Denuncian ante Fiscalía de Investigaciones presuntas incompatibilidades de funcionarios

Viedma.- Legisladores del bloque Alianza Concertación denunciaron hoy ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas la existencia de presuntas incompatibilidades en el desempeño de cargos múltiples por diversos funcionarios provinciales, en marcada incompatibilidad funcional.
Por eso, solicitaron al fiscal Marcelo Ponzone que promueva, en los términos de la Ley K Nº 2394, la investigación administrativa correspondiente, tendiente a dilucidar las presuntas irregularidades expuestas y otras que pudieran surgir del transcurso de la investigación, concurriendo a sede penal a efectuar las denuncias que de lo investigado correspondan.
Al mismo tiempo, requirieron a su par de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Nación que inicie sumario de investigación sobre las percepciones múltiples del diputado nacional Oscar Albrieu.
Ayer, el bloque de la Alianza señaló que el Gobierno Provincial del Frente Para la Victoria dijo que venía a cambiar las cosas en Río Negro, pero “está integrado por funcionarios a los que por su codicia no les alcanzaría con los escandalosos megasueldos, incluso recientemente aumentados, y por eso perciben inconstitucionalmente haberes de otras jurisdicciones del Estado”.

En la presentación hoy ante la Fiscalía, la bancada de oposición inicialmente se refirió al caso Martha Arriola señalando:

A fines del mes de mayo de 2013, en un medio digital de la región se indicó que la actual secretaria de Seguridad y Justicia de Río Negro, Martha Arriola, (antes subsecretaría de Participación Comunitaria) habría continuado percibiendo un ingreso del Senado de la provincia de Buenos Aires, aunque su actividad principal se desarrolla en nuestra provincia, y por la cual recibe remuneración provincial, además de pasajes, casa, viáticos y celular.
El medio periodístico indicó que cuenta con documentación que acreditaría que la máxima encargada de la seguridad de todos los rionegrinos, percibió – además de su sueldo en la provincia – honorarios del Senado de la provincia de Buenos Aires, inicialmente por su función como Secretaria de la Comisión por el caso Candela Rodríguez., creada en marzo del 2012, “… entendiendo que habría que analizar si existe algún tipo de incompatibilidad, en el sentido de la doble percepción de haberes del Estado, que establece la Ley 3550 de Ética Pública que en su artículo 19 inciso i) consigna: “desempeñarse al mismo tiempo en más de un cargo o empleo público remunerado, cualquiera sea su categoría, característica y la jurisdicción en que hubiera sido designado”, está considerado como una incompatibilidad (…) Pero también queda claro que el caso merece una profunda investigación, para determinar si un hubo algún tipo de desviación del uso de recursos del Estado rionegrino para efectuar su trabajo de la provincia de Buenos Aires”.
La funcionaria cuya designación o doble designación simultánea en dos provincias se cuestionara públicamente, distribuyó un comunicado en el que reconoce la doble tarea, pero descarta que dicha circunstancia fuera ilegal o prohibida, y que haya percibido gastos o viáticos de nuestra Provincia para desempeñar otra tarea, por lo que hemos requerido informe para que determinar dicha situación.
No obstante, de lo informado oficialmente por la propia funcionaria, se puede afirmar que hubo superposición de funciones, e incluso se corre el riesgo de que el erario público provincial, con medios, viáticos, o tiempo de trabajo, haya cubierto desempeño en otra provincia.
Desconociendo si a la fecha, habiendo tomado estado público, sobre esta posible y muy probable incompatibilidad en el tiempo en que la señora Martha Arriola se desempeñaba como funcionaria provincial, el Ministerio de Gobierno inició actuación sumarial alguna para determinar o descartar la posible incompatibilidad laboral de la mencionada funcionaria, y de haberse iniciado se ha dado noticia de ello a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, formulamos la presente denuncia para que todos estos extremos sean investigados con profundidad y seriedad suficiente.
Los 21 funcionarios:
Según surge de diversas publicaciones periodísticas digitales y gráficas de los últimos días, a partir de una información difundida originalmente en el sitio de la Agencia Digital de Noticias, (ADN) en el mes de mayo, y luego tomadas por otros medios periodísticos, como por ejemplo el sitio digital del diario Río Negro, del día de hoy y también en su versión en papel, (http://www.rionegro.com.ar/diario/doble-sueldo-son-639-pero-niegan-ilegalidad-1182382-9701-nota.aspx), en el que informan que “…el gobierno de Río Negro informó que el listado de doble percepción de Función Pública consignó a 639 estatales provinciales, incluyendo a 21 funcionarios, de distintas «jerarquías», (…) que ocho figuran como docentes y estimó que el resto «se encontraría con suspensión de la relación laboral», «sin percepción» o «no incurriría en incompatibilidad alguna». El documento enviado a este diario se origina en dichos del ministro de Economía, Alejandro Palmieri, para «aclarar» la información publicada por «Río Negro», considerada «sumamente intencionada y escasamente fundamentada». En el comunicado, el funcionario plantea que el «relevamiento» «se cumplió en los primeros meses del año y se comunicó a los organismos el 30 de abril». Así se despega del revuelo público originado por la difusión de incompatibilidad del diputado nacional Oscar Albrieu….”.
Continúa dicho artículo diciendo que: “… Luego Palmieri insiste en que «por primera vez» desde la Secretaria de Función Pública «se relevaron situaciones donde existe potencialmente más de una relación laboral» y los resultados se comunicaron a cada organismo para que «brinden las válidas aclaraciones correspondientes en cada caso». El titular de Economía confirmó que «surgieron 639 registros de agentes», de los cuales, «el 95% corresponden a empleados que hace muchos años trabajan en la administración rionegrina y la gran mayoría se desempeñan en otro empleo en la actividad privada o ejercicio profesional». Aún la doble percepción, el ministro concluye que no hay «incompatibilidad alguna, salvo determinadas excepciones». Después indica que «existen sólo 21 registros de funcionarios de cualquier jerarquía, que mantendrían potencialmente relación laboral con otra institución pública o estatal». No aporta nombres de los funcionarios que están en la nómina de la Función Pública. Agrega que «en ocho casos se trata del ejercicio de la docencia, principalmente en universidades publicas (situación no incompatible en función de las horas cátedra desempeñadas)». Estima que «el resto se encontraría con suspensión de la relación laboral, licencia sin goce de haberes, sin percepción de retribución alguna, o por la particular condición de la tarea no incurriría en incompatibilidad alguna». (AV)
Un repaso de noticias indicará que incluso se solicitan varias acciones por parte de diversos funcionarios y legisladores, siendo esta presentación ante esa Fiscalía de Investigaciones Administrativas, el paso que desde este bloque de legisladores, entendemos necesario para que se esclarezca toda esta situación de probables incompatibilidades de funcionarios públicos rionegrinos.
El bloque de la Concertación Para el Desarrollo respetando los caminos institucionales ha cursado sendos pedidos de informes al Poder Ejecutivo en relación a la particular situación de la secretaria de Seguridad, lic. Martha Arriola, (Expte. Nº 350/13 de la Legislatura) y en función de los ya famosos listados del Consejo de la Función Pública (Expte. Nº 393/13 de la Legislatura), cuyas copias simples se adjuntan a todo evento, en tanto sospechamos que la respuesta a los mismos demorarán meses y no descartamos que se nos responda en forma incompleta, como ya parece ser la estrategia oficial al respecto.
Por ello es que en el marco de las facultades y deberes que emergen del art. 164 de la Constitución Provincial, que sostiene que corresponde a ese organismo de control externo “… la promoción de las investigaciones de las conductas administrativas de los funcionarios y agentes de la administración pública, de los entes descentralizados, autárquicos, de las empresas y sociedades del estado o controlados por él…”, y la ley K Nº 2.394 por lo que solicitamos se proceda en forma inmediata al inicio de un sumario de instrucción por parte de ese organismo, a efectos de investigar la posible comisión de irregularidades administrativas pasibles de causar perjuicio patrimonial al Estado rionegrino y/o la posible comisión de delitos tipificados por el Código Penal Argentino, los que deberán ser puestos en conocimiento inmediato de la Justicia Ordinaria, ello
Asimismo, por la presente facultamos al secretario de bloque, Dr. Sergio Gustavo Ceci a tomar vistas de las actuaciones, solicitándole expresamente que se requieran urgentemente los listados elaborados por el Consejo de la Función Pública, del que surgen las difundidas incompatibilidades, poniéndolo a disposición de los aquí solicitantes, a fin de ratificar la presente denuncia, o en su caso, de reencausarla contra aquellos funcionarios que se encuentren incursos en las situación de incompatibilidad funcional.
Por lo expuesto, ese organismo de control debe requerir todos los informes y medidas de prueba pertinente para determinar si se ha actuado ilegal o ilícita, o si se cometieron faltas administrativas por parte del o los funcionarios alcanzados por los hechos denunciados.
Se adjuntaron impresiones de las publicaciones de la que surgen los datos o hechos denunciados en los puntos precedentes.
La situación del diputado nacional Oscar Albrieu:
Al mismo tiempo que se informa y debate socialmente sobre la existencia de incompatibilidades funcionales de diversos funcionarios públicos rionegrinos, claramente del caso de la lic. Arriola, y otros a determinar, surge el debate de la situación del diputado nacional Oscar Albrieu, quien percibiría jubilación como juez de la Nación, emolumentos y reconocimiento de gastos como diputado nacional y a su vez, se desempeñaría como Docente Universitario con dedicación plena o “full”, lo que el mismo habría desmentido.
Si bien está claro que ninguna de dichas percepciones corresponden al erario provincial, es un caso del que se habla mucho pero en el que no se advierte que se haya formulado presentación o denuncia alguna en sede judicial o administrativa.
Por tal razón, los legisladores solicitaron al fiscal, en forma institucional, se ponga esta situación en conocimiento de su par nacional a fin de que se investigue si en relación al beneficio que percibe del ANSES y a su condición de docente universitario nacional, existe incompatibilidad de percibir dieta, remuneración, gastos o reconocimientos monetarios por parte del Congreso Nacional.
Por lo expuesto, y encontrándose los hechos relatados en los principales medios periodísticos de orden provincial y regional, habiendo el bloque de legisladores actuado conforme el rol institucional que le corresponden, sin perjuicio de los pedidos de informe formulados al Poder Ejecutivo y que se aportará cuando se obtenga la seguramente tardía e incompleta respuesta, solicitaron al fiscal de Investigaciones Administrativas lo siguiente:
Promueva en los términos de la Ley K Nº 2394 la investigación administrativa correspondiente, tendiente a dilucidar las presuntas irregularidades expuestas ut-supra y otras que pudieran surgir del transcurso de la investigación, concurriendo a sede penal a efectuar las denuncias que de lo investigado correspondan.
Se requiera a su par de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Nación, inicie sumario de investigación sobre las percepciones múltiples del diputado nacional Oscar Albrieu.
Se dé traslado de lo actuado al fiscal de Estado a efectos de que se adopten las medidas del caso para evitar que se generen en el caso perjuicios al erario provincial que aquel debe defender.