General de la Provincia y la Fiscalía de Estado, obliga a una pregunta de rigor que emana naturalmente ante el conjunto de irregularidades.
El tema fue ampliamente publicado por ADN y los principales medios rionegrinos y alcanzó repercusión nacional. Clarín, Perfil y La Nación, entre otros, también difundieron los pormenores de los gastos de la visita.
Por qué no actuaron la Procuración y los fiscales. Ningún funcionario con competencia se preguntó si debía actuar de oficio, porque ya nadie puede justificarse en el desconocimiento.
Hacen como si nada sucedió. Antes jueces y fiscales actuaban diligentemente ante la mera presunción de delitos denunciados por legisladores, dirigentes políticos opositores y la ex defensora del Pueblo, ahora legisladora oficialista.
Existieron casos en que actuaron fiscales por una denuncia anónima, dejando un papelito en el parabrisas de un automóvil, magistrados que allanaban edificios públicos previo aviso a los periodistas y hasta se pidieron desafueros. Incluso una vez se allanó la Casa de Gobierno en busca de cuatro decretos que estaban publicados en el boletín oficial.
Ante este escandaloso caso la Procuradora no ordenó intervención alguna, más parece preocupada por llegar al Superior Tribunal de Justicia, cuando amplíe sus miembros, que cumplir con sus funciones.
Igual crítica les corresponde a fiscales, como también a la Defensora del Pueblo y su Adjunta, en defensa de la ciudadanía rionegrina. Esta pasividad no hace más que generar incertidumbre en la gente, desconfianza y lesionan la calidad institucional.
Faltará luego la opinión del Tribunal de Cuentas, interesado hasta el momento, más por impedir el mate cocido de los empleados, las licencias personales o derogar conquistas laborales, que ejercer el control posterior de los funcionarios de este gobierno.
Igual comentario le cabe al Fiscal de Investigaciones Administrativa que no movió un dedo. Será que, al igual que otros contralores, como juró por Carlos Soria y el peronismo y no se siente comprometido en virtud de que el gobernador es del Frente Grande y no está en juego el partido.
¿Quién asumirá la responsabilidad de pagar ahora estos gastos, aún por legítimo abono? ¿Cómo se demuestra la urgencia y la razonabilidad de las ofertas? Se violaron la ley 3186 y su decreto reglamentario y la ley 4187 del compre rionegrino y se adulteraron las fechas de la publicación respecto a la apertura de ofertas.
Se facturaron montos irreales para pagar a quienes trabajaron y no podían facturar, o sea se expuso a gente sin cobertura legal y de accidentes. Se negociaron ofertas previas a la convocatoria de oferentes, se pretendió abonar el gasto de fuegos artificiales cuando no se usaron.
Todo esto hizo el Estado y a nadie llamó la atención.
El gobierno ante la conocida visita de la Presidente y sabiendo que debía
asumir gastos por su cuenta, tendría que haber acudido a los que saben. Esto es, preguntar al Contador General y al Fiscal de Estado sobre los procedimientos legales establecidos por la Constitución y la legislación vigente para asumir el gasto.
De seguir así nada lo hará distinguirse de la cuestionada administración anterior y lo que es más grave aún perderá la confianza de la ciudadanía.