Análisis del Decreto 1277/12 de Soberanía Hidrocarburífera ● José Rigane

El viernes 27 de julio se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 1277/12 de reglamentación de la Ley 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera. Allí como medida principal se establece la conformación de una Comisión de Planificación y Coordinación de las Inversiones Hidrocarburíferas, que sería inicialmente presidida por el Viceministro de Economía, Axel Kicillof, con el acompañamiento del Secretario de Energía, Daniel Cameron, y el Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. La misma deberá intervenir y trabajar fuerte en un sector que se encuentra en una grave y profunda crisis pese a 10 años de administración kirchnerista. Lamentablemente se ha obviado el sector transporte, íntimamente relacionado con el área energética.

Este nuevo ente público tendrá la posibilidad de fijar inversiones, precios y topes de ganancias a las empresas, así como sancionar y vetar concesiones en el caso de incumplimientos. Siempre teniendo como meta, el cumplimiento del objetivo prioritario que señala la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, que declaró, junto a la expropiación parcial de YPF, de interés público nacional el autoabastecimiento de hidrocarburos, así como su exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización. Es un paso hacia la reconstrucción de un sector nacional y racionalmente integrado que fue orgullo de los argentinos.

Sin perder de vista el penoso debut de la flamante comisión con el aumento de un 300% el precio del gas para estaciones de GNC, sin que nada se diga sobre la equiparación del precio del gas de garrafas (GLP) con el del gas por redes, como lo era hasta julio de 1989, se debe señalar que es saludable –en términos generales- la creación de un organismo que ponga las cosas en su lugar, otorgándole al Estado Nacional la potestad de intervenir en las decisiones –y negociados- de los gobiernos de las provincias productoras (OFEPHI) quienes, con el aval del gobierno kirchnerista han sido los garantes de las extraordinarias ganancias de los grupos empresariales trasnacionales.

Ello debe implicar, sin dudas, la recuperación de la llamada renta petrolera y energética. La riqueza del suelo es de todos los argentinos, porque son varias las generaciones que han contribuido a lo largo de la historia energética a la obtención del actual grado de desarrollo de la actividad en el país.

Por otro lado, también se debe destacar la modificación del concepto de “commodity” como forma de definir los resultantes de la producción por el de “bien estratégico”, lo que permitiría regular los recursos escasos por encima de los criterios que pretende imponer el mercado y los oligopolios de la energía. Nosotros hace tiempo venimos denunciando que esta elaboración otorgaba el sustento legal para la gran fuga de la riqueza de nuestros suelos que se produjo desde la privatización del sector.

Finalmente en la ley y su aplicación se derogan artículos de la mal llamada “desregulación”, que no fue otra cosa que una “re-regulación” a favor de los grupos extranjeros que controlan los recursos gasíferos y petroleros. El mercado, dejó en manos de los “trusts internacionales del petróleo”, como lo llamaba Enrique Mosconi, decisiones que nos llevaron al vaciamiento del sector.

Con esta nueva normativa, “se deroga la libre disponibilidad de la producción (Decreto 1055/89) y el correspondiente artículo de desregulación del mercado de hidrocarburos (Art.1 del 1212/89). También desaparecen los referidos a la libre importación y exportación y la libertad de precios y los N° 3 y 5 del 1589/89 sobre la exención de aranceles de exportación e importación y se confirma la eliminación de la libre disponibilidad del 70% de las divisas obtenidas por exportación”.

Como podemos ver, toda una batería legal que hasta el menos avezado en la materia se puede dar cuenta de lo poco soberana de la situación actual. Por supuesto que este tema cobra mayor importancia ya que tiene la especial característica de ser un recurso escaso, estratégico y codiciado por la humanidad.

Al mismo tiempo, preocupan manifestaciones presidenciales a favor del “modelo mixto” que no es otra cosa que el privatismo estenssorista; como también la participación en el directorio de YPF SA de representantes de las provincias productoras y de gremialista que se han destacado en la participación de la privatización de la YPF pública y que se muestran, actualmente, como acérrimos defensores del modelos de mercado vigente.

En este sentido, nosotros hemos dicho que la expropiación del 51% de las acciones de YPF era un paso adelante pero aún insuficiente dado el grado de extranjerización del sector; abarca sólo el 30 % del mercado, pero el 70 % restante queda en manos de multinacionales mayoritariamente extranjeras.

Ahora vemos que se ha dado un paso positivo y el Estado Nacional cuenta con las facultades para realizar los cambios necesarios en dicha materia. Como trabajadores de la energía, no debemos bajar los brazos en esta lucha que tiene más de 20 años y seguir impulsando la des-mercantilización de los recursos estratégicos y que los beneficios de esta producción estén al servicio de los trabajadores y las grandes mayorías del pueblo.

El sector de los hidrocarburos está, en su gran mayoría, en manos privadas y extranjeras. De continuar así, nunca podremos lograr una soberanía energética clara hasta que no pensemos en los recursos hidrocarburíferos como un bien social y no con la lógica del negocio. Es a partir de ésta lógica mercantil que podemos entender por qué estamos atravesando hoy esta crisis energética estructural en Argentina de la cuál no se sale solamente con tarifazos. El problema sigue siendo el régimen de producción energético, su carácter mercantil y la necesidad de transformar a la energía en un derecho del conjunto de la sociedad.

José Rigane es Secretario Adjunto de la CTA; Secretario General de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA-CTA): Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata.