El gobierno ensucia la causa Soria-Freydoz ● ADN
Nuevamente el Gobierno provincial ensucia la causa Soria-Freydoz con un manejo desafortunado. Desde el mismo día del asesinato del ex gobernador Carlos Soria, cuando el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Alberto Weretilneck, dijo que se trataba de una “accidente doméstico”, hasta los adjetivos que usó contra la fiscal el ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo, no ha parado de cometer errores.
Ahora, cuando se intenta cumplir una resolución judicial que corresponde y que es necesaria, incorpora información contradictoria, incomnpleta y con una clara intencionalidad.
Susana Freydoz está condenada por asesinato y, como cualquier rionegrino en las mismas circunstancias, debe cumplir su condena en una cárcel común. No está en el hospital por haber sido una enferma siquiátrica, sino que claramente fue una deferencia por haber sido la primera dama rionegrina. Ya ha tenido suficientes privilegios. ¿Cuándo se ha visto que un acusado, juzgado y condenado por un crimen, jamás haya sido esposado ni estuviera un solo día detenido?
El día que Freydoz tomó pastillas para evitar ser trasladada a una cárcel común, el Gobierno emitió un comunicado asegurando que estaba en su habitación habitual con control permanente y que sus parámetros vitales se “encontraban estables”.
Después, extrañamente, la información varió y paso a un “cuadro caracterizado por coma”.
El Gobierno puso sus ojos en el personal de Salud y luego en la Policía, usada varias veces como chivo expiatorio, pero finalmente esboza una cierta responsabilidad de la Cámara penal del Crimen de General Roca, porque —dice ahora— desde el hospital se habría pedido (el año pasado) el traslado a una clínica de Salud Mental.
Muchos condenados pueden amenazar e intentar suicidarse y no por eso los hospitales están llenos de asesinos. Siguen en las cárceles, por suerte.
Si Freydoz desde un comienzo quiso suicidarse, como reitera su abogado cada vez que puede, es llamativo que en el hospital se le permitiera, por ejemplo, utilizar agujas para tejer, como trascendió. También habría que pregunrse qué cuidados se tomaron con el uso de cubiertos metálicos, sólo por mencionar alguna de tantas cuestiones a tener en cuenta.
Entre las medidas de seguridad que se implementan en los lugares de detención, a los presos se les quita los cordones de los zapatos y el cinturón para evitar suicidios: ¿por qué se le permitió a Freydoz –en su estado psíquico- la utilización de ciertos elementos peligrosos?
La defensa no debería mirar tanto para el costado y asumir su propia responsabilidad, como también la familia, porque el resultado pudo ser peor.
El Poder Ejecutivo, en tanto, debe investigar a los empleados que dependen de las áreas de Salud y Policía, y resolver cómo la condenada accedió a las pastillas, que es su responsabilidad, y dejar de tratar de instalar sospechas hacía otro Poder.
La Cámara actuó en base al trabajo de peritos, según un informe de marzo último, y por eso ordenó lo que cualquier sociedad esperaría: que no haya privilegios y que si alguien fue condenado a 18 años por asesinato, lo cumpla donde corresponde, en la cárcel.