Sin Eufemismos ● Jorge Luis Vallazza

A partir de diversas notas periodísticas y reclamos gremiales de las últimas semanas, retornó a la agenda pública rionegrina el tema de los “becados en Desarrollo Social”, dándole visibilidad a un grave problema de Política Pública, que cada tanto vuelve a aparecer buscando una solución definitiva.
Si bien existe la buena intención de las autoridades de Desarrollo Social de transparentar el funcionamiento de este programa- creado por decreto en la gestión radical-, el problema de fondo a resolver, es que gran parte de los llamados “becados” no se encuadran en la normativa, siendo trabajadores en negro del Estado Rionegrino.
Nadie puede imaginar un maestro de escuela, un médico del hospital, o un policía, prestando servicios a cambio de una “beca de capacitación”. Sin embargo, cientos de trabajadores que desempeñan funciones en Centros de Atención a la Infancia, Hogares de Adultos Mayores u otros programas provinciales ingresan y permanecen trabajando sin los mínimos derechos laborales vigentes, recibiendo una remuneración en forma de “beca”.
La intención de este análisis es profundizar en cuáles pueden ser las causas de que – a pesar de los avances planteados por la Ley Nacional de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, y la ley provincial respectiva- aún existan estas limitaciones para desarrollar plenamente los nuevos paradigmas que propone la actual legislación.
Se estima que tales razones pueden tener que ver con algunas características del funcionamiento de nuestro Sistema Democrático.
Quien gobierna debe buscar el “Bien Común” por sobre los intereses diversos – y a veces antagónicos- de los distintos sectores que conforman la sociedad.

Cada uno de estos grupos- ya sean del sector económico -productivo, del mismo aparato estatal o de las organizaciones de la Sociedad Civil- bregan por defender sus intereses en una permanente presión y negociación sobre quienes tienen la responsabilidad de gobernar. Desde esta perspectiva, la tarea del gobernante es tomar las decisiones necesarias para generar una sociedad que se desarrolle en paz y armonía, teniendo en cuenta las demandas de cada grupo social, y distribuyendo con equidad los recursos disponibles- los cuales siempre son escasos.
A la vez esta tarea de gobernar – desde la participación ciudadana, pero esencialmente a través de la herramienta electoral- es evaluada periódicamente por los ciudadanos, ratificando o cambiando al gobierno de turno.
El problema es que el “sector social” con sus derechos vulnerados que atiende particularmente el área conocida como Promoción Familiar, está conformado por niños y adolescentes que han tenido la mala suerte de no tener una familia que los pueda criar y educar, y debe hacerse cargo el Estado, jóvenes que por distintas causas están en conflicto con la Ley, mujeres víctimas de violencia, personas con discapacidad que no tienen los medios para acceder a sus derechos básicos, y adultos mayores en situación de abandono, que también son asumidos por el Estado.
Este “grupo social” por su propia naturaleza de estar en una situación de vulneración de derechos, carece de toda posibilidad de reclamar, presionar o hacer “lobbys” para defender sus intereses, como lo hace el resto de la sociedad, quedando siempre postergado frente a otras prioridades políticas. Ni siquiera debe ser numéricamente importante en términos electorales.
Dicho panorama plantea el riesgo de que los más vulnerables de nuestra sociedad- en vez de que el Estado les restituya derechos generando mayor equidad social- reciban un servicio plagado de limitaciones. Son atendidos por trabajadores con sus derechos laborales vulnerados, con Programas Sociales que siempre son insuficientes , en Espacios físicos en estado inadecuado; todas condiciones que reproducen la vulnerabilidad en el propio servicio que presta el Estado.
La metodología de acordar con los gremios una regularización de la situación de los becados planteando un “proceso gradual”, se desmorona cuando- por razones de servicio que requieren inevitablemente la incorporación de personal-.vuelven a incorporarse “becados”. Se gesta así un círculo vicioso que no va a modificar la situación, mientras no existe un cambio cualitativo en los procedimientos legales de ingreso a esta área del Estado.
Si se considera que “blanquear” a todos estos trabajadores en negro del Estado sólo supone una erogación mensual que no llega al 1 (uno) por ciento de la masa salarial, a la vez que el ejercicio 2012 dio un superávit de 80 millones de pesos, se podría inferir que actualmente están dadas las condiciones económicas para este importante cambio cualitativo que acabe con el problema.
Paralelamente a la decisión de regularizar a los “trabajadores becados”, es indispensable crear una legislación que fije una normativa de ingreso al Estado en esta área, con el fin de que no se vuelva a generar el mismo problema en el futuro.
Seguramente se necesitan muchos otros recursos para seguir fortaleciendo en Río Negro los positivos avances que plantea el nuevo paradigma vigente en políticas públicas para la niñez y adolescencia, pero también es muy probable que una de las condiciones imprescindibles para que esto suceda, es legalizar laboralmente la situación de los trabajadores “becados”.

Licenciado Jorge Luis Vallazza
Ex ministro de Desarrollo Social