Condenan a Mazzaglia a pagar casi 20.000 pesos por gastos irregulares
Bariloche (ADN).– El defensor del Pueblo suspendido, Vicente Mazzaglia, fue condenado por el Tribunal de Contralor a pagar 19.282 pesos por irregularidades en el uso de fondos públicos para la realización de un evento nacional de defensores del Pueblo.
El Tribunal de Contralor emitió la sentencia administrativa por mayoría, condenando a Mazzaglia a pagar de su propio peculio la suma que gastó sin autorización para la realización del Plenario Nacional de Defensores del Pueblo.
Según precisó a ADN la presidenta del cuerpo, Daniela Nuñez, el único condenado es el defensor que se encuentra suspendido por denuncias de abuso laboral, por ser el “funcionario a cargo que incumplió con la ordenanza presupuestaria e hizo el evento sin tener el presupuesto aprobado, sin embargo avanzó igual”.
Quedó exenta de sanción otra funcionaria administrativa que está a cargo de las finanzas dela Defensoría, por considerar el Contralor que la autoridad política –Mazzaglia- emitió la orden de realizar el gasto sin autorización por normativa.
La titular del Contralor reconoció que Mazzaglia “pagó algunas cosas de su bolsillo y otras quedó en la deuda dela Defensoríaa pagar”.
El Contralor además de la condena de resarcir el gasto de fondos públicos, estableció un “apercibimiento en el legajo” del funcionario por incumplimiento de los actos administrativos, más allá de que haya argumentado que no tenía personal para concretar la tramitación correspondiente para destinar recursos al evento que organizóla Defensoríadel Pueblo de Bariloche en el primer trimestre del año.
Mazzaglia está suspendido del cargo desde el 5 de junio pasado, tras la denuncia de todo el personal femenino dela Defensoríadel Pueblo por abuso laboral. La suspensión fue prorrogada en septiembre por decisión del Concejo Municipal, cuyo plazo vencerá el 5 de diciembre.
Se espera la conclusión de una investigación interna que realiza el área de Función Pública a través del departamento de Medicina Laboral, para que luego el Concejo defina la situación del funcionario suspendido que continúa percibiendo sus haberes. (ADN)
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