Procuradora cobraba “extra” por asistir a reuniones de Seguridad

Viedma (ADN).- La procuradora general y candidata del oficialismo para integrar el Superior Tribunal de Justicia, Liliana Piccinini, cobraba extra por asistir a las diversas reuniones de las comisiones legislativas de Seguridad y como integrante del Comité provincial de Adhesión al Programa Nacional de Lucha Contra la Impunidad. Documentación a la que accedió ADN confirma que la funcionaria recibía MIG por esa actividad y que, a pesar de ello, no se excusó cuando le tocó tratar un amparo para acceder a la información, presentado por una periodista del diario Río Negro.

Los polémicos MIG , una especie de sobresueldos que se pagaban en el Poder Judicial, ha sido por años una información vedada a la ciudadanía, que sólo ha logrado acceder a datos generales, pero nunca a una lista y los motivos por lo que cobraba cada funcionario o empleado jerarquizado.

Ahora ADN, por primera vez, logra acceder a un documento que prueba de Liliana Piccinini cobraba MIG por asistir a las reuniones que se realizaban en la Legislatura para analizar la problemática de la seguridad ciudadana. Por ejemplo, recibía extra por ser miembro del Comité provincial de Adhesión al Programa Nacional de Lucha Contra la Impunidad (resolución Nº 130/09), por asistir a las reuniones de la Comisión Especial de Seguridad (resolución Nº131/2009) y una donde se verifica que cobró por ser integrante de la Comisión Especial de la Legislatura de Estudio de la Población Carcelaria (resolución 129/2009).

También recibió MIG en su carácter de vicepresidente del Consejo de Procuradores; Fiscales, Defensores y Asesores de Menores de la República Argentina, según consta en la resolución Nº 128 del 2009.

Esta funcionaria no era la única que recibía esos ingresos, pero como el Poder Judicial se niega a difundir los listados, habrá que esperar para contar con esos datos.

Pero la polémica no estaría sólo si le corresponde percibir esos recursos, sino por que no se excusó cuando se analizó el amparo presentado por la periodista Alicia Miller, quien por años ha solicitado acceder a la información de quienes y por qué en el Poder Judicial se pagaban esos ingresos extras.

Claramente, al haber recibido MIG, habría razones para que se excusara de analizar la cuestión ya que ella era una directa involucrada, como receptora de esos fondos.

La candidata oficialista

Liliana Piccinini está nominada como la única candidata presentada por el gobernador Alberto Weretilneck para integrar el ampliado Superior Tribunal de Justicia que se resolverá hoy. Esa nominación cuenta con el aval de los máximos referentes del FpV, como Miguel Pichetto y el intendente Martín Soria.

Ese último, que además es vicepresidente del PJ, llamó a “limpiar” el Poder Judicial se jueces que ampararon la corrupción de 28 años de gobierno radicales, por eso llama la atención que se proponga a Piccinini que fue quien, como jueza de instrucción, la que dictó el sobreseimiento al ex gobernador Horacio Massaccesi y de Alberto Carosio, en la causa por el pago de vuelos truchos en el año 1995.

Se confirmó que se pagaron facturas por vuelos que nunca se hicieron, pero se cayó la acción por el paso del tiempo. En la sentencia del STJ del 2003 se dice que el delito se acreditó, pero como pasó demasiado tiempo sin avanzar en la instrucción, entonces cayó.

Curiosamente, Soria puso este viernes en declaraciones radiales, a Massaccesi de ejemplo de la corrupción que había sido amparada por la justicia rionegrina.

Por otra parte, la participación de Piccinini en la causa del vaciamiento del Banco Provincia (que gracias a la Corte Suprema se pudo abrir y lograr condena) y en la del caso del ex titular de BPRN, Federico Polak, están claramente descriptos en una editorial de Alicia Miller en el diario Río Negro.

A estas cuestionadas actuaciones se suma la polémica resolución, Nº 3 del 2009, que ha sido declarada inconstitucional por una de las salas de la Cámara de Viedma y que motivó el pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura, que finalmente no prosperó.

Algunos entienden que esta resolución es claramente un abuso de sus funciones, como así también un exceso la denuncia que realizó contra el administrador Horacio Mión, porque este le habría contentado un pedido formal de información en forma parcial.

Habría otra serie de posibles abusos de autoridad de la procuradora, que ya fueron resueltos por la Justicia y de lo que se dio difusión periodística oportunamente, pero hay un caso que deberá ser analizado profundamente por las autoridades y es el nombramiento que realizó Piccinini de fiscales adjuntos sin concurso y por fuera de los pasos establecidos en el Consejo de la Magistratura.

Entre estos funcionarios nombrados en forma singular están Julieta Villar y Laura Domínguez.

Como antecedentes habrá que analizar la denuncia realizada contra la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien también habría procedido a la designación de funcionarios judiciales violentando las disposiciones que regulan la estructura del Ministerio Público.

También, como probables abuso, están las instrucciones que estableció donde se acotan facultades para que no se les pague subrogancias a determinados funcionarios.

Liliana Piccinini ha formado parte esencial del gobierno del Poder Judicial de Río Negro en todos estos años y, solidariamente, es responsable del no esclarecimiento de cientos de causas como la del joven Atahualpa, donde autorizó a la fiscal Daniela Zágari, para que en las primeras horas cruciales a la investigación se fuera a hacer un curso o a Bariloche.

Los consejeros deberán analizar con responsabilidad todos estos y otros antecedentes de la candidata del oficialismo, que el año pasado había dicho por carta pública que renunciaba a este ofrecimiento. (ADN)