Pensamiento mágico ● ADN
Impensado en los comienzos del gobierno del FpV que una iniciativa legislativa del gobernador fuera rechazada por el parlamento rionegrino. Impensado también que Francisco “Ringo” González y Ana Ida Piccinini transitaran juntos en esta posición, en definitiva una coincidencia entre los Miguel: Saiz y Pichetto.
Esta mezcla rara de “Museta y Mimí” dio por tierra el proyecto del Poder Ejecutivo que pretendía elevar a cinco los miembros del Superior Tribunal de Justicia. Un traspié de Alberto Weretilneck que el gobierno trata de minimizar.
Nuevamente la interna. El debate sobre si era necesaria esta ampliación puede llevar años y existen tantas posiciones como opiniones. El gobierno fijó su postura y decidió con premura mandar el proyecto al parlamento, sin desconocer que necesitaba 31 votos para alcanzar los dos tercios exigidos por la Constitución.
Generó el terreno propicio para la puja política interna y entonces quedó atrás el debate sobre el proyecto de ley del Ejecutivo y en definitiva se privó al conjunto de la sociedad de constatar en los hechos su viabilidad.
La oposición oficialista, con el concurso de tres legisladores identificados con el saizmo, vio la oportunidad de ganar una batalla política y torcer el brazo de Weretilneck.
Esta confrontación dejó al descubierto, una vez más, la carencia del oficialismo para generar consensos, hacer política sin costos innecesarios y contar con los operadores adecuados.
No hay cintura en los hombres del gobernador. Los ministros no existen para estas circunstancias y la presidencia del bloque oficialista hace agua por las bandas.
El propio Weretilneck tuvo que llamar a Jorge Ferreira para garantizar el apoyo del dubitativo legislador Darío Berardi, apresto a ausentarse por razones familiares. Fue una buena oportunidad para el intendente quien reclamó por obras atrasadas para Viedma y prescindencia del gobierno en el conflicto con el gremio municipal. Igual le faltó un voto.
La posición del saizmo sobre que el proyecto llegó al parlamento a último momento, parece más una excusa que un argumento, sobretodo cuando habían firmado dictamen en comisiones. Tampoco parece ser la mejor forma de expresar opinión, el retiro del recinto del trío opositor al momento de la votación.
El gobernador AW culpó a Pichetto y Saiz. Dio a entender que la oposición justicialista le pidió el reconocimiento del bloque y “aportes” y aclaró que “preferimos perder que arrodillarnos para negociar”.
El gobierno trata de esta manera de exhibir un capital simbólico. La pregunta es quién y como se conduce. Qué se disputa.
Alberto Weretilneck se definió kirchnerista, pero es un espacio que en Río Negro le falta construcción, dirección y organización. Para el kirchnerismo el Partido Justicialista es una circunstancia, puede o no formar parte de lo que se ha dado en llamar “unidos y organizados”, es más en la provincia este divorcio es inocultable, pero a su vez desde el gobierno se ofrece una consigna invertida “desunidos y desorganizados”.
Sólo han transcurridos nueves meses de gestión y en el trayecto que falta recorrer habrá muchos proyectos que necesitarán aprobación parlamentaria. ¿Todos estarán sometidos a los caprichos internos? El pueblo rionegrino, que observa que los problemas cotidianos y estructurales persisten, no se lo merece.
Mientras tanto la Justicia rionegrina está muy cuestionada en su conjunto. A fin de enero se retira Víctor Sodero Nievas y habrá que decidir por su reemplazante, una vacante que reclama la primera circunscripción judicial, mientras habrá otras designaciones que también generan pujas de intereses como la integración de la Cámara Penal de Viedma.
La Procuradora Liliana Piccinini, que tiene a una de sus fiscales como postulante a camarista mira el proceso con atención. Además sacó pecho al hacer público su renuncia a ser postulante al STJ, que según dijo fue ofrecida por el gobernador, quien a su vez no desmintió ni afirmó que sea cierto.
La Procuración no se salva del cuestionamiento general, sobre todo por la labor de los fiscales, muchas veces más preocupados por causas de impacto mediático que las demandas diarias de los justiciables, como el tema de la inseguridad.
Un ejemplo de esto es el desempeño de la fiscal en el juicio a Susana Freydoz. Las críticas a Laura Pérez apuntan a que pareciera más actuar en línea con el abogado defensor Alberto Richeri, que como fiscal. El rol del Ministerio Público es pobre, no hay preguntas, no se indaga y sus indicios se orientan a la estrategia ya prefijada por la defensa.
En este trágico caso el presidente del Tribunal, Carlos Gauna Kroeger, puso en debate (o en duda) el principio de igualdad ante la ley, al conceder discutibles beneficios a familiares testigos en un juicio que debe ser oral y público. Argumento que el propio Martín Soria dio por tierra demostrando que es posible declarar sobre una verdadera tragedia familiar, sin que se perjudique el justo proceso.
Pero no sólo eso, la Cámara de General Roca no dejó trabajar adecuadamente a los fotógrafos al no permitir el registro de imágenes de los testigos, ni siquiera en el momento previo a la declaración. En todos los juicios, aún sin la presencia de periodistas, los fotógrafos siempre hacen su trabajo y hasta se pueden establecer los mecanismos para no distraer a los testigos.
Todo apunta que podrían llegar a cometer el desatino de impedir que se graben videos de los alegatos, pese que en ese momento no existirá justificación legal alguna para impedir el trabajo periodístico. Sería otro bochornoso antecedente que dejarían estos jueces.
En este sentido se destaca el trabajo de la jueza María García Balduini, quien siempre trató de llevar las actuaciones en orden de aportar las indagatorias que requiere esta causa y reivindicó el carácter público del juicio.
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