Caso Mazzaglia: Concejales refutan que hay competencia del Contralor
Bariloche (ADN).- El debate respecto de quién debe hacerse cargo de la situación del defensor del Pueblo, Vicente Mazzaglia, sigue su curso a contrarreloj. Ahora el Concejo Municipal prepara una respuesta al Contralor que se declaró incompetente y lo exhortará a cumplir la Ordenanza contra la violencia laboral.
El Tribunal de Contralor informó la semana pasada al Concejo que no tenía competencia en tratar el caso del defensor del Pueblo –suspendido temporalmente hasta el 5 de septiembre por denuncias de maltrato laboral por parte de todo el personal femenino del organismo- y remitió las actuaciones que meses atrás había derivado el área de Recursos Humanos.
El Contralor aduce que su competencia es exclusiva en casos de finanzas y que afecte al patrimonio municipal, sin embargo los concejales insisten en que el texto de la Ordenanza de violencia laboral permite a Recursos Humanos (dependiente de Secretaría de la Función Pública y Control de Gestión) derivar el caso al Contralor cuando se trate de un funcionario político.
Los concejales en su misiva “exhortan a los organismos competentes definan la cuestión de inmediato”, según pudo conocer ADN. Paralelamente, el cuerpo se reunió esta semana con los integrantes del TC y harán lo mismo con referentes de Recursos Humanos para definir la situación.
Para los concejales el Contralor al aceptar las actuaciones remitidas por Recursos Humanos en junio pasado con el objetivo de continuar la investigación por el presunto caso de violencia laboral, aceptaron su competencia y su finalidad “no fue tomar conocimiento sino como bien expresó el propio Tribunal, se le enviaron a los fines de que resuelva”.
Recuerdan además los ediles que la ordenanza de violencia laboral que fija una nueva facultad al Contralor para actuar en casos de violencia cuando se trate de un funcionario político, es posterior a la norma que fija las funciones del Tribunal de Contralor, donde no se incluída facultad para tratar casos que refieran al comportamiento de los funcionarios.
Por su parte, el Ejecutivo no ha respondido a su falta de reglamentación de la Ordenanza cuyo plazo venció en febrero y que permite que se realicen diversas interpretaciones ante la ambigüedad del texto en algunos puntos, además de que no existen aún sanciones precisas en caso de acreditarse la violencia en el ámbito laboral.
Con la misiva que los concejales enviarán al Contralor se vuelve a abrir la incertidumbre respecto de quién se hará cargo de la situación del defensor que debe ser resuelta antes del 5 de septiembre o bien se debería prolongar su suspensión del cargo, hasta que concluyan el sumario. (ADN)
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