Díaz dice que encontró “un gran desorden de causas” de la gestión Piccinini

Viedma (ADN).- La defensora del Pueblo, Nadina Díaz, aseguró haber detectado cuando llegó para cumplir esa función  “un gran desorden respecto al registro de las causas que llegaron a instancia judicial a partir de las denuncias del organismo”.  La funcionaria brindó hoy ante la cámara legislativa el informe «in voce» de las actuaciones del organismo a su cargo durante el período entre el 1º de noviembre de 2011 y el 31 de octubre de 2012.

En el informe presentado dijo   haber encontrado “datos desordenados de algunas causas judiciales que tiene que ver con querellas iniciadas por o contra la doctora Piccinini, cuando ejercía el cargo”.

Sobre ese último punto, Díaz indicó que no consultará ni seguirá en adelante, por entender que “no son cuestiones institucionales”.

Se trata de expresiones que están incluidas en las consideraciones preliminares del informe oficial que elaboró.

Advirtió también “la inexistencia de registro único en el cual se plasmaran las causas, obstaculizando seriamente la individualización y seguimiento por parte de los profesionales que debieran ocuparse”.

En el informe puntualizó otras cuestiones:

“Las distintas denuncias e intervenciones judiciales eran manejadas por distintos letrados del organismo, conforme la decisión del titular, pero en forma aislada, asistemática, sin volcar su actuación en informes registrables que pudieren ser consultados por el resto del personal”.

“En muchos casos tampoco se ha podido relacionar la causa penal con actuaciones administrativas del organismo, si es que las hubo”.

“Si a esta inconveniente forma de actuación se le suma que la mayoría de aquellos letrados ya no revisten en la Defensoría (por licencia, adscripciones, cese), la obtención de datos ciertos, completos y actuales se ve por momentos harto difícil”.

“Finalmente, se encontraron datos desordenados de algunas causas judiciales que tiene que ver con querellas iniciadas por o contra la doctora Piccinini, cuando ejercía el cargo de defensora del Pueblo, que sólo se refieren en el informe pero que esta gestiónno consultará ni seguirá en adelante, por entender que no son cuestiones institucionales, sino de índole privada. Se objeta en estas causas, que la titular haya actuado con patrocinio o poder de letrados del propio organismo”.

Organización y funcionamiento internos

En otro tramo de su lectura , la Defensora planteó dificultades en su gestión «para llevar adelante ideales y mantener un estilo y conducta propios, incluso siendo víctima de las peores calumnias e injurias».

Además, cuestionó la «susceptibilidad de aquellos que no toman nuestra intervención como una crítica constructiva», sin tener en cuenta «nuestra función de indicadores y conectores entre el Estado y los problemas, siempre en un marco de respeto hacia aquellos a quienes observamos, pero con la indeclinable idea de defender a los ciudadanos rionegrinos».

En los primeros tramos de su alocución señaló que en este período apostó a una reestructuración del organismo. «Consideramos que una buena organización y funcionamiento internos vislumbran un accionar más eficiente y eficaz a favor del ciudadano, quien debe recibir la mejor atención posible y la información que le permita consustanciarse con su realidad, para poder ejercer plenamente sus derechos».

Díaz describió los ejes de su accionar, basado «en la promoción del cuidado y defensa del medioambiente en base al desarrollo sostenible, la preservación de las aguas de nuestra provincia, la campaña contra la violencia de género, y en la eficiencia de los servicios relacionados con la salud».

Hizo luego mención al «gran número de denuncias sobre apremios ilegales, trata de personas y condiciones deplorables en las que se desempeñan los trabajadores temporarios que se acercan al Valle rionegrino para realizar tareas relacionadas con la cosecha», sobre las que luego amplió en su informe.

Antes de entrar en una larga explicación puntual de las acciones realizadas por el organismo, Nadina Díaz aseguró que su tarea y sus responsabilidades la ubican «mediando como colaboradores críticos del Estado, donde las soluciones pacíficas e integrales son necesarias, posibles y concretas».

Luego, al avanzar en una  serie de situaciones puntuales, abordó la problemática de los menores en conflicto con la ley, el cierre del Hogar Pagano y la creación de un centro socio educativo, para luego referirse a la atención de personas con sufrimiento mental, violencia y adicciones.

La Defensora luego habló sobre el déficit habitacional, la problemática del acceso a la tierra y a la vivienda social, demandas para la obtención de subsidios, incumplidores alimentarios y las actuaciones vinculadas con el acceso al trabajo, educación, accesibilidad urbana y al transporte, salud, vivienda, entre otros, de las personas con discapacidad.

Se refirió además a denuncias y reclamos vinculados al transporte, maltrato y discriminación dentro de la órbita de la Administración Pública Provincial, la inseguridad, pasando por la violencia familiar y de género, así como a denuncias por maltrato y persecución en las esferas laborales.

Puso énfasis al afirmar que «la violencia constituye un eje transversal de las sociedades en los últimos años en varias formas y dimensiones: violencia discursiva, laboral, en el entretenimiento masivo (televisión, radio, deportes), en el ámbito político, en la familia, en la forma de vivenciar y compartir la ideología. Así, la violencia en la cotidianidad se ha naturalizado como estado general o normal de convivencia», expresó la defensora del Pueblo.

Se refirió además a temas ambientales vinculados con la minería, PCB, problemas de infraestructura en escuelas y edificios públicos, intervenciones en organismos vinculados a las obras y servicios públicos, como agua, gas y luz, telefonía, derechos humanos, la situación de las cárceles y de las personas privadas de la libertad, accionar policial, política de tierras públicas, IPROSS, sistema educativo, así como numerosos reclamos previsionales en torno al pago del 82 % móvil.

Incluyó en su discurso la problemática por la que atraviesa el sector productivo, la presión impositiva, el acoso laboral y escolar, así como a la situación de las causas que la Justicia investiga en relación con ex funcionarios denunciados en diferentes ámbitos de la administración pública.

Al completar su exposición, la defensora Díaz respondió a los cuestionamientos efectuados por varios legisladores.