Retroceso ambiental ● Magdalena Odarda
El 29 de diciembre del año 2011, ni bien el Frente para la Victoria asumió el gobierno de la provincia de Río Negro, en medio de serias contradicciones y promesas incumplidas, la mayoría oficialista de la legislatura derogó la ley 3891, llamada también ley anticianuro.
Podría decirse que hasta ese momento no había sucedido un retroceso en materia ambiental tan importante en la historia provincial, pues la nueva ley, dejó abierta la posibilidad de la minería metalífera a cielo abierto con uso de cianuro y otras sustancias tóxicas, cuando hubo en la ley anticianuro, un claro interés en la protección del ambiente y los derechos humanos. Nunca un gobierno alguno impulsó en Río Negro una ley tan retrógrada. A partir de ese momento, los bienes comunes vitales como el agua, la tierra, el aire han quedado a merced de los intereses de las empresas mineras que, como sucede en algunas provincias argentinas, han provocado graves daños en la salud, la calidad de vida, las actividades económicas regionales, afectando irremediablemente a varias poblaciones cordilleranas y pre cordilleranas, con la consiguiente respuesta y repudio popular.
La ley anticianuro había sido un logro de las organizaciones sociales nucleadas en asambleas a partir de los movimientos del “No a la Mina en Esquel” que movilizaron a miles de habitantes entre los que había comerciantes, estudiantes, empresarios, ecologistas, intelectuales, productores, entre otros.
La inminente presencia de Meridian Gold con su proyecto aurífero en Chubut y las consecuencias devastadores que se avizoraban en el horizonte que ya conocían los catamarqueños de Andalgalá, despertó en el pueblo una defensa irrenunciable a la tierra, al agua, a la vida misma. Esa misma lucha se dio en Río Negro, donde ya se esperaba el desembarco de los capitales mineros, en principio en Calcatreu, cerca de Jacobacci y de Gan Gan – Chubut-. Es así como los vecinos y organizaciones de todo tipo se nuclean, se reúnen en asambleas y comparten la experiencia de quienes ya habían pasado por este proceso, y dan a conocer lo que se esperaba de la megaminería a cielo abierto, develando aquello que se escondía detrás de una cortina de mentiras y de las dádivas que las empresas entregaban en algunos lugares.
Del reclamo del pueblo organizado e informado, surge la ley anticianuro en Río Negro. Cuando el actual gobierno le dijo NO a la ley anticianuro, se lo dijo a miles de rionegrinos, organizaciones y redes. La ley fue borrada de un plumazo, incluso contradiciendo las promesas pre-electorales de algunos importantes personajes políticos.
Hoy, a un año de ese acontecimiento, las organizaciones se multiplican generando nuevos espacios de repudio popular exigiendo el restablecimiento de la ley anticianuro, la única normativa que garantizaba la posibilidad de mantener a resguardo el agua, la tierra y el agua para los habitantes en todas las regiones potencialmente mineras. Las excusas de combatir la pobreza en las zonas más castigadas de la Línea Sur no tiene asidero, pues se sabe que sin agua no hay futuro, que con el agua envenenada no se puede vivir. La Región Sur es abandonada a su suerte cuando hay una economía regional que busca ser fuertemente apoyada por el Estado, cuando hay proyectos que esperan ser promovidos para generar más valor agregado, crecimiento y distribución. Ya no hay excusas, el gobierno debe restablecer la vigencia de la ley anticianuro o su ya desgastada imagen en extensas zonas de esta provincia dará lugar a una mayor conflictividad social, pues no se puede gobernar contra el pueblo. Seguiremos, junto con todos los rionegrinos, exigiendo el restablecimiento de la ley anticianuro.
Dra. Ma. Magdalena Odarda.
Legisladora Provincial Bloque Progresista CC-ARI R.N
Título original: “a un año de la derogacion de la ley anticianuro, seguimos exigiendo su restablecimiento”.