Fuerzas de seguridad: «Se generó una industria del juicio, un verdadero descalabro»
Capital Federal.– El jefe de Gabinete aseguró que “hubo un festival de prácticas judiciales con mandos de las fuerzas”, ya «el 60% del personal de Prefectura y Gendarmería tenían los haberes judicializados”.
El jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina anunció este martes junto al ministro de Economía, Hernán Lorenzino, que se subsanarán las «graves irregularidades» en las liquidaciones de haberes de prefectos y gendarmes, que redundarán en un aumento «sustancial de sueldos».
Al mismo tiempo, aseguró que se presentaron denuncias ante la Justicia contra organizaciones que habían «judicializado» haberes en las fuerzas generando «inequidades» y «un desquicio administrativo».
«Garantizamos que en la próxima liquidación todos van a recibir los haberes correspondientes sin ningún tipo de disminución. Los únicos que se van a ver perjudicados, y no vamos a hacer nada para evitarlo, son los que usufructuaron con medidas cautelares para cobrar cifras exorbitantes», sostuvo Abal Medina en la conferencia que brindó este martes a la tarde junto al ministro Lorenzino, en la sede del Ministerio de Economía.
El gobierno avanzó con las medidas sobre los haberes de las Fuerzas de Seguridad a partir de un fallo de la Corte Suprema, conocido como «fallo Zanotti», luego que el Estado presentara un recurso extraordinario contra una sentencia anterior también de la Corte (“Salas”), en el que se determinó que los aumentos no remunerativos de 2005 a 2009 debían aplicarse no sobre el sueldo bruto sino sobre el haber mensual, sin antigüedad ni adicionales.
A la vez, el fallo destacaba que debían calcularse siempre sobre el sueldo vigente en 2005 y no sobre el acumulado de cada año.
En ese contexto, Abal Medina anunció que ya presentaron ante la justicia pruebas sobre presuntas maniobras delictivas de un grupo de abogados, algunos de los cuales reportan en las fuerzas, y jueces, que beneficiaron con medidas cautelares a las cúpulas.
Las cautelares eran tomadas por jueces de familia, claramente incompetentes, que dictaban la medida, la notificaban y luego se declaraban incompetentes. Al revisar estos datos, creemos que hay cautelares que iban por autopista y el levantamiento de las mismas iban por caminos de tierra», ejemplificó el Jefe de Ministros.
Por su parte, Lorenzino señaló que «el decreto 1307» sancionado la semana pasada hará remunerativo entre el 80 y 90 por ciento del haber.
En ese sentido, el jefe de Gabinete señaló que a partir de su regularización “la gran mayoría” del personal de las fuerzas verá mejorados sus haberes.
Por otro lado, y ante una consulta de un periodista sobre si se iban acceder al pedido de un básico de 7000 pesos, el jefe de Gabinete, dejó en claro que «ningún área de la administración cobra un mínimo de 7000 pesos».
Tanto Abal Medina como Lorenzino denunciaron el “gran descalabro” que existía en la liquidación de haberes en Prefectura y Gendarmería, que atribuyeron a un sistema de “judicialización” de haberes que entró en vigencia “en el año 1993 durante la presidencia de Carlos Menem”.
Duratnte la conferencia indicaron que tras la aplicación del decreto sancionado la semana pasada, de ahora en más “nadie” en la Prefectura y la Gendarmería cobrará un salario inferior al de agosto pasado, a excepto de aquellos que cobraban cifras “exorbitantes” consecuencia de medidas judiciales.
Precisaron que incluso la mayoría percibirá salarios más altos, porque se habrán eliminado descuentos a fundaciones y otros organismos -se detectaron hasta 400 de esas entidades beneficiadas con esos recortes- que se les aplicaban, en tanto la totalidad de los salarios se harán remunerativos.
Hasta ahora, sostuvo Lorenzino ante los medios, en algunos casos sólo el 22 por ciento de los haberes estaba en blanco y el resto eran “suplementos no remunerativos”, lo que implicaba «un desquicio administrativo».
En otro tramo de su exposición, ambos funcionarios constataron graves desigualdades en salarios que iban desde cifras de hasta cien mil pesos por mes a casos en que el personal quedaba debiendo dinero al Estado.
«En muchos casos quienes cumplían órdenes cobraban más que quienes se las daban y generaba una distorsión absoluta inclusive en términos jerárquicos”, ampliaron.
Esa situación se debió, por un lado, a “la industria del juicio” que se verificó con gran cantidad de causas judiciales para reajustes de haberes en los que se comprobó “connivencia entre abogados y miembros de las fuerzas”, lo que llevó, graficó Lorenzino, a la “cautelarización de la gran mayoría de los sueldos” del personal de esas fuerzas.
El jefe de Gabinete comenzó la exposición a la prensa brindando detalles del aumento del presupuesto, el personal y las inversiones efectuadas desde el año 2003 hasta el 2011, que en muchos casos llegan a cifras superiores en un 800 por ciento.
Por eso, Abal Medina definió que “todos los prefectos y gendarmes pueden dar cuenta de la importancia que este gobierno les ha dado”.
En ese sentido mencionó que en el caso la Gendarmería Nacional la evolución presupuestaria paso de $ 726 millones en el 2003 a $ 5.195 millones el año pasado lo que totaliza una variación de más de 615 por ciento.
En lo que respecta a la Prefectura Naval, el funcionario explicó que que el aumento presupuestario fue de 550 millones pesos en el 2003 a 3000 millones el 2011, lo que representa un incremento del 400 %.
Además detalló que en el periodo se incorporaron 3.700 efectivos y la inversión en el personal se incrementó paso de $331 millones a 2021 millones a fines del año 2011.
Por último, Abal Medina durante la rueda de prensa señaló que «lamentablemente tenemos que anunciar que la situación no solamente confirma las sospechas sino que es mucho peor, y agrava la situación, porque los problemas no tienen que ver con cómo se realizó la última liquidación sino que hemos constatado, y eso ha dado lugar a acciones judiciales, modalidades de pago que presentaban gigantescas y enormes deficiencias que se hacían anárquicas”.
TELAM