El acceso a las costas de ríos y lagos, cada vez más restringido

Capital Federal.- El proyecto de reforma del Código Civil propone reducir 20 metros el espacio de playa pública. Se teme que afecte el control de los recursos naturales.

La polémica es también por la naturaleza: por el acceso a los lagos y a los ríos, y por el control, finalmente, de la tierra y el agua, consigna el diario Clarín que realizó una cobertura especial en Bariloche y la región por el tema.

El Gobierno tiene prevista para fin de año una reforma integral del Código Civil. Significa que el conjunto de normas jurídicas que regula la vida de los argentinos –matrimonio, contratos, propiedad, herencia y más– será modificado por primera vez en 143 años.

Para eso, una comisión de juristas encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, diseñó la nueva batería de artículos y viene presentando el anteproyecto como “una obra para los próximos 100 años”, en una serie de audiencias llevadas a cabo en todo el país. Durante esos encuentros, organizaciones civiles, particulares e instituciones pueden plantear inquietudes y solicitar modificaciones al original, en un tiempo previo al debate parlamentario.

Se sabe que el oficialismo pidió la reescritura de puntos referidos a la responsabilidad civil del Estado. Y también que la Iglesia objetó artículos relacionados con la concepción de la vida. Pero casi nada se dijo hasta ahora sobre lo que el nuevo Código establece en materia de acceso al Medio Ambiente. Y esta semana, durante la escala de presentación en Neuquén, el padre de Cristian González, un chico asesinado por el guardia de un complejo de cabañas mientras pescaba en las costas de un río “privatizado” de San Martín de los Andes ( ver “El crimen…” ), objetó un artículo también rechazado por organizaciones civiles.

En su artículo 2.369, el Código Civil actual plantea que los propietarios limítrofes con ríos o canales que sirven a la comunicación por agua, están obligados a dejar un camino público de 35 metros hasta la orilla y que no pueden intervenir en ese espacio. El proyecto de reforma, en cambio, en su artículo 1974, establece que el dueño de un inmueble colindante con orillas de cauces o sus riberas, aptos para el transporte por agua, debe dejar libre una franja de terreno de quince metros de ancho. Es decir, la reforma reduciría 20 metros el espacio de costas libres.

Para los juristas que diseñaron el artículo se trata del regreso a la medida del “camino de sirga”, algo que estaba en desuso. “Si daña al medio ambiente no lo sé –dice el civilista Claudio Kiper, asesor del proyecto de reforma–, pero sí está claro que favorece al dueño.

Se habrá considerado que no era necesario tanto espacio”.

¿Qué representan esos 20 metros? Según la Asociación Argentina de Abogados ambientales y el CELS, un perjuicio para la naturaleza y una restricción mayor a que la gente pueda hacer uso de un bien común. “Por un lado, esos 35 metros –explica el abogado Enrique Viale– son un corredor biológico que garantiza la conservación de biodiversidad. Pero con la reducción habrá un beneficio extra para los propietarios: antes no podían intervenir en ese espacio. Les pertenecía, pero debían dejar libre el camino público. Pesaba sobre ellos una restricción al dominio y era ilegal edificar en esa zona. Con esto podrán cercar más el recurso natural , lo que sucede en muchos lagos y ríos del país”.

Es imposible calcular la cantidad de kilómetros de costas que se verían afectados por esta modificación. Pero sí es concreto que actualmente está costando sacrificios que los privados cumplan con el libre tránsito ya existente de costas de ríos, arroyos y lagos. Eso fue, justamente, lo que confirmó Clarín esta semana, luego de un viaje de 400 kilómetros por una franja de concentración de naturaleza en la Patagonia norte, paradigma de la problemática.

La costa este del lago Nahuel Huapi, en Bariloche, es una franja de 25 kilómetros sembrada de obstáculos que luce cada vez más fragmentada por propiedades que avanzan sobre las playas. Los dueños construyen muelles, rellenan sin permiso y bloquean el paso con alambres o barreras naturales. Los controles parecen ineficaces.

Existen 19 acciones judiciales contra privados que edificaron sobre la costa hoteles o casas lujosas.

De las 99 bajadas públicas al espejo de agua, más de la mitad están bloqueadas. “Quizás puedas llegar a la costa, pero no circular porque aparecen elementos que impiden el paso o perros rotweiller”, explica Ana Weiman, de la agrupación Vecinos en Defensa de las Costas Libres.

La mujer invita a caminar por la orilla para chequear aquello que expresa. A la altura del kilómetro 12, en una zona conocida como Bahía Serena, no se puede avanzar más de 300 metros hacia un lado u otro. Lo mismo dos kilómetros al Sur: una mega casa en construcción parece posarse casi sobre el agua, por encima de la línea de ribera que determina la frontera entre lo público y lo privado.

80 kilómetros hacia el norte, en Villa la Angostura está casi naturalizado que los pobladores deben pedir permiso a condominios privados para llegar hasta la orilla del lago o de los ríos. “Las bajadas están ocultas y no son más de ocho. Pero si vas a la playa municipal podés ver cómo las mansiones se meten en el agua. Nosotros estamos habituados a tener que abrir tranqueras o cruzar alambrados para llegar a la orilla”, explica Emilia Edelstein, en otra parada de la recorrida. “Un caso clave es el de Lago Espejo –agrega Gerardo Ghioldi–. Con autorización de Parques Nacionales, los nuevos dueños de la única hostería que hay en el lugar, cercaron una playa que todos usábamos”.

El escenario de naturaleza cercada conecta con otro interrogante y debate de fondo acerca del uso que hacen del recurso acuífero los que controlan el acceso. Para entenderlo, está el caso de El Bolsón y la presencia del inglés Joseph Lewis, dueño de la totalidad de la tierra que bordea al Lago Escondido. La última información asegura que el magnate británico quiere construir una represa hidroeléctrica para aprovechar el agua y venderle energía al Estado.

En Esquel, por ejemplo, se espera desde hace un año que el municipio convierta en ordenanza un proyecto para proteger el libre acceso a las costas. Su autor, el abogado Gustavo Macayo, dice: “Son muy conocidas las restricciones que impone la multinacional Benetton al libre acceso del río Chubut –explicó-. Su propiedad ocupa casi la cuarta parte del curso de ese río, el más importante de la Provincia”.

Hay consenso sobre el temor concreto que genera la modificación, sin debate, de este aspecto del Código: los consultados temen que esa diferencia de metros repercuta en mayores dificultadas para acceder a los recursos naturales.

Pero no es una cuestión exclusiva de la Patagonia.

Ni el Ricahuelo logra escapar de esto. La ciudad de Buenos Aires, en base a la legislación vigente, estableció en 35 metros el camino ribereño del río Matanza, otorgándole carácter de uso público y libre acceso. La recuperación de ese espacio de 35 metros, que ahora podría bajar a 15 metros, es uno de los pilares fundamentales en el plan de saneamiento establecido por la Justicia en la causa que trata la contaminación del río más emblemático de la Ciudad. La contracara de los lagos y ríos cristalinos, pero igual de amenazados, del resto del país.

 

 

FUENTE: Clarín