Sancionaron la ley que restituye la «zona desfavorable»
Viedma.- Por unanimidad, el Parlamento rionegrino sancionó ayer la iniciativa del Ejecutivo provincial que establece el pago del adicional por ubicación en “zona desfavorable” para los agentes comprendidos en el Régimen Retributivo Transitorio (Ley L Nº 3959) y los Escalafones Sanitario (Ley L Nº 1904) y Penitenciario (Ley S Nº 4283).
El adicional será del cuarenta por 40 por ciento del total de la asignación básica y tendrá carácter remunerativo y no bonificable.
El Consejo Provincial |de la Función Pública y Reconversión del Estado determinará pautas y cronograma para la percepción progresiva del adicional, que no podrá exceder los 24 meses desde la entrada en vigencia de la ley.
Como miembro informante, el titular del bloque Frente para la Victoria, Pedro Pesatti, destacó que “esta norma viene a restituir un derecho y a reparar las situaciones y momentos que les tocaron vivir a los empleados estatales en las últimas décadas”.
Expresó que constituye un paso importante en función del compromiso que el gobierno actual tiene “de reconstruir la carrera del trabajador estatal sobre la base del mérito, de la idoneidad, igualdad de oportunidades, para devolverle la posibilidad de volver a pensar que, en su paso por la administración pública, también hay una posibilidad de progreso personal y material”.
Señaló que este derecho involucra un universo de 16.131 empleados que hoy no cobran esta bonificación, que el resto de los empleados está cobrando, y por lo cual, “hay una situación de desigualdad que estamos buscando reparar con esta ley”.
Reconoció que se trata de un esfuerzo significativo para el presupuesto provincial y explicó que, en una primera etapa, la aplicación de recursos demandará una erogación mensual de 7.8 millones lo que a fin de año representará de 51 millones de pesos. El costo final, cuando se cubra al 100 por ciento, constará de 30 millones de pesos por mes, lo que al cabo de un año, significará unos 300 millones de pesos.
Francisco González (Concertación) explicó el motivo de la suspensión por parte del gobierno radical de ese haber en 2005, detallando que en ese momento se cambió un adicional por otro, es decir, se quitaron más de 50 ítem que componían el salario de los empleados públicos provinciales, aumentando el básico de cada trabajador. Con esto, afirmó, subieron los sueldos en un 60 por ciento.
Además, consideró muy amplio el lapso de 24 meses para su puesta en vigencia, sugiriendo que puede haber desigualdades. Asimismo, el legislador propuso modificaciones, a pedido de los gremios, relacionadas con aquellos empleados públicos que están a punto de jubilarse y que si no llegan a cobrar este beneficios.
El legislador Ricardo Arroyo (FpV), en respuesta a lo manifestado por González, afirmó que “aunque se intente disfrazar, hubo una ley que quitó un derecho” y que las finanzas del Estado provincial del 2003 al 2011 fueron consecuencia de los años anteriores que gobernó el mismo partido.
Magdalena Odarda (ARI), por su parte, afirmó que es obligación de todo legislador velar por los derechos de todos los trabajadores y por eso considera muy importante este reconocimiento.
Expresó que si bien este proyecto es producto de una decisión política, “tiene su base en la lucha de los trabajadores y dirigentes gremiales de esta Provincia”.
La legisladora consideró que hay que seguir avanzando en este logro y dar respuesta al “reclamo en el blanqueo inmediato de todas las sumas en negro o no remunerativas que hoy conforman un 60 o 70 por ciento del salario de los trabajadores”.
Sergio Rivero (FpV) manifestó que “los representantes de los trabajadores somos nosotros, este gobierno que tuvo la decisión de devolverle a los empleados públicos lo que le había sacado el gobierno anterior”.
Pesatti cerró el debate afirmando que “es una gran noticia para los trabajadores de esta Provincia” y los invitó a mirar hacia adelante.
PODER LEGISLATIVO