Insistir con cinco jueces ● Pedro Casariego

Luego de haber seguido atentamente por la prensa la discusión que generó el debate sobre el proyecto de aumentar a cinco  los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, escuchando además opiniones de políticos, profesionales, gremialistas y periodistas, llegué a la conclusión que se ha perdido una buena posibilidad para mejorar el servicio de justicia, que sin dudas se encuentra en crisis.

No quiero entrar a analizar el aspecto económico de lo que significaría  el gasto de cubrir dos vacantes mas, puesto que en el marco del presupuesto del Poder Judicial en particular y del Estado en su conjunto resulta francamente  insignificante.

En todo caso, si de ahorrar se trata se tendría que efectuar un análisis acabado de la totalidad del sector público para descubrir gastos superfluos e innecesarios que sí deberían suprimirse.

Descartado el aspecto económico y no haciendo tanto incapié en exigir la obligatoriedad de que un vocal debería pertenecer necesariamente a Cipolletti, se debió considerar que una composición mas extendida serviría para una mejor distribución de tareas, de proyectos, de opiniones consensuadas, de una propuesta de mayor especialización y calidad de resoluciones.

Condición sine qua non para ello es que los vocales deben ser idóneos, capacitados, con vocación de servicio, trabajadores, éticos, con predisposición organizativa  y hasta condiciones para el  gerenciamiento.

Es que en la actualidad, debido a la improvisación inexplicable de no haber imaginado como solucionar las deficiencias que inevitablemente se iban a producir por este “éxodo jubilatorio”, se necesitará de mucho empeño, tiempo y trabajo tendiente a normalizar el Poder Judicial.

En un sistema republicano como el nuestro, aún vapuleado y disminuido, el funcionamiento normal de la justicia hace a la protección de los ciudadanos individual y colectivamente y contribuye al equilibrio social. Es indudable que ello tiene una incidencia mayúscula en los aspectos políticos, sociales y económicos.

La persona que recurre a la justicia para hacer valer sus derechos necesita una decisión, una sentencia, pero al no lograrla por deficiencias del sistema, carece de la protección buscada, independientemente que el fallo sea satisfactorio o no.

Pero lo sustancial, que no surgió ni del proyecto ni de la discusión política y parlamentaria, fue el compromiso concreto de asumir la problemática antes apuntada y además, analizar los siguientes temas para lograr la eficiencia y eficacia del servicio que hoy está en crisis, a saber:

Completar urgentemente las vacantes a cubrir en Cámaras, juzgados, etc.

Revisar y promover una metodología menos enmarañada para la designación de jueces por el Consejo de la Magistratura.

Procurar  modificar las situaciones remunerativas inequitativas del Poder en base a las responsabilidades de cada función, incentivando las labores mas arduas, comprometidas y hasta riesgosas del servicio.

Definir sobre la conveniencia de la creación de la policía judicial, como auxilio técnico indispensable para lograr el esclarecimiento de delitos.

Planificar acciones mas eficientes para hacer mas fluidos los contactos  con la comunidad.

Conformar equipos para el desarrollo sostenido e inflexible de la función de auditoría y control de la tarea jurisdiccional, minimizando los vicios y escusas que esquivan la toma de responsabilidades y dilatan decisiones.

Estudiar sistemas que simplifiquen actuaciones y acorten plazos en las tramitaciones, sin que ello signifique disminuir el respeto a derechos y garantías.

Alentar el intercambio con los profesionales independientes con la finalidad de lograr un contacto permanente hacia la eficiencia de las relaciones de trabajo.

No se trata solamente de pedir y conseguir mayores recursos presupuestarios, que evidentemente harán falta,  sino de hacer efectiva la contraprestación de una utilización lógica, racional y austera de las sumas que se reciban.

También será necesario aplicar urgentemente una metodología para superar la emergencia jurisdiccional en las tramitaciones visiblemente atrasadas, que perjudican tanto a las personas que acudieron a dirimir sus conflictos por la vía judicial, como a los profesionales que ejercen de manera independiente.

La organización del Poder Judicial, su eficiencia y eficacia recae sobre  la indelegable e insustituible cabeza del mismo y en este sentido entiendo que será positivo que una integración de cinco miembros pueda distribuir tareas en la prosecución de objetivos mejoradores.

Finalmente, deberán revisarse normas y proyectos que fueron  originados por presiones sociales y políticas, pero que rápidamente se diluyeron y perdieron eficacia y vigencia.

Por estas circunstancias sostengo que motorizando la superación de la crisis apuntada y las causas que la determinan, será útil en el futuro insistir con este proyecto legislativo frustrado, si media compromiso político de concretar ambas cuestiones.

Pedro Casariego