Juzgado de Roca tendría competencia para investigar presunta mala praxis médica

Roca (ADN).- El Juzgado de Instrucción Nº4, de General Roca, podría tener competencia para entender en las actuaciones judiciales vinculadas con la presunta mala praxis médica, por la cual habría fallecido –hace poco más de dos años- un hombre, según la denuncia que formuló su esposa, también médica. Un juez roquense fue quien inicialmente intervino en el caso.Las actuaciones se iniciaron el 31 de julio de 2010 en la Comisaría Tercera. de General Roca con la denuncia expuesta por una médica forense, quien adjuntó fotocopia del certificado de defunción de su marido, que sufrió un aneurisma de aorta abdominal.

Describió que fue citada con su esposo para su internación en la semana del 23 de julio de ese año, ya que “los estudios realizados evidenciaban la urgencia de internación, sugiriendo el doctor C. que aguardara la confección de una nueva prótesis y le comunicó que la nueva intervención sería el 27 de julio, concurriendo a las 15 junto a su esposo a la Fundación Médica, donde le informaron que él ingresaba a quirófano a las 8, siendo postergada su intervención por el ingreso de una urgencia hasta las 13, intervención que en definitiva se postergó hasta el otro día…”.

Más adelante, la médica hizo constar contradicciones entre dos profesionales colegas por el tratamiento, tras lo cual ella realizó un amparo judicial ante el Juzgado en turno, el cual quedó radicado en la Cámara Laboral, con el propósito de efectivizar la práctica médica a su esposo en la Fundación Médica de Río Negro y Neuquén, en la ciudad de Cipolletti.

Según la documentación judicial, uno de los médicos explicó que la intervención se pospuso porque “el IPROSS no había efectivizado el pago de prótesis”.

Cuando este caso llegó a ámbito de la Procuración General del Poder Judicial se observó que “cierto es que la denunciante relata los hechos que, a su entender, habrían producido finalmente el deceso de su esposo el viernes 30/07/2010. Pero no es su relato el que motoriza o excita la acción penal, sino la intervención policial que pone en acto el anoticiamiento a la Magistratura”.

Según el expediente oficial, el juez de Instrucción Emilio Stadler, al receptar las actuaciones policiales procedió a ordenar varias medidas: tales como autopsia por el médico Marcelo Uzal, del Cuerpo Médico Forense de Cipolletti, autorización a presenciar el acto en la morgue judicial de Roca a la denunciante, teniendo en cuenta su condición de médica, exhortos al Juzgado de Instrucción Nº 4 de Cipolletti solicitando secuestro de historia clínica del paciente y estudios complementarios relacionados en la Fundación Médica de Río Negro y Neuquén.

También, el secuestro de documentación que obre en esa institución relacionada con el pago relativo a la intervención quirúrgica que debía practicarse al paciente recepción de declaración testimonial de la denunciante y oficio al presidente del IPROSS requiriendo documentación, entre otras medidas.

Finalmente, en un dictamen emitido el lunes pasado, la procuradora general Liliana Piccinini sugirió que el Superior Tribunal de Justicia debe resolver el conflicto de competencia territorial entre los Juzgados de Instrucción Nº4 de Cipolletti y el Juzgado de Instrucción Nº4, de General Roca, adjudicando la misma al titular de ese último Tribunal porque “previno y quien deberá fijar el hecho a reprochar en toda su extensión; facilitando el recto curso del proceso y garantizando-eventualmente- el control de la debida congruencia procesal”. (ADN)

 

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