DDHH en Río Negro ¿Sólo un discurso? ● Centro Cultural E. S. Discépolo

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a través de la RED FEDERAL DE SITIOS DE LA MEMORIA, ha implementado la POLÍTICA NACIONAL DE SEÑALIZACIONES. Así se hace visible la función que cumplieron lugares de detención clandestina durante la aplicación del terrorismo de estado y expresa, en el espacio público, el compromiso de la sociedad y el estado democrático en dar a conocer y condenar estos crímenes, impulsar el juzgamiento de sus responsables, garantizar la protección de los sitios de memoria por su valor testimonial y judicial y hacer efectivo el reconocimiento a las víctimas y sus familiares. ¡Claro mensaje éste, de condena histórica al golpismo como herramienta de la política sobre el cual no debemos dejar de actuar!

Nos reconforta esta política que visibiliza lo sucedido durante los años oscuros de nuestra Historia. Es nuestra obligación como ciudadanos conocer y recoger la experiencia del pasado. Pero también tenemos que mirar el presente y pensar hacia el futuro, sobre todo para que aquellos delitos cometidos por el estado, que tanto dolor han causado a la Nación Argentina, no se repitan jamás. Sin dudas, así estaremos actuando en consonancia con lo señalado por nuestra Carta Magna en todo cuanto sea “promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad”, para que, por vigencia respetuosa de los derechos humanos en todos los ámbitos y circunstancias, podamos construir sólidamente el estado democrático que nos merecemos.

Hace unas horas en la inauguración de la Comisaría de la Familia en la Provincia de Río Negro, el Gobernador Alberto Weretilneck expuso su pensamiento sobre el trato a los menores en conflicto con la Ley y a la vez, efectuó consideraciones sobre cómo, a su criterio, debe actuar el Poder Judicial. El Señor Gobernador propone algo por demás llamativo en voz de un dirigente democrático: DEJAR DE LADO LAS LEYES Y APLICAR EL “SENTIDO COMÚN”, en flagrante contradicción con las políticas que sobre la materia pretende la sociedad e impulsa con todo acierto el gobierno de la Nación.

Pareciera que por lo expresado asistiéramos a otro momento histórico, más cercano a prácticas que precisamente buscamos desterrar. Basta de penas sin las garantías del debido proceso, garantía éste a su vez, del justo juicio. Crean preocupación tales aseveraciones. A tenor de las mismas, estaríamos ante un resucitar de la medieval potestad del gobernante de disponer de vida y bienes de los habitantes de un territorio, en este caso, la Provincia de Río Negro.

La posibilidad de democratizar la justicia y conseguir una seguridad que posibilite la inclusión, DEBE CONTEMPLAR EL ACCIONAR POLICIAL EN LA PERSPECTIVA DEL PASADO RECIENTE. Aprendamos de la historia y no dejemos de observar, como lo señala el especialista Gustavo Javier Gómez, que “. . .durante la dictadura cívico militar y los años posteriores. . . la tendencia a las actividades ilegales se había enquistado de tal manera en la corporación policial, que, de soslayo o de manera directa, seguían ejerciendo un poder ilegal y arbitrario que vulneraba la libertad ciudadana, generando inseguridad y violaciones constantes de los derechos humanos”.

Y sigue: “. . .así, fueron sucediéndose hechos que, por su relevancia pública (el asesinato de José Luis Cabezas, los secuestros extorsivos liderados por policías, los fusilamientos de jóvenes en Budge, Wilde o San Francisco Solano, por citar sólo algunos ejemplos), hicieron que la clase política comenzara a entender la profundidad de su desentendimiento respecto de las cuestiones relacionadas con el gobierno de la seguridad pública”.

Río Negro recibió desgraciadas experiencias del llamado “gatillo fácil”, que concluyeron teniendo como víctimas a jóvenes, los cuales, en una visión poco seria y simplificada, serían los principales generadores de la violencia delictiva.

El primer punto del ACUERDO PARA LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA señala que “. . . en nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria”. Teniendo presente lo expresado en el discurso de inauguración de la Comisaría de la Familia, la política provincial propiciada, sin ver que la misma ha mostrado no servir para prevenir y combatir el delito, se aproxima a la descripción negativa expuesta en el Acuerdo.

Sería redundante repetir la caracterización que se hace de la seguridad y la justicia en el citado Acuerdo. Cabría analizarlo como aporte, tomarlo seriamente en consideración, someterlo a la discusión de los especialistas, difundir estas ideas y las mejores propuestas entre la ciudadanía, para superar representaciones colectivas proclives a la simplificación de respuestas.

Como ciudadanos queremos expresar firmemente nuestra postura ante definiciones que nos sorprenden, por lo que entendemos podría verse como una grave disidencia con las políticas de Derechos Humanos que se ha construido en Argentina a lo largo del tiempo con la lucha de Madres y Abuelas o la APDH entre las más significativas. Pensamos asimismo que han recibido un impulso vital, a partir del año 2003, con el gobierno del Dr. Néstor Kirchner, la continuidad en las presidencias de Cristina Fernández y CUYA EXPRESIÓN PRESENTE ES LA SEÑALIZACIÓN DE LA COMISARÍA 4TA. DE CIPOLLETTI COMO CENTRO DE DETENCIÓN CLANDESTINO.

Hay en Río Negro ciudadanos e instituciones que con dignidad ejemplar han sostenido una larga lucha en defensa de los Derechos Humanos, enfrentando a veces en soledad los poderes políticos, mediáticos o económicos. Integrantes hoy del ejecutivo provincial algunos de aquellos, sería invalorable aporte conocer sus opiniones en este caso.

No queremos sumarnos a ningún coro desafinado, que dando pena y repulsión, se permite la hipocresía de adoptar una “postura crítica”, como si creyera que la ciudadanía de toda la Provincia no recordara que, hasta hace muy poco, mantuviera silenciosa complicidad ante el secuestro y desaparición del obrero Daniel Solano, por ejemplo e insensiblemente, ninguno de sus integrantes ni se preocupó frente a los quince asesinatos de mujeres en Cipolletti o en ocasión de la eliminación de testigos de crímenes resonantes.

Entendemos que UNA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA NO PUEDE BASARSE EN MÁS REPRESIÓN, aunque ante el dolor esto sea una reacción casi generalizada. Tampoco la demonización de los jóvenes es el camino, algo que se ha recorrido con otros sujetos sociales: los pobres, caracterizados con la remanida sentencia de “no les gusta trabajar”, “son todos ladrones”, eso sin olvidar al indio – el salvaje – o el militante social, catalogado con variada designación peyorativa en diferentes etapas de nuestra historia: anarquista, comunista, cabecita negra, subversivo. . . Por eso nuestra alarma hoy, que se asimila joven a delincuente.

Teniendo conciencia de la gravedad de la situación que genera el delito, respetuosamente convocamos a que, desde la mayor responsabilidad política de la Provincia, se clarifiquen lineamientos acerca de SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN RÍO NEGRO.

ANTONIO ANGEL CORIA – CARLOS S. MAGARIO – ARMANDO LAURETTI

El texto de este artículo es una carta que envió el Centro Cultural Enrique Santos Discépolo, Filial Comahue al gobernador Alberto Weretilncek.

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