Ante grave situación carcelaria: Piccinini escribió al STJ
Villa Regina (ADN).– La legisladora Ana Piccinini envió una nota a los vocales del STJ, Enrique Mansilla y Sergio Barotto, para ponerlos en conocimiento y para que ordenen el cumplimiento efectivo de un Mandamiento que fue resuelto hace 12 años, ya que esto – según la parlamentaria – ayudaría a avanzar sobre las obligaciones que está omitiendo de cumplir el Poder Ejecutivo.
Explicó que “el art.207 de la Constitución inciso 2.d. les otorga a ustedes, el poder de subsanar el estado desastroso de las Cárceles rionegrinas. La Ley Orgánica N°2430, ratifica vuestras facultades, aún para actuar de oficio luego de las constataciones realizadas “In Situ” por ustedes mismos.
“La gravedad de la situación atenta contra los más elementales derechos humanos y contra la seguridad de todos los habitantes de Rio Negro”, opinó.
“Les solicito ordenen el cumplimiento efectivo del Mandamiento impulsado por el Dr. Gadano hace 12 años. Háganlo entonces extensivo a todos los Establecimientos de la provincia. Si no se actúa rápidamente en este sentido la situación se agravará desde el punto de vista de la legalidad de los actos, a la que todos los funcionarios públicos debemos estar sometidos”, dijo.
La nota completa dice:
Señores Vocales del S.T.J
Dres. Enrique Mansilla y Sergio Barotto
S/D
Ana Ida Piccinini, Legisladora Provincial se dirige a los Señores Vocales, a los efectos de hacerles saber lo siguiente: Por estos días veo con satisfacción que distintas autoridades provinciales se encuentran preocupadas por la situación de nuestros detenidos, en los Establecimientos Carcelarios de nuestra provincia. En su gran mayoría procesados, otros condenados.
Los señores jueces integrantes del S.T.J., máximo Órgano Jurisdiccional, han recorrido los Establecimientos de encierro y han calificado a los mismos de distintas maneras, pero el resumen de sus recorridas arroja de acuerdo a sus expresiones, un saldo totalmente negativo en cuanto a sus condiciones.
Los distintos medios periodísticos que tomaron razón de estas recorridas y las hicieron conocer, titularon a las mismas de esta manera: ”CARCEL DE BARILOCHE: “LA PEOR DE LA PROVINCIA”; “CRITICA VISITA DEL STJ AL PENAL 2”el subtitulo anunciaba “BAROTTO RECORRIÓ LA CARCEL Y VERIFICÓ GRAVES FALENCIAS EDILICIAS Y DE RECURSOS” El vocal del S.T.J decía en esa oportunidad:” La cantidad de personal es absolutamente insuficiente. Esta Unidad necesita por lo menos 60 celadores más para el área de seguridad”.”BAROTTO INSPECCIONÓ EL PENAL DE ROCA Y LO CALIFICÓ:”desaprobado”.”PENAL CIPOLEÑO, EL MENOS MALO SEGÚN BAROTTO”.
En las mismas publicaciones son anunciadas por ustedes reuniones con el Poder Ejecutivo para ponerlos al tanto de la situación y a su vez manifestaban su voluntad de escuchar por parte de las autoridades de Gobierno, Obras Públicas y del Servicio Penitenciario los planes de trabajo en marcha y los motivos a los que atribuyen el mal estado general de los Establecimientos
Desconozco Señores Magistrados si esas reuniones se realizaron y en su caso cual fue el resultado. Sería interesante se nos informe si los hubo.
El propio responsable del Poder Ejecutivo A. Weretilneck dijo refiriéndose a la cárcel de Bariloche: “La cárcel de Bariloche es cualquier cosa (…) pero no hemos tenido ni los recursos ni el tiempo necesario para mejorarla”.
La Defensoría del Pueblo a través de visitas realizadas por personal de la misma, sin el acompañamiento de la Defensora Díaz, elaboró un informe donde se ratifican todas las ruinas descriptas por ustedes citadas más arriba y las descriptas por el propio Gobernador.
Estos eventos transcurrieron durante el año 2012 y lo que va del 2013.
El hecho es que las cárceles rionegrinas hace mucho tiempo que en su gran mayoría, se encuentran en estado calamitoso, en violación flagrante de la Constitución Provincial, Nacional y de los tratados Internacionales incorporados con fuerza de Ley a las mismas.
Nuestras cárceles como ustedes en sus recorridas han constatado son, para castigo de los hombres y mujeres encerrados en ellas. No son sanas ni limpias y está asegurado sí, que nadie privado de su libertad en Rio Negro podrá volver a reintegrarse a la sociedad que dañó con su conducta, una vez cumplida su condena.
Tengo en mi poder Dictámenes del Auditor General del Poder Judicial de los años 2007 y 2008, por aquella época se desempeñaba como tal el Dr. Gustavo Adrian Martínez, actual Camarista de la II Circunscripción Judicial.
Allí, a través de distintas intervenciones: la N°157/07; 172/07;182/07;83/08; 140/08 se describen expedientes donde figuran muertes por causas no naturales dentro de los Institutos Carcelarios, presuntos suicidios en las cárceles de encausados ,jóvenes detenidos por meses sin justificación legal, Lesiones, torturas , apremios Ilegales.
En esa oportunidad el Auditor Martínez
concluyó necesario la revisión de las prácticas policiales y judiciales,
procurando establecer protocolos de actuación de este tipo, que incluyan la rápida intervención del Cuerpo Médico Forense y la adopción de aquellas diligencias que resulten obvias. Ratificaba en sus investigaciones que estaban en juego en Rio Negro las garantías constitucionales.
También es relevante poner en vuestro conocimiento que existe una Sentencia sin ejecutar por ese S.T.J relacionada con un Amparo Mandamus.
Dicho Amparo Mandamus fue incoado por el Dr. Carlos Gadano en su calidad de presidente del Colegio de Abogados de la ciudad de General Roca cuando corría el año 2001.
En el mismo el Dr. Gadano reclamaba al más alto Tribunal el cumplimiento de lo preceptuado en el art.23 de la Constitución Provincial, en la Cárcel de Encausados de General Roca. Este artículo, incumplido flagrantemente por los responsables de garantizarlo, el Poder Ejecutivo dice entre otras cosas: “… Las cárceles tienen por objeto la seguridad y no la mortificación de los internados; son sanas y limpias y constituyen centros de enseñanza, readaptación y trabajo.
Dicho Mandamus fue resuelto favorablemente por el S.T.J. por Sentencia N° 88 del 21 de Junio de 2001.
Destacando de la parte Resolutiva lo siguiente: “…Tercero: Ordenar al Poder Ejecutivo de la Provincia: a) Proceda a la urgente mejora de las condiciones de detención de los internos en la Cárcel de Encausados de General Roca, adoptando las medidas concretas que sean menester según corresponde por la Ley N°3008, o determine en cada caso el respectivo Tribunal de Ejecución Penal. b) Cumplir dentro de los siguientes plazos: 1-en ciento ochenta días elaborar y aprobar el Programa Técnico y Financiero de Inversión y gasto con las correspondientes previsiones presupuestarias dentro de la Ley N° 3466 de Emergencia Económica Financiera del Estado e iniciar tal acondicionamiento; 2- En dos años para concluir con la efectiva observancia del art.23 de la Constitución Provincial y la Ley 3008, implementando el Servicio Penitenciario Provincial. C- Gestione en el plazo de 180 días y en su defecto, demande ante el Estado Nacional la adopción de las medidas conducentes al efectivo cumplimiento de lo normado por el art.18 del Código Penal de conformidad al art.467 del Código Procesal Penal de la Provincia…”
Esta Sentencia de hace ya 12 años ¡Jamás fue cumplida!,! Jamás se hizo cumplir! .
Toda esta documentación se encuentra en los archivos de ese Superior Tribunal. Obviamente entre las tantas recomendaciones y denuncias que jamás fueron leídas, como el informe del Auditor Martínez o entre las “Resoluciones Declarativas”, que jamás se hicieron cumplir.
Por la presente, respetuosamente pongo en vuestro conocimiento, la existencia de esta Sentencia que a mi criterio nos ayudaría a avanzar sobre las obligaciones que está omitiendo de cumplir el Poder Ejecutivo.
El art.207 de la Constitución inciso 2.d. les otorga a ustedes, el poder de subsanar el estado desastroso de las Cárceles rionegrinas. La Ley Orgánica N°2430, ratifica vuestras facultades, aún para actuar de oficio luego de las constataciones realizadas “In Situ” por ustedes mismos.
La gravedad de la situación atenta contra los más elementales derechos humanos y contra la seguridad de todos los habitantes de Rio Negro.
Les solicito entonces, ordenen el cumplimiento efectivo del Mandamiento impulsado por el Dr. Gadano hace 12 años. Háganlo entonces extensivo a todos los Establecimientos de la provincia. Si no se actúa rápidamente en este sentido la situación se agravará desde el punto de vista de la legalidad de los actos, a la que todos los funcionarios públicos debemos estar sometidos.
Sin otro motivo, los saludo muy atte.
Legisladora Dra. Ana Ida Piccinini