Dictamen judicial confirma fondos carcelarios e incumplimientos de obras

Viedma (ADN).- Un dictamen judicial del lunes pasado mencionó que oficialmente se habrían solicitado recursos por 118.210.000 pesos para el Servicio Penitenciario Provincial, pero objetó demoras e incumplimientos de plazos para efectuar mejoras edilicias. De un repaso de las partidas distribuidas por el decreto 1/12, se conoció que en el programa 11 se asignaron partidas por 16.849.584 pesos correspondientes a la emergencia carcelaria o penitenciaria, 49.394.486 para aplicar a la política penitenciaria y 38.816.400 para infraestructura carcelaria.

“En total, 105.060.470 pesos que si bien no se corresponde con el solicitado representan una clara respuesta institucional para poner en marcha aquello que se ha planificado”, consignó el mismo dictamen judicial.

“A la fecha, contando con el presupuesto general aprobado para el ejercicio 2013 y el decreto distributivo del gasto, habrá de ampliarse lo informado para dar a conocer los recursos y el plan de ejecución de los mismos”, agregó.

En el año 2010 se estableció el plazo de 180 días para que el Poder Ejecutivo subsane las “deficiencias y adopte medidas eficaces” para mejorar las condiciones materiales en los pabellones de la Alcaidía de Viedma, como también celdas de aislamiento y sectores visitas sociales e íntimas.

Por entonces, también se ordenó al Servicio Penitenciario Provincial el anoticiamiento de la situación a los jueces a cuya disposición se encuentran los detenidos de las concretas condiciones de detención y, finalmente, se encomendó al Poder Ejecutivo proveer un servicio de guardias permanentes o un monitoreo electrónico o video filmado de guardias que asegure la prestación del servicio.

El dictamen alude a incumplimientos y, en ese sentido, un párrafo indicó que “de la reseña de las presentes actuaciones y el estado actual de las mismas, surge que se está ante la demorada etapa de ejecución de la sentencia 131 del año 2010. Dicho fallo alude específicamente a las deficiencias que presenta el Servicio en el Complejo Penitenciario Nº 1 de Viedma (sectores encausados y condenados). Que la ausencia de acciones concretas en pos de cumplir el mandato jurisdiccional, en términos de verdad real, no puede serle achacada a la actual gestión de Gobierno. Que la crisis y la emergencia de la cuestión general ha sido reconocida por las autoridades actuales”.

Sin embargo, el informe de la Procuración General aseveró que “no resulta recomendable ni adecuado a los fines de ejecutar lo ya sentenciado- máxime teniendo en consideración lo constatado por el Superior Tribunal al realizar la visita al establecimiento carcelario- perder el norte de la particular situación que mereció tratamiento en estos actuados y que persiste”.

Agregó: “Sin dejar de reconocer la problemática general, ni la voluntad política expresada por las autoridades obligadas a garantizar el servicio, pero también sin perder o dejar de focalizar el tratamiento de la puntual situación traída a sentencia y ejecución, advierto la ausencia de un plan que indique, dentro de lo programado y explicitado por las autoridades del Poder Ejecutivo para solucionar la totalidad de las deficiencias del Servicio Penitenciario, cuales son las acciones concretas, los plazo y en cabeza de quienes recae la responsabilidad en el cumplimiento de dichas acciones, para afrontar y dar solución a la situación de la unidad o complejo penitenciario Nº1” de Viedma. (ADN)

 

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