La ley de tierras y la situación provincial ● Pedro Pesatti
La Ley Nacional de Tierras 26737 tiene como principal objetivo asegurar que la tenencia del principal recurso natural de nuestro país quede en manos de argentinos, procurando, de esta manera, que no se extranjerice la posesión del suelo.
En la actualidad podemos observar que el poder económico mundial adopta nuevas formas para practicar el coloniaje que caracterizó el comportamiento de las grandes potencias hasta bien entrado el siglo XX: la adquisición de tierras en los países que cuentan con un inmenso caudal de recursos naturales.
Para defender la soberanía nacional sobre estos recursos es que se aprobó, por amplia mayoría, en diciembre de 2011, la ley de Tierras. Esta ley establece un límite máximo de cantidad de tierras que puede estar bajo titularidad extranjera, que se debe cumplir tanto a nivel nacional, provincial, como en cada uno de los departamentos o entidades administrativas correspondientes. En este sentido, la totalidad de tierras de extranjeros no podrá superar el 15% del total de tierras rurales del país. En el caso de la zona núcleo, en pleno corazón de la pampa húmeda -conformada por algunos distritos de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe- se impone la limitación de que ningún extranjero podrá disponer de más de 1000 hectáreas y, para la zona no núcleo -el caso de Río Negro, por ejemplo- se establecerá una cantidad equivalente de hectáreas de acuerdo a la potencialidad productiva de la tierra, entre otros factores.
En este tiempo, luego del informe dado a conocer recientemente por la presidenta de la Nación, Cristina Fernandez de Kirchner, podemos asegurar que Río Negro es la tercera provincia con menos porcentaje de extranjerización del país, luego de Córdoba y Formosa. Dentro del territorio provincial, al analizar cada uno de los departamentos que componen el territorio, se observa la misma tendencia, estando en todos los casos dentro de los límites que fija la ley.
Si bien esto es sólo un comienzo dentro de la regulación del régimen de tierras es necesario visualizarlo en el marco provincial que presenta un estado de situación singularizado por las transferencias de tierras fiscales a particulares que en muchos casos son de origen extranjero o están vinculados a personas físicas o jurídicas que no pertenecen a nuestro país.
En efecto, la reciente anulación del proceso de tierras malvendidas por el anterior gobierno en la meseta de Somuncurá y la investigación de otras operaciones realizadas durante la administración del ex gobernador Miguel Saiz, son grandes pasos para revalorizar los recursos naturales propios, y que tenemos la obligación moral y social de proteger tal como lo viene realizando la Comisión Especial Investigadora que creó la Legislatura provincial, con el voto unánime de todas las bancadas, en la búsqueda de restituir al patrimonio provincial las 70 mil hectáreas vendidas a precio vil, incumpliendo con la ley de tierras fiscales de la Provincia y favoreciendo la adquisición de propiedades en zona de frontera a personas o empresas del extranjero, situación que en la justicia ya devino en la imputación del ex gobernador Miguel Saiz y de otros altos funcionarios de su gobierno.
PEDRO PESATTI, PRESIDENTE DEL BLOQUE DEL FRENTE PARA LA VICTORIA