Pecado original ● ADN
La gestión de Carlos Soria se inició con un paquete de leyes remitido a la Legislatura, bajo el título de “fundacionales” de la nueva gestión. Basta con revisar el diario de sesiones del parlamento rionegrino para recordar los fundamentos, exposiciones y argumentaciones de los legisladores del oficialismo, por ejemplo de Pedro Pesatti, actual titular del bloque y Ana Ida Piccinini, presidente de la Comisión de Constitucionales, “única abogada” de la bancada oficialista, como le gusta decir.
La base del discurso oficial, cimentado en promesas de campaña, tenía cuatro tópicos. La emergencia económica, poner en disponibilidad a todos los empleados públicos, derogar la ley que impedía la explotación minera a cielo abierto con uso de cianuro e incrementar los haberes de los funcionarios.
Este paquete normativo fue un fracaso, sus resultados generaron una implosión en el gobierno y el FpV. Aquella gesta fundacional se derrumbó como un castillo de naipes.
El peronismo vuelve sobre sus pasos sin la más mínima crítica. Los legisladores que responden a Miguel Pichetto y que defendían con uñas y dientes cada una de estas medidas hoy sostienen argumentos diametralmente opuestos a los de principios de año, sin que se les mueva un pelo.
Decir que estas medidas hoy no tienen vigencia porque Soria no está es por lo menos una mentira piadosa, una excusa para salir del paso.
No se reconoce que cada una de estas medidas es inadecuada, y de difícil aplicación si no se quiere cometer injusticias, menos aún en un escenario de confrontaciones internas.
La Disponibilidad pendía sobre la cabeza de más de 20 mil empleados públicos como la espada de Damocles. Prometía dejar en la calle a siete mil empleados-ñoquis y daba paso para que cada funcionario o jefe ejerciera persecución, maltrato y acoso laboral. Sobraron ejemplos y parte del periodismo de Viedma fue el primero que denunció estos atropellos.
La emergencia económica eliminaba contratados y ponía en la mira la deuda del Estado. Se prometía investigar cada pago y se derivó su análisis a la Comisión de Transacciones. Nada se hizo, sólo se pretendía buscar pruebas de la corrupción denunciada y menos aún se informó con claridad sobre la deuda.
En los principios del gobierno se habló de 600 millones, luego fueron 300 millones, ahora parece que no llega a los 200 millones. Todo un galimatías para en definitiva no pagar o para pagar sólo a algunos por inconfesables razones.
La explotación minera a cielo abierto fue otro despropósito fundando sólo en una promesa al gobierno nacional, con sospecha de negocio minero al estilo de lo que sucede en el noroeste argentino.
Los legisladores justicialistas ni siquiera leyeron la carta de Perón del 21 de febrero de 1972, donde denunciaba “la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente” y reclamaba conciencia de “los dirigentes políticos”.
Se aplicaron los megasueldos mientras de despedían empleados. Se equiparó el haber del gobernador y presidente de la Legislatura con el presidente del Superior Tribunal de Justicia, en realidad un enganche con el Judicial que se fija su propia remuneración.
El justicialismo, que no presentaba plan de gobierno ni tenía -ni siquiera en esbozo- un proyecto de provincia para ofrecer a los rionegrinos, dejaba su destino librado al voluntarismo y se sometía exclusivamente al azar.
Se derrumbó. La implosión fue obra propia y el resultado le corresponde sin atenuantes porque no hubo conjuras, maniobras externas o factores exógenos que atentaron contra el éxito que se pensaba fundar sobre la base de estas normativas que finalmente constituyeron el pecado original de todos los males posteriores.
Viendo el destino final de estas medidas se puede explicar el momento en que se encuentra hoy la crisis del gobierno, el FpV y el partido justicialista.
¿Habrá una nueva etapa fundacional? Sólo el tiempo lo dirá. Lo que está claro que Río Negro merece un esfuerzo de los dirigentes de todos los sectores y respeto irrestricto por la institucionalidad.