Proyecto de Ley Orgánica de Educación ingresó a la Legislatura
Viedma.- Ingresó al Parlamento provincial el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Educación, remitido por el Poder Ejecutivo, con acuerdo de ministros. La norma establece a la educación como derecho social y bien público e incorpora los derechos consagrados en la ley de educación nacional que, desde el 2003, han ubicado a la educación como prioridad en la agenda de las políticas públicas, avanzando hacia una educación de carácter nacional, popular y democrática.
En tal sentido se refiere a las leyes de Garantía del Salario Docente y los 180 días de clase; el Fondo Nacional de Incentivo Docente; la de Educación Técnico Profesional; la de Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, la de Financiamiento Educativo, de Educación Sexual Integral; la Ley de Educación Nacional, y la de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La reforma establece a la educación como derecho social y bien público, que se ejerce como derecho colectivo en la escuela pública; orientaciones de valor y principios político educativos que guiarán la educación provincial los próximos 20 años; la participación de docentes, estudiantes, padres y madres, gobiernos locales y personal de servicio de apoyo, en el gobierno de la educación.
Se consideró que la ley provincial 2444 (que es la norma vigente) “surgió hace 20 años para acompañar y afirmar los procesos democráticos que renacían” tras las dictaduras.
Sostienen los argumentos que esta nueva Ley de Educación, además de reafirmar la democracia, suma nuevos contenidos que acompañan la ampliación de los derechos civiles y las políticas públicas, económicas y sociales que, en nuestro país y en la región, intentan revertir los efectos del modelo neoliberal hegemónico” de los ’90.
El espíritu de la nueva Ley
Además, la ley instituye que todos los rionegrinos ejerzan su derecho de aprender, poniendo énfasis en la primera infancia y en el ciclo obligatorio comprendido desde los últimos dos años del nivel inicial (sala de 4 y 5 años) hasta completar la educación secundaria.
Por otra parte, prevé dar respuesta a los desafíos de lograr una educación inclusiva, que el Estado será el principal agente educativo; garantiza su financiamiento y administración de recursos desde los criterios de justicia social y equidad regional, determina cuáles serán los criterios para el reconocimiento de los establecimientos educativos no estatales y cómo será para este último sector la cooperación económica del Estado.
Asimismo, determina los derechos y responsabilidades de los sujetos que intervienen en la educación: docentes, estudiantes, padres y madres, y deja sentada la voluntad política de reconstruir el federalismo educativo sobre nuevas bases que permitan consolidar un sistema integrado de la educación, al que se incorporan nuevos contenidos que reconocen los nuevos derechos.
El 29 de diciembre de 2011, la Legislatura rionegrina declaró la “necesidad de abrir el debate para elaborar una nueva ley en torno a esta materia, “adecuada a las necesidades actuales y que posibilite el logro de una educación de calidad, democrática, integral y permanente para todos los rionegrinos”.
Según los términos de la nota de elevación, que acompaña a la iniciativa, el Ministerio de Educación, en cumplimiento del mandato legal, “convocó a la sociedad a debatir y a encontrar, en el intercambio plural y democrático de ideas, los denominadores comunes que nos permitan sentar las bases de los conocimientos y valores que deseamos se transmitan a las nuevas generaciones”.
Agrega la misiva oficial que “la convocatoria a la participación de la sociedad se realizó reafirmando y recuperando la tradición jurídica de la provincia que, inscripta en el Constitucionalismo Social, a lo largo de su joven historia, identificó a la educación como un derecho esencial, responsabilidad principal e indelegable del Estado”.