Milesi y Betelú proponen indemnizar a estatales exonerados por la dictadura
Viedma.- Los legisladores Marta Milesi y Alejandro Betelú, del bloque Alianza Concertación, presentaron hoy un proyecto de ley para reconocer el derecho a un resarcimiento económico a los agentes de la administración pública provincial que hayan sido declarados prescindibles o cesanteados, exonerados o forzados a renunciar por motivos políticos, ideológicos, gremiales o razones similares, durante el período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre del año 1983.
Ayer, la conducción de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Río Negro, representada por el secretario general, Rodolfo Aguiar, y el adjunto, Aldo Capretti, anunció en conferencia de prensa la presentación en la Legislatura de un proyecto de ley en el mismo sentido.
Por su parte, Milesi y Betelú mencionaron que los mecanismos de represión durante la dictadura militar se llevaron a cabo a nivel nacional, en cada región provincial o municipal e incluyeron también persecuciones laborales que concluyeron en muchos de los casos en el cese de la relación laboral de innumerables agentes o empleados del Estado.
“Sin ninguna causa justificable y en el marco de una normativa también ilegal, se dejaba cesante o eran considerados prescindibles por supuestas «razones de servicio», a los agentes de la administración pública, escondiendo en realidad otra forma de persecución política e ideológica perpetrada- por el gobierno militar. Y nuestra provincia, lamentablemente, no ha estado al margen de estas prácticas, muchos de nuestros conciudadanos fueron víctimas del proceso de persecución política, en todas sus formas y modalidades”, agregaron los legisladores rionegrinos.
En cambio, Milesi y Betelú detallaron las leyes 1794 y 4660 que establecieron una serie de beneficios a los agentes estatales afectados por disposiciones del proceso militar, pero aclararon que “si bien el conjunto de normas nacionales y provinciales resolvieron las situaciones de injusticia, lo cierto es que se abordaba el tema como una cuestión puramente administrativa o laboral sin que se tuviera en cuenta que era necesaria una real reivindicación de los derechos humanos”.
Por eso, ahora ambos legisladores consideran que “resulta necesario que el gobierno provincial asuma la responsabilidad de generar un mecanismo legal de reparación histórica y asignar los fondos que resulten necesarios para indemnizar a las víctimas de esas prácticas ilegales y violatorias de los derechos fundamentales de las personas, en virtud de que el derecho al trabajo constituye uno de los derechos humanos básicos consagrados constitucionalmente en nuestro país”.
Concluyeron que el proyecto que propician busca implementar en Río Negro una reparación económica a las personas cesanteadas sin causa en la administración pública provincial, con el fin de compensar el deterioro económico, material, moral y social ocasionado desde el Estado, incluyendo los casos acaecidos durante la dictadura militar y en el período previo a la misma.
BAC