Dirigentes de ASUPOLP señalan “persecución y discriminación” contra policías

Viedma (ADN).- Directivos de la Asociación Unión del Personal Policial y Penitenciario (ASUPOLP) promovieron un mandamiento de prohibición ante el presidente del Superior Tribunal de Justicia para obtener una orden judicial contra el gobernador Alberto Weretilneck, con el propósito que cese “la persecución y discriminación hacia los policías” adheridos a la entidad. Reclamaron además el cese de sumarios, el archivo de los mismos, toda prohibición de reunión y aplicación de represalias -según calificaron- contra la propia actividad de la ASUPOLP.

La presentación fue efectuada por Néstor Luna y Américo Yanca, invocando la calidad de secretarios general y gremial y de Interior –respectivamente- de ASUPOLP, con el patrocinio letrado de los abogados Adrián Dvorzak y Damián Torres.

Tal presentación está siendo analizada en ámbitos de la Justicia provincial y, en ese contexto, ayer la procuradora general Liliana Piccinini emitió un dictamen considerando que “no se encuentra munida la presentación de los recaudos esenciales que habilitan la excepcional vía intentada, debiendo el Superior Tribunal de Justicia proceder a su rechazo por resultar formalmente improcedente”.

Al relatar las circunstancias que motivan su presentación, Luna y Yanca sostuvieron que son una asociación gremial en formación que nuclea a trabajadores que prestan servicios de “seguridad ciudadana o del orden”, diferenciándose de las fuerzas comprendidas en la Ley 18711 e identificando el expediente en el que tramita la solicitud ante el Ministerio de Trabajo y Empleo de la Nación para ser tenidos como sindicato de primer grado.

Individualizaron al sujeto pasivo de la acción de amparo/prohibimos y señalaron al gobernador, para luego individualizar al jefe de la Policía como “ejecutor de acciones orales y escritas, coercitivas y persecutorias”, las que focalizaron en la orden del día Nº 087, artículo 6º Comando, del 14 de mayo de 2012, agregando que el funcionario “desconoce a ASUPOLP, desatiende los reclamos de los empleados públicos policiales y discrecionalmente sanciona a los agentes adheridos”.

Apelaron a la figura del mandamiento de prohibición, por considerar que el referido funcionario público actúa “violando los derechos sindicales (reunión, participación, adhesión), habiendo intentado el diálogo mediante la vía administrativa sin obtener respuesta alguna a los reclamos formulados, infringiendo daño moral, laboral y económico a los presentantes”.

Señalaron además que “la emergencia radica en la inmediatez que se necesita para salvaguardar el destino de los trabajadores perseguidos, así como los antecedentes sobre sus legajos personales”.

Por su parte, la procuradora general puntualizó que en el petitorio de esta presentación se solicita al Superior Tribunal “de manera confusa” que se tenga por interpuesta la acción , no ya contra el gobernador o el jefe de la Policía, sino contra la institución “Policía de Río Negro”; luego que se ordene a las autoridades policiales tenga por reconocida a la ASUPOLP, lo cual “no es mandamiento de prohibición, sino mandamiento de ejecución” y señaló la funcionaria que “reclaman una declaración de inconstitucionalidad que no fundamentan, finalmente, que se haga lugar al mandamus de prohibición, lo cual conlleva en sí mismo una contradicción”.

La cuestión será examinada en breve por el Superior Tribunal. (ADN)