Uría acusó al gobierno de querer privatizar la Junta Médica
Viedma.- La legisladora de la Concertación Cristina Uría opinó que “las definiciones que se toman desde el gobierno provincial respecto del sistema público de salud son realmente alarmantes, más si tenemos en cuenta que es una responsabilidad del Estado provincial prestar un servicio tan básico y necesario para la población”.
Sostuvo que en esta oportunidad, se pretende privatizar la Junta Médica, dejar la tarea que realizan los profesionales afectados a este servicio al arbitrio del subsector privado, que seguramente querrá imponer sus reglas y ni hablar de sus costos, entrometiéndose en prestaciones que le corresponden al Estado.
Uría señaló que “mientras el gobierno nacional habla de estatizar, el gobierno provincial, al mejor estilo de la época liberal, habla de privatizar”.
“Muchas son las consideraciones que se pueden hacer sobre este tema, pero los números seguramente que serán más claros en estas circunstancias”.
La parlamentaria explicó que “el sistema público de salud cuenta con una veintena de profesionales afectados a las Juntas Médicas, un porcentaje de ellos son part- time y otro full-time. Muchos de los que revistan como full, realizan guardias o atienden consultorios en sus respectivos hospitales”.
El costo salarial promedio de estos profesionales, teniendo en cuenta su carga horaria afectada a la Junta Médica es de $ 15.000. Lo que le significa al Estado un costo salarial anual de $ 3.900.000. A esto le deberíamos sumar el costo de los insumos y recurso humano en el caso de preocupacionales.
Las prestaciones realizadas por las Juntas Médicas en el año 2012, ascendieron a 28.000, distribuidas en preocupacionales, auditorías en terreno y juntas médicas.
En el subsector privado el costo de un preocupacional ronda los $ 1.500, una junta médica $ 1.400 y una auditoría en terreno $ 500. Si tomamos el valor promedio de estas tres prestaciones estamos hablando de un costo unitario de $ 1.133.
Ese valor unitario por las 28.000 prestaciones correspondientes al año 2012 nos dá la cifra alarmante de $ 31.724.000.
“Pero no termina allí el perjuicio”, sostuvo Uría, “se debe destacar que la mayoría de los profesionales afectados a las juntas médicas cuentan con la especialidad en medicina laboral. Se trata de un recurso humano formado, preparado para realizar la tarea que realiza”.
¿Hasta cuando el personal de salud debe soportar tanto maltrato? Se preguntó la legisladora; la ley de disponibilidad puso en vilo a todos los empleados públicos, se han rescindido designaciones interinas de agentes eficientes solo por militar en un partido político diferente al del actual gobierno, se les desdobla el pago de sus salarios, cobrando en forma separada la remuneración mensual y las horas extras o guardias, se les deja de abonar las horas extras o guardias con el argumento de abuso, cuando todas llevan la firma del director del hospital. Ahora además, se ataca un servicio que, podrá tener sus falencias, pero existe la posibilidad de corregirlas.
La legisladora mencionó que “el ausentismo del empleado público, visto desde el punto de vista del gasto, tal como lo ve hoy el poder político, no pasa por anular servicios que presta el Estado y transferirle millones al subsector privado a costos altísimos”.
“Un Estado que se ocupa de sus ciudadanos también se ocupa de sus agentes estatales, que además de ser ciudadanos rionegrinos, prestan un servicio básico a la población como es el de salud”, dijo para finalizar la legisladora Cristina Uría.
BAC