La punta del iceberg ● ADN
La designación como camarista de la fiscal Daniela Zágari es sólo la punta del iceberg de un entramado de acuerdos políticos e intereses sectoriales. Poco tiene que ver este nombramiento con una voluntad real de contribuir a mejorar el servicio de justicia en la Provincia.
La nueva camarista alcanzó su nombramiento en un procedimiento del Consejo de la Magistratura signado por el silencio, la oscuridad, el apuro y a pocas horas de la elección de los abogados de Viedma para elegir nuevos consejeros en los Consejos, grande y chico. Ésta fue la última actuación de los viejos consejeros.
Una vez más se desaprovechó la oportunidad de llevar adelante un procedimiento ejemplar para la designación de funcionarios que tendrán la delicada misión de juzgar a los rionegrinos. El nombramiento fue por unanimidad, con el aval del radicalismo.
Incluso ya se adelantaron varios nombres que serán designados en distintos cargos en la Justicia de Río Negro en el caso de ganar las elecciones la lista bendecida por el gobierno provincial, que encabezan los doctores Raúl Cámpora y Pérez Esteban, socios en el estudio de abogados.
La actual administración provincial optó por premiar conductas políticas más que judiciales y en la interna del gobierno Martín Soria suma otra aliada en su propósito de “limpiar” y manejar a la Justicia. Ya logró nombrar a Liliana Piccinini en el STJ, jefa de Zágari.
El nombramiento de ayer, casi oculto, sin la más mínima difusión de la reunión, y en el último día del mandato de los representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura, expuso la falta de transparencia del proceso, más aún cuando en ámbitos oficiales y círculos de abogados se sabía que esta designación era parte del acuerdo entre el titular del Colegio de Abogados, Raúl Cámpora, y del abogado Danilo Vega.
Esta designación es sólo una parte de un gran acuerdo de la lista oficialista que ya sabe a quieesn nominar como próximos funcionarios judiciales en caso de ganar. En esa nómina figuran abogados y abogadas con apellidos como Carmody, Rodríguez, Kisner y Minetti, entre otros.
La labor de Daniela Zágari como fiscal fue mediocre y sólo basta pedir las estadísticas de casos irresueltos. Se puede mencionar, por ejemplo, su accionar en uno de las principales causas, la muerte del joven Atahualpa, cuando abandonó la investigación para viajar a Bariloche a pocas horas de encontrarse el cadáver.
Es curioso también, entre otras peculiaridades, que la flamante Camarista no logró el puntaje mínimo necesario –en exámenes anteriores- para postularse al cargo en el que finalmente terminó designada.
Por su parte Danilo Vega ofició de “partenaire” en la designación de su esposa. El abogado Vega protagonizó un singular hecho cuando a poco tiempo de ser nombrado funcionario del peronismo en el área de la Secretaría de Seguridad, viajó al norte de Brasil con Zágari, sin licencia, figurando en los partes diarios como en ejercicio de sus funciones. Es casi imposible que la fiscal no supiera que su marido estaba cometiendo un delito. Hay fotografías del viaje y documentación oficial que prueban la denuncia.
Este abogado y ex funcionario, ahora compañero de Cámpora en la conformación de una lista para el Consejo de la Magistratura, está condenado por la Justicia provincial a devolver una importante suma de dinero al Estado rionegrino e investigado lentamente por el fiscal Marcelo Ponzone, a raíz de su viaje a Brasil.
Para Vega, que recorre oficinas públicas tratando de lograr la adhesión a la lista de Cámpora, Marcelo Balverde y Ariel Alice, la designación de su esposa es a todas luces una bendición.
Cámpora por su parte, que inicialmente accedió a su cargo en el Colegio como independiente al gobierno y que ahora está aliado con una serie de funcionarios del FpV, no convocó a la habitual reunión previa que realiza el Colegio cada vez que hay un nombramiento.
Imposible no mencionar a Pedro Pesatti, partícipe de los acuerdos, también integrante de este Consejo. En este contexto convendría dar una nueva lectura a un proyecto de su autoría.
El legislador presentó hace unos meses una iniciativa que beneficia a ex “trabajadores” de la gremial bancaria, donde impulsa que sea el Estado el que se haga cargo de una deuda particular, donde muchos hoy son funcionarios del gobierno y perciben excelentes salarios como para afrontar la deuda con su abogado.
Esta iniciativa parlamentaria del titular del Bloque del FpV beneficia directamente con más de un millón de pesos en honorarios a un estudio jurídico de Viedma, curiosamente de apellido Cámpora.
Por otra parte, en este esquema se requerirá necesariamente la explicación del partido radical por la forma en que votó su consejero, el legislador massaccesista Adrián Casadei. Habrá que dilucidar si su proceder fue individual, del sector o con mandato de su partido.
También hay que señalar que el Consejo de la Magistratura que designó a la Camarista, nunca informó oficialmente qué resolución adoptó respecto de la denuncia elevada a ese cuerpo contra la fiscal Zágari por el Fiscal de Investigaciones Administrativas, Marcelo Ponzone.
Por otra parte el Consejo también nombró como juez penal, a Igoldi, de estirpe peronista, que cumplió varias funciones anteriores en la Justicia como juez sustituto en Villa Regina, en el Valle Medio y tuvo un fugaz paso por la Secretaría de Seguridad, pero siempre renunció a todos sus cargos hasta recalar en la Justicia Federal.
Ayer fue un día de sorpresas, intrigas y comentarios múltiples en los ámbitos judiciales y de abogados, precisamente en la previa a las elecciones de consejeros por los abogados de Viedma, donde no se ocultó el malestar con el acuerdo del presidente del Colegio y el oficialismo.
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