¿Cuánto tiempo más llevará? ● María Elena Ochoa

Esta semana se conoció un fraternal llamado de atención de parte de quién supo auxiliarnos en medio de la noche más siniestra, un acto reparador de justicia, una convocatoria a volver a las fuentes, en beneficio de la libertad, de la afirmación de derechos que provienen no de la generosidad de los gobernantes de turno sino de la propia condición de ciudadanía, Una medida que libera y preserva nuestro recurso más importante y la mejor esperanza de futuro, nuestros jóvenes.

Esta semana se conoció la condena que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha efectuado en contra del Estado Argentino, caracterizándolo como único país de la región que violando los derechos constitucionales, emitió reiteradamente condenas a perpetuidad sobre menores violando sus derechos y los de sus familiares, lo cual resulta muy grave cuando se hace de la defensa de los derechos humanos, una carta de presentación ante el mundo y ostentamos nuestros títulos de Libertadores de América

Igual que con una condena a muerte, uno de los casos juzgados, sólo podrá tener solución formal, ya que uno de los adolescentes murió ahorcado, mientras lo mantenían alojado en un penal de adultos que registra el récord nacional de muertes violentas, mezclado con el resto de los internos, bajo condiciones deplorables para su edad y su estado psíquico.

La CIDH también repudia expresamente la desaprensión que observó en la determinación de responsabilidades por las muertes, la falta de adecuada atención médica durante el cumplimiento de las condenas y las torturas que sufrieron los menores, afirmando respecto de las últimas, que “constituyeron un incumplimiento de las obligaciones de prevención y sanción establecidas en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”

El trascendente fallo reprueba la sistemática reiteración de penas “desproporcionadas” que constituyen “un trato cruel e inhumano” e “implican la máxima exclusión del niño de la sociedad”. Frente a las limitaciones observadas en el funcionamiento de los recursos de apelación y de los códigos penales de procedimientos, la CIDH ordena adaptar los mismos y el resto de las leyes aplicadas a los marcos internacionales convenidos y vigentes, como la Convención de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño y otros con similar rango constitucional. La injusta legislación aludida incluye al decreto ley 22.278 sancionado por la Dictadura, que tras 30 años de democracia continua vigente, habilitando la privación ilegítima de la libertad a menores de 16 años y otras disposiciones similares.

Queda pendiente la recuperación del prestigio, las rectificaciones que podamos darnos para recrear la imprescindible confianza de un pueblo en un gobierno ya que las violaciones permanentes a los derechos humanos continúan desarrollándose en nuestra provincia, donde la tortura, las condiciones infrahumanas de detención, la venta de drogas y el abandono de los jóvenes en riesgo no muestran ningún signo de mejoría.

Estos jóvenes víctimas de un sistema perverso, son síntomas de un estado desertor e indiferente que oculta sus responsabilidades tratando de invertir con su discurso la polaridad víctima – victimario, intentando instalar en el imaginario colectivo divisiones artificiales entre sociedad adulta y minoridad peligrosa, reclamando la reducción de la edad de imputabilidad como solución al conflicto social. Es falso que haya que elegir entre nuestra seguridad y nuestros ideales. En lugar de discutir la “imputabilidad” debiéramos terminar drásticamente con la “impunidad” cómplice que deslegitima la autoridad.

Políticamente la construcción social de un enemigo a quién vigilar, reprimir, expulsar o exterminar, demonizando la marginalidad, es el basamento de un esquema de control social creciente. La lógica del desconocimiento y la exclusión ha sido el sustento de dictaduras fascistas, guerras y brotes de xenofobia, posicionando a la represión y a las violaciones de los derechos humanos, como única salida para dirimir los conflictos inherentes a una sociedad plural e injusta. Si una sociedad no puede ayudar a los muchos que son pobres, tampoco podrá salvar a los pocos que son ricos.

Las cosas no son justas por el hecho de ser leyes, deben ser leyes porque son justas. El equilibrio de una sociedad con igualdad real de oportunidades, es el único camino hacia una paz sustentable. El orden social a cambio de la libertad es un mal trato.

El legislador ateniense Solón decretó como delito que los ciudadanos se desentendieran de las controversias. Abandonemos la indiferencia, recreemos la democracia, generemos opinión, pongamos tras estos actos aberrantes cometido palabras, acciones y compromiso en una pacífica revolución de esperanza por encima del miedo.

Lic. María Elena Ochoa.

Presidente del Colegio de Psicólogos del

Valle Inferior de Río Negro