“El efecto Pinocho” ● ADN
Con poco margen de error podría afirmarse que la Subsecretaría de Medios del gobierno provincial es un área sensible a las críticas, no sólo por las erráticas políticas de comunicación, el castigo a algunos medios, el manejo discrecional de las pautas oficiales de publicidad y la falta de información, sino también por el ocultamiento de la verdad.
Esta práctica involucra a todo el gobierno en esta metodología, salvo honrosas excepciones, que solo confirman la regla. Podría confeccionarse una larga lista de contradicciones, intrincados comunicados y marchas y contramarchas en decisiones públicas.
Esto se conoce como “El efecto Pinocho”, pero cabría preguntarse ¿Para qué mentir, cuando la verdad es inocultable? El Gobierno produce un efecto que lo expone al ridículo.
Vivimos tiempos donde se cree poco a los políticos. Este descrédito lesiona al gobierno en particular y al sistema democrático en general. Desde la responsabilidad de la administración del Estado no hay espacio para la desinformación.
Manipular la información y darla de forma interesada para ocultar la verdad no es lo que espera ni merece el pueblo rionegrino.
El llamado “caso Freydoz” fue el tema de la semana y ejemplo de manipulación, contradicciones, desinformación y ausencia de la verdad que involucró a todo el gobierno y que tuvo un protagonista exclusivo y excluyente: el Ministerio de Gobierno.
El psiquiatra Luis Di Giácomo fue arte y parte en las decisiones que tomó el gobierno. Desde el primer minuto del homicidio de Carlos Soria, fue el vocero de la estrategia familiar para argumentar como médico sobre la inimputabilidad de Susana Freydoz, hizo público un diagnóstico sobre su salud mental y sostuvo este rol aún luego de asumir como ministro de Gobierno, lejos de toda ética profesional y política.
En la misma línea el comunicado oficial de la secretaría de Medios que informó sobre el traslado de Freydoz a la clínica Avril de la ciudad de Buenos Aires, que adjudica la iniciativa a la Cámara y califica a la detenida por homicidio como una paciente con trastornos mentales.
Un error grave que contradice la resolución de la Cámara Penal de Roca, que señaló en su veredicto de condena a 18 años de prisión a Freydoz que “no ha existido inimputabilidad ni emoción violenta excusable».
Los jueces la consideraron autora de «homicidio calificado por el vínculo agravado por el uso de arma de fuego con circunstancias extraordinarias de atenuación» y pidieron que se mantenga su prisión preventiva.
Por su parte la fiscalía había solicitado “la pena de prisión perpetua y que se cumpla en una cárcel común”.
Una verdad a medias se convierte en una mentira total y la información oficial tuvo este principio por cuanto nunca reconoció que asumió las tratativas para resolver el alojamiento de Susana Freydoz a la clínica Avril. Fuentes seguras mencionan al propio Di Giácomo como encargado personal de este operativo.
Como soporte de la “opereta” se buscó excusas en la desmedida actitud del fiscal Oscar Cid que involucró a 66 trabajadores del hospital de Cipolletti, por el intento de suicidio de Freydoz. Los trabajadores de la salud cipoleños son víctimas de la conducta del propio Estado que preservó a la esposa del ex gobernador de un destino carcelario.
Luego y reforzando esta estrategia desde el gobierno se culpó a la Cámara Primera de Roca, siguiendo la línea familiar de responsabilizar a los jueces Carlos A Gauna Kroeger, María Evelina García Balduini y Fernando Sánchez Freytes por el intento de suicidio de Freydoz por ingesta de psicofármacos.
La verdad siempre surge y los magistrados no tardaron en dar a conocer un comunicado donde aclaran que fue el servicio penitenciario provincial quien fue realmente el que decidió el traslado de Susana Freydoz a Buenos Aires y sólo se requirió opinión de la Cámara.
¿Era necesario descalificar a la Justicia? ¿Se justifica esmerilar jueces y responsabilizarlos por el traslado? ¿Cuánto tiempo llevaría conocer la verdad?
Una estrategia equivocada, en pocas horas surgió la verdad y quedó al descubierto la jugada oficialista, pese a que desde el Ministerio de Gobierno – con argumentos pueriles – le ocultaron las notas originales a la prensa, que las solicitó insistentemente.
Este entredicho se inicia cuando la Cámara Penal de Roca ordenó que se cumpla con la sentencia del 20 de noviembre del año pasado y Freydoz pase a un instituto carcelario.
Los jueces determinaron que fuera trasladada a una cárcel común después de analizar el informe que el médico forense Adolfo Scatena, el psicólogo oficial Sergio Blanes Cáceres y la psiquiatra forense Beatriz Barreiro realizaron a la imputada.
Desde el 1 de enero del 2012, tras la muerte de Soria, Freydoz nunca estuvo detenida en dependencias policiales ni penitenciarias. Primero estuvo alojada un mes en la casa de su hermana, en la localidad de Allen, y luego en una habitación del hospital de Cipolletti. Se conoció entonces que contaba con teléfono, que tejía, manipulaba una tijera y salía del nosocomio en una ambulancia y acompañada por un patrullero policial.
En ese lugar esperó el juicio, donde nunca hizo uso de la palabra, mientras su defensa argumentó a favor de la inimputabilidad y la emoción violenta.
Los argumentos sobre su situación psiquiátrica tampoco respaldaron que Freydoz requiere de un tratamiento diferencial y privilegiado. Existen casos similares de condenados por homicidio que intentaron suicidarse y que sin embargo están alojados en distintas dependencias carcelarias provincial o federal.
El pecado original de toda esta situación fue no reconocer de parte de la familia y el gobierno que Susana Freydoz, tendría un tratamiento distinto.
Desde el mismo día de la condena, el 20 de noviembre del año pasado, el gobierno tendría que haber informado que a través del Servicio Penitenciario dispondría de un alojamiento especial, porque en definitiva terminó siendo su propósito.
Hay antecedentes en Río Negro, incluso en el Penal de Viedma se levantó una construcción especial que alojó a Francisco José Ricciardulli, director ejecutivo del ex Banco Provincia de Río Negro y a Alejandro Biderbost, ex contador del Poder Judicial rionegrino, entre otros.
Ocultar esta situación y asumir los eventuales costos, generó la necesidad de ocultar información, evitar decir la verdad y caer en comunicados oficiales que solo trajeron confusión.
Distinto hubiera sido para el propio gobierno, los familiares de Susana Freydoz y la propia justicia provincial que previendo que en algún momento la Cámara Penal dispusiera su traslado del hospital, se acondicionara un lugar en General Roca, con custodia del Servicio Penitenciario y donde se cumplan con los tratamientos médicos prescriptos.
Ahora en el medio de entredichos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y los comentarios a favor y en contra sobre urticantes privilegios, igual el gobierno tiene que destinar recursos para la internación de Freydoz en una clínica costosa y de primer nivel y afrontar traslados, viáticos y otros gastos para el personal policial que tendrá a su cargo la custodia de la ex esposa del gobernador Carlos Soria.
Una verdad a medias termina siendo una mentira total.