“Cuando se judicializa la política, se politiza la Justicia…” ● Martha Arriola

En lo que va de la gestión del actual gobernador de la Provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, se duplicó la partida en Seguridad y Justicia en el año 2012 y se triplicó en el 2013. De $395.700.000 en el año 2011 a casi $ 1000.000.000 para el año en curso.

Esa inversión se aplica a la ejecución de Plan de Seguridad y Justicia integral que se estructura en seis ejes de gestión, en el marco del modelo democrático de seguridad que impulsa el Gobierno Nacional. Uno de éstos ejes, en emergencia, es la reforma del sistema penitenciario. Por ese motivo se despliega un conjunto de acciones en forma simultánea:

Formación de Personal penitenciario. Hasta la actual gestión no hubo una política de formación de agentes penitenciarios, quedando a cargo del sistema, personal policial. Han egresado 309 operadores penitenciarios en lo que va de la gestión. Implicó un aumento del 198% puesto que hasta el año 2012 había 156 agentes.

Creación y puesta en marcha del Nuevo Escalafón del SPP desde el 1 de marzo, lo que implica además de la creación de una carrera profesional, una recategorización que significó un aumento en el salario del orden del 30%.

Conformación de la Mesa de Normalización Salarial del Sistema Penitenciario Provincial con participación gremial, que implica reordenamiento interno para llegar a la meta 2014 con totalidad de agentes penitenciarios y equiparación salarial (coexisten tres situaciones diferentes en el mismo sistema).

Creación del grupo especial CIEPP para abordaje de crisis penitenciarias con mínimo empleo de la fuerza y sin uso de armas. Capacitación y equipamiento.

Conformación de 6 Gabinetes Criminológicos en cada uno de los penales, incorporando 50 profesionales y técnicos de disciplinas del trabajo, educación, salud, asistencia jurídica y psicológica.

Cada penal garantiza educación formal en todos sus niveles, incluida la educación universitaria. Se están implementando talleres CAJ (Centro de Actividades Juveniles) en articulación con el Ministerio de Educación. Se trata de talleres artísticos, de música, ciencia, computación, plástica. Se desarrolla una estrategia de inclusión para el trabajo (talleres de carpintería, herrería, huerta y cría de animales de granja).

Existe una experiencia de régimen abierto, para condenados de buena conducta, en la localidad de Pomona, única en su modalidad, donde la población trabaja en la construcción de cada vivienda, con autogestión.

El Instituto de Asistencia a Presos y Liberados (IAPL) supervisa el cumplimiento de reglas de conducta impuestas judicialmente a un total e 1.200 personas en todo el territorio. Inicialmente la acción se concentraba en dos delegaciones; Viedma y Roca. Actualmente funcionan también Bariloche, Cipolletti y delegación San Antonio Oeste. En los últimos 4 meses se han incorporado un total de 12 profesionales. Se ampliarán, puesto que no resulta todavía satisfactoria la relación entre supervisados y oficiales de prueba.

En Junio de 2012, se creó el Servicio de Alimentos, área estratégica para lograr dignidad en la atención. Se mejoró el sistema de compras, diseño de menúes, control de alimentos y productos de limpieza. La inversión total en alimentos para las cárceles de la Provincia ascendió a $ 5.256.000.-

Se entregaron 4 camionetas, 2 móviles, 2 furgones, motos y cuatriciclos.

Hay un plan de infraestructura penitenciaria en plena ejecución: Refuncionalización del Establecimiento de Ejecución Penal N° 3 de San Carlos de Bariloche por un monto de $ 6.974.759. Su inicio se había proyectado para fines del mes de mayo. Por sobrepoblación y a pesar de haber trasladado 22 internos en ese mes al penal de Cipolletti para comenzar las obras; éstas solo pudieron comenzarse hace 10 días. Esta circunstancia vinculada a que las plazas logradas se volvieron a ocupar rápidamente. Aún con ese retraso, se ha cumplido lo planificado y se avanza en etapas, al tiempo que se ha desplazado al jefe del penal por denuncias de apremios, vejaciones y torturas.

Entretanto se ha procedido a la expropiación de un predio para la nueva construcción de la unidad penitenciaria de Bariloche, cuya obra comenzará a ejecutarse el año próximo. Obras en el Establecimiento Penal N° 1 de Viedma por $ 2.000.000 que se han comenzado; Obras en Penal N° 5 de Cipolletti por un monto de $ 2.570.888 próximas a comenzar. Se construyeron 4 garitas en el perímetro y se adecuó un espacio para detenidos especiales. Situación del Establecimiento penal N° 2 de General Roca por un monto total de $ 8,970.116. Para realizar las obras se proyectó en el mes de abril un plan de contingencia que preveía el traslado de 60 internos a otros establecimientos penales. Esta primera estrategia debió ser modificada sustancialmente al advertir que se había producido filtración de la información y que la operación podía ser interceptada y abortada. Por este motivo se diseñó, no sin dificultad, otro plan: la reparación de los pabellones 5 y 8 por los mismos internos para reubicar parte de la población y proceder al comienzo de la obra de reconstrucción total. Este proceso comenzó y está en su etapa final (terminaciones de obra). Hay una demora de 30 días para cumplir con el compromiso establecido. ¿En qué contexto de intervención? Problemática del tráfico de psicofármacos entre los internos, reflejo del consumo más extendido socialmente y que estamos abordando de modo multiagencia, adicciones y padecimientos de cambio de conductas, manifestaciones de violencia, lesiones, entre grupos y personas que traen rivalidades y enfrentamientos previos a la privación de su libertad, la implicancia de operadores del sistema en estas conductas, la falta de profesionalidad (un OP se forma en no menos de 5 a 8 años), el fortalecimiento de la capacidad de intervención de los grupos especiales sin uso de violencia, y lo que es aún más profundo: la transformación de la cultura institucional para que verdaderamente las unidades penitenciarias se transformen en espacios de recuperación de dignidad, de trabajo y formación, de recuperación para su inclusión comunitaria.

Estamos en pleno proceso de instalación de los pilares de la reforma del subsistema penitenciario, trabajando denodadamente, con un equipo que es de reciente configuración, con vasta experiencia en la materia, con acciones de acompañamiento nunca vistas en la historia del servicio. Semanalmente se viaja y se acompaña cada proceso, haciendo énfasis en las unidades que presentan mayores dificultades, asistiendo a la conformación de los gabinetes criminológicos y equipos de trabajo internos de cada penal.

En este contexto, en el proceso de la obra y desplazamientos de población comprometidos, el juez Chirinos (ex Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad y Justicia en una gestión de gobierno distinto al actual) multa al Gobernador y a parte de su equipo. ¿Cuál es el sentido de esta acción? ¿Forma parte de una estrategia para que el Gobierno Provincial “reaccione y formule un plan”? ¿Desconocía el juez Chirinos el plan y la estrategia? Esta multa ¿se relaciona con la mejora de la calidad de vida de la población y de los operadores del sistema? ¿Modifica las acciones ya encaradas por el gobierno de la provincia en el marco del Plan de Seguridad y Justicia? Las respuestas a estos interrogantes son: NO. ¿Por qué y para qué entonces la aplicación del astreintes? Solo dos posibilidades: vanidad de vanidades o politización de la justicia.

Lic. Martha Arriola

Secretaria de Seguridad y Justicia

“Cuando se judicializa la política, se politiza la Justicia…” (Cita del Dr. Eugenio Zaffaroni)